Tal como se había adelantado, el Presidente de la República en su cuenta del 21 de Mayo anunció la eliminación de subsidios al sistema ISAPRE. El Gobierno no ha sido capaz de reconocer que eliminará un subsidio que beneficia directamente a la clase media y se escuda simulando que sólo se perjudica a las instituciones privadas. La información no sorprende ya que estamos acostumbrados al contínuo ataque al sector privado en todos los ámbitos del quehacer nacional y, más aún, al sector privado de salud que ha sido reiteradamente objeto de críticas, de tipo preferentemente ideológico.

En esta oportunidad nos enfrentamos, en primer lugar, al intento de ocultar la ineficacia del Estado cuando el gobierno amenaza con no atender gratis a beneficiarios de ISAPRE en los hospitales públicos, en circunstancias que ha sido el propio aparataje estatal el incapaz de cobrar a las instituciones privadas por eventuales atenciones no comprobadas a sus beneficiarios. En segundo lugar es lamentable la drástica eliminación del subsidio del 2% a las personas que se encuentran en el margen de poder acceder al sector privado; ya que, con el pretexto de eliminar un subsidio a los dueños de las ISAPRE se perjudica a la clase media.

Atención de Beneficiarios ISAPRE en el Sistema Público

Nuevamente se utiliza el problema de la atención de beneficiarios de ISAPRE en el sector público para atacar al sector privado, escudándose en este supuesto , que más bien corresponde a una transferencia no deseada, ya que no existe la voluntad de otorgarlo ni el derecho a recibirlo y cuyo origen se deriva de la incapacidad de cobrar, producto de la ineficiencia administrativa, de los establecimientos públicos.

¿Por qué no se soluciona el problema de incapacidad de cobro con una medida que junto con facilitarlo beneficie directamente a las personas, fin que toda acción pública debiera perseguir?

Considerando que la ley establece taxativamente las prestaciones que pueden dar origen a convenios, entre el sector público y el privado, cabe preguntarse si no es conveniente ampliar las posibilidades de convenio, especialmente en lo que se refiere a la hospitalización en sala común pues hoy día sólo se permite en pensionado, y así terminar definitivamente con cualquier posibilidad de atención de pacientes ISAPRE en los hospitales estatales, sin el correspondiente pago.

Con una acción de este tipo es posible mejorar la utilización de la infraestructura y de los equipos humanos del sector público, logrando una mejor utilización de las camas, pabellones y equipos de apoyo diagnóstico. En efecto, la modernización de la medicina ha llevado a un fuerte acortamiento de las hospitalizaciones, hecho que incluso se ve reflejado en el sector público y, por otra parte, los pabellones quirúrgicos se ocupan sólo media jornada, en la mayor parte de los hospitales públicos, por lo tanto, es viable lograr casi una duplicación del número de intervenciones quirúrgicas sólo usando esta infraestructura a plena capacidad, sin aumentar la inversión.

Una ampliación de las posibilidades de convenio entre el sector público y el privado habría entonces solucionado de mucho mejor manera el problema de atención de beneficiarios de ISAPRE en el sistema público sin el correspondiente pago. Pero, esa solución no satisfacía las aspiraciones de los gremios que, por lo visto, dictan ahora las políticas de salud.

El Subsidio del 2%

En cuanto al subsidio del 2% adicional a la cotización obligatoria de salud, que otorga libertad de elegir, entre FONASA y las ISAPRE, a las personas, cuyas rentas no les permiten acceder a los beneficios del sector privado, reconocemos la necesidad de perfeccionarlo y aún más extenderlo.

Nuevamente, ante cualquier dificultad, el Gobierno encuentra fácilmente la solución estatista, olvidándose del bienestar de las personas. Se prefiere afectar profundamente a la clase media privándola de la libertad de elegir, obligándola a retornar al FONASA con todo lo que esto significa, en vez de buscar el beneficio de todos los chilenos obligados a atenderse en el sector público, mediante el otorgamiento de un subsidio que les permita elegir entre los dos sistemas de salud.

Efectivamente, la solución es otorgar un subsidio a la demanda a las personas más necesitadas que les permita elegir el mejor sistema.

No es relevante entonces discutir si serán cerca de 350.000 o menos de 200.000 (como afirma la autoridad) los perjudicados con el fin de este beneficio. La pregunta es porqué se decidió privarlos de la libertad de elegir entre el sector público de salud al sistema ISAPRE. La respuesta nuevamente parece ser, a falta de una explicación convincente, que a los gremios del sector no les agrada el sistema ISAPRE y que el gobierno, más que preocupado de la atención de salud de los chilenos, pretende ocultar su fracaso en la administración del sistema estatal de salud por la vía de culpar al sector privado de estar recibiendo supuestos subsidios.

Como ha sido ya ampliamente demostrado, si el gobierno entregara a cada uno de los chilenos, que se atienden en el sistema público de salud, un monto equivalente al gasto per cápita, ellos podrían comprar un plan de salud en el sistema de ISAPRE. ¿Quién está siendo subsidiado entonces? La ineficiencia del sector público de salud.

Recientemente, hemos visto que la Asociación de Municipalidades y principalmente su nuevo presidente el Alcalde de la Florida, Gonzalo Duarte, han amenazado con devolver al Estado la administración de los colegios municipales y consultorios de atención primaria de salud.

Las razones que esgrimen para ello se basan en que existe un déficit en ambos servicios, que alcanzaría a $22.000 millones de pesos, y que correspondiendo la responsabilidad de proveer educación y salud al Estado, éste debe responder o con más recursos o asumiendo directamente la administración. Señalan también que los Municipios deben aportar anualmente $70.000 millones de pesos de sus ingresos propios para financiar estos servicios y aún así son deficitarios y que el Estado habría disminuido el porcentaje de sus aportes, debiendo aumentarlos los municipios.

Dado que esta propuesta constituiría un grave retroceso en el proceso de descentralización, creemos que conviene refutar y aclarar los argumentos entregados por la Asociación de Municipalidades.

Origen y Magnitud del Problema

En primer lugar, conviene aclarar que no es función privativa del Estado entregar educación, ya que los únicos que tienen esta función primordial son los padres. Lo que el Estado debe proveer es un sistema de financiamiento que asegure que los niños tengan acceso a la educación. Este rol se cumple a través de la subvención educacional, y les permite a los padres que no cuentan con recursos propios para costear la educación, optar entre una educación particular subvencionada o municipal. Esto constituye un incentivo para que aspiren a una calidad educativa superior a la actual y al promedio nacional.

En segundo lugar, respecto de las cifras entregadas por el Alcalde Duarte, respecto del monto del déficit municipal convendría aclarar su procedencia. Si se analizan los informes de Ejecución Presupuestaría Municipal de la Contraloría General de la República para el año 1995, que son los datos disponibles, se tiene que los Municipios reciben por parte del Estado para salud y educación $197 mil millones, más $25.000 millones, que declaran gastar los Municipios en el balance de la Contraloría, para el funcionamiento de los servicios traspasados (educación, salud y cementerios).

Ahora bien, al observar la ejecución devengada de ingresos y gastos de estos servicios se tiene que habría un ingreso total de $217.000 millones y un gasto declarado de $251.000 millones. Ello entrega una diferencia adicional de $33.000 millones. Sin embargo, si fuera efectivo el aporte de $70.000 millones que señalan los Municipios que efectúan, no debiera haber déficit municipal, como tampoco se comprende de dónde provienen esos $70 mil millones, ya que no se declaran en el balance de la Contraloría. Lo que sí queda claro es que existe un mayor gasto por sobre los ingresos que debiera ser explicado, pues los municipios tienen la prohibición legal para endeudarse.

Problema de Gestión

En tercer término, surgen dudas razonables respecto de las causas de este supuesto déficit. ¿Corresponden al monto de los aportes fiscales o se trata de un problema de gestión municipal?

Efectivamente existía una deuda de arrastre en los servicios municipales, y por ello se efectuó una reforma en la ley de rentas municipales y de impuesto territorial, que le significó a los municipios un aumento de ingresos de $45.000 millones anuales a partir del año 1995.

Dado lo anterior, ¿por qué habría subsistido el déficit? Las razones son varias. En primer lugar, se ha observado un aumento importante en los gastos de administración de los municipios, tanto en personal como en bienes y servicios de consumo, que se han incrementado entre 1992 y 1995 en un 47% y 19%, respectivamente, como se observa en el cuadro Nº1.

* Incluye patente municipal y permiso de circulación.

Fuente: Ejecución Presupuestaria. Contraloría General de la República 1992 y 1995.

Por otra parte, con laaplicación de los estatutos docente y de atención primaria de salud municipal, se ha generado un costo laboral para los municipios, que puede estar influyendo en dicho déficit. Ambos estatutos no contribuyen a solucionar el problema, ya que contienen, por una parte, reglas de inflexibilidad laboral que impiden una gestión eficiente de los recursos humanos, y por otra, alteran la facultad de contratación de los municipios, estableciendo obligatoriedades remuneratorias y de indemnizaciones que implican un alto costo para las comunas. Así tenemos municipios con sobredotación de profesores y que no pueden reducirla por las normas del estatuto, que establecen como única posibilidad la renuncia voluntaria de los profesores o la cancelación de indemnizaciones altísimas.

Pero también ha existido una deficiente administración por parte de las corporaciones educacionales y consultorios, ya que los recursos fiscales a estos servicios han crecido considerablemente, como se aprecia en el cuadro Nº1.

¿Cuál Debiera Ser la Solución?

Si la administración de estos servicios para los municipios constituye un problema y un costo que no pueden absorber, tienen la posibilidad de traspasarlos al sector privado.

En la mayoría de los colegios particulares subvencionados, que reciben los mismos recursos que los municipios vía subvención, existe una eficiente administración, amén de que han demostrado ofrecer una mejor calidad educativa.

Si el problema para efectuar este traspaso es el costo que significaría para los municipios pagar las indemnizaciones a los profesores, y no pueden asumirlo, en tal caso el Estado debiera hacerlo. Y lo haría por una sola vez y no en forma permanente como sería en el caso de acogerse la solicitud de la Asociación de Municipalidades.

Como conclusión debemos decir que no es tan claro que exista un déficit municipal producto de la falta de recursos estatales para los servicios de salud y educación municipales. Hay muchas otras causas como son el aumento de gasto en burocracia, la mala gestión, estatutos que rigidizan la administración, y concepciones ideológicas contrarias a la participación del sector privado en estas áreas. Si los colegios particulares subvencionados han demostrado que con los mismos recursos pueden ofrecer un servicio igual o de mejor calidad que los municipios, no vemos por qué estos últimos no pueden hacerlo.

Y en el caso de la salud, puede avanzarse en el establecimiento de una subvención similar a la de la educación que le permita a las personas escoger en qué consultorio atenderse, de manera de favorecer aquellos que sean más eficientes y de mejor calidad, sean éstos municipales o particulares.