Cunden los Conflictos Universitarios

Desde hace un mes y medio diversas movilizaciones han conmocionado y alterado la normalidad en algunas universidades del país. ¿Cómo partió todo? Recordemos que la elección de decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no se pudo realizar, debido a la toma del establecimiento por parte de algunos alumnos. La toma finalizó al acceder las autoridades universitarias a las peticiones del alumnado, que en ese momento consistían en la postergación de la elección con el fin de realizar una evaluación de académicos que permitiera ampliar el número de profesores titulares, únicos habilitados para ser candidatos a decano. Luego de esto, al nombrar vicedecano subrogante no acogiéndose la propuesta del Consejo Universitario, reaccionaron también algunos académicos, presentando un recurso de protección contra el rector por no llamar a elecciones, a lo que se sumó por último el problema con los funcionarios, quienes criticaron la incapacidad del rector.

Como consecuencia de los "buenos resultados" obtenidos por los alumnos en la toma de la facultad de Derecho - que establece un precedente negativo al validar la toma como medio eficaz para conseguir lo que se pretende- se han seguido produciendo reacciones similares en diversas facultades de la Universidad de Chile y de otras casas de estudios superiores, en las que los alumnos han hecho públicas sus diversas demandas. Entre las exigencias se argumentan falta de recursos, mejoras en infraestructura y participación en las elecciones de los decanos. La FECH ha extremado el conflicto pidiendo la salida del Rector Lavados, y la crisis ha develado una serie de críticas a la conducción del Rector de la Universidad de Chile.

Universidades Estatales

Este fenómeno se ha extendido a otros planteles y las tomas se han transformado en una forma de apoyo a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en su exigencia de cogestión universitaria. De aceptarse esta situación se debe tener presente el riesgo de acrecentar aún más los problemas que viven las universidades estatales en la actualidad. Ellos se pueden resumir en la falta de una definición clara de quién es la autoridad real que vela por los intereses generales de la institución, problema que se repite en todas las instituciones dependientes del Estado y la consecuente carencia de incentivos adecuados para llevar adelante una gestión eficiente. Los distintos grupos de interés existentes al interior de cada institución presionan por obtener beneficios a costa del objetivo global de la organización, que en este caso corresponde a una universidad.

Estos incidentes tienden a crear una situación desventajosa para el sistema estatal de educación superior en relación a las entidades privadas con las cuales debe competir, ya que estos actos motivan, entre otras cosas, la renuncia de calificados docentes que no están dispuestos a seguir en esas condiciones, muchos de los cuales prefieren integrar planteles de educación superior privados. Ello perjudica en forma directa a los alumnos de las casas de estudios tradicionales y aleja, por otra parte, a los alumnos y sus padres de esas universidades. Si analizamos la evolución del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), único indicador de eficiencia existente para evaluar el desempeño de las instituciones de educación superior, ya que refleja las preferencias de los alumnos que ingresan a las universidades, es posible observar que dentro de las 10 universidades que reciben un mayor AFI por alumno, está siendo cada vez mayor la proporción de universidades privadas, lo que refleja el creciente prestigio que están adquiriendo las universidades privadas en relación a las públicas.

El actual conflicto universitario tiene una salida populista que es, por lo demás, bastante previsible: se entregarán mayores recursos a las universidades estatales, las que nunca tendrán límites en sus demandas por recursos del Estado. El problema vendrá luego por la forma en que éstos sean entregados, ya que en la medida que existan transferencias arbitrarias y discrecionales, es decir, que no tengan relación con una mayor eficiencia en el uso de los recursos cuantiosos que la sociedad, a través del gobierno, pone a disposición de las universidades estatales, la igualdad de condiciones entre las universidades privadas y las tradicionales será cada vez menor. Aumentar la discriminación en favor de las universidades estatales produce un círculo perverso que se traducirá en crecientes conflictos políticos y en mayor inequidad social.

Para referirnos al caso específico de la Universidad de Chile, que es la que ha generado mayor conflicto estas últimas semanas, y ver si los recursos que han recibido han sido bien utilizados, podemos concluir en función de un análisis publicado anteriormente 1, que esta entidad no se ha caracterizado por ser la más eficiente en el uso de los recursos de que dispone, ni la de mayor autonomía en sus fuentes de ingreso; ni tampoco por ser la que más beneficios destina a sus alumnos, si se la compara con otras universidades estatales de similar tamaño y complejidad.

¿Deben Aumentar los Recursos Públicos a la Educación Superior?

Como hemos analizado, existen fundamentos para cuestionar un aumento de recursos a la Universidad de Chile; pero también es posible cuestionar cualquier aumento de recursos destinado a financiar la educación superior, sea esta estatal o privada. Identifiquemos quiénes son los beneficiarios directos de estos subsidios del Estado. En el cuadro Nº1 se muestra cómo están distribuidos los aportes realizados a los planteles de educación superior por quintil de ingreso. Es posible observar que sólo el 9% de este aporte es recibido por alumnos pertenecientes al 20% más pobre de la población, en tanto que el 38% corresponde a alumnos pertenecientes al 20% más rico de la sociedad. Comparando estas cifras con la situación de la educación básica, vemos que los alumnos del 20% más pobre de la población reciben el 36% de los recursos fiscales destinados a financiar ese nivel de enseñanza, mientras que los pertenecientes al V quintil (20% más rico de la población) reciben sólo un 7%. Para el caso de la educación media ocurre algo similar a lo expuesto para la educación básica.

Fuente: Elaboración propia en base a "Gasto Social en Chile,

Incidencia Distributiva e Incentivos Laborales" ILADES I-76, mayo 1994

Esto nos ayuda a concluir que si lo que se busca es avanzar en mejorar la educación y asegurar la igualdad de oportunidades a los sectores más desvalidos, la preocupación debe ir por un camino distinto al que se tomará si se cede ante las presiones de los estudiantes. Por otra parte, la deficiente gestión de los principales planteles estatales de educación superior nos asegura que aunque se canalicen recursos hacia allá no se lograra un significativo cambio en la calidad de la educación.

Alternativamente la autoridad podría atacar el problema de otra manera. En primer lugar, definir un objetivo claro a los planteles estatales y en particular a la Universidad de Chile por su importancia. En segundo lugar, establecer incentivos a las autoridades y estudiantes de manera que el quehacer universitario se acerque al cumplimiento de esos objetivos. Ello pasa por eliminar los aportes discrecionales y condicionar los recursos aportados a resultados. No es un camino fácil y probablemente la urgencia de dar soluciones inmediatas puede oscurecer las mejores soluciones. Pero la improvisación y la respuesta a presiones estudiantiles y académicas ya le ha costado caro al país en el pasado. La discutida gestión del Rector Lavados, que quedó en evidencia por su deficiente manejo del conflicto en la Escuela de Derecho de la U, ha desencadenado una ola de conflictos en el país. Una solución parcial y puntual sólo logrará postergar el problema por un tiempo, pero éste volverá corregido y aumentado.

Nota:

1 Libertad y Desarrollo, Tema Público Nº314.

El 5 de junio entró en vigencia la nueva Ley de Protección al Consumidor. Entre quienes la promovieron existe la concepción de que el conflicto de intereses que eventualmente puede existir entre proveedores y consumidores pareciera tener un ganador seguro, atendida la supuesta desigualdad de condiciones en que actúa el consumidor, la misma que se acrecienta en una economía de mercado, por la libertad que en ésta impera.

La realidad demuestra exactamente lo contrario. El miedo a la libertad es injustificado. De todos los sistemas económicos conocidos, sólo la economía de mercado permite que se logren los más altos niveles de bienestar. Lo anterior, dado los altos grados de libertad para las personas y empresas que el sistema contiene, y que exige como contrapartida para sus actores, mayores cuotas de responsabilidad. Estas responsabilidades se traducen en que las empresas se ven obligadas a actuar con mayor cuidado y a asumir directamente los costos de sus errores, por lo que sólo obtendrán utilidades si son capaces de satisfacer adecuadamente las necesidades y requerimientos de sus clientes. Por su parte, el consumidor está obligado a actuar con prudencia, informándose de las situaciones del mercado y conociendo las condiciones en que se ofrecen por los distintos productores y vendedores los bienes y servicios que él requiere.

De lo anterior se desprende que en la medida que el sistema sea efectivamente libre, la protección de los consumidores la otorga su propia experiencia y la competencia entre los proveedores, lo que se traduce en beneficios al generar precios más bajos y calidades acordes con sus necesidades e ingresos. En este sentido que la ley declare formalmente que entre los derechos que se aseguran al consumidor está el de "elegir libremente el bien o servicio" no deja de ser una declaración teórica, si al mismo tiempo no se asegura su ejercicio mediante un mercado funcionando libremente, en forma competitiva y sin restricciones ni actos de intervención de la autoridad.

Por desgracia, las consideraciones anteriores no siempre se recogen adecuadamente. Durante largos años muchos países han adoptado sucesivas reglamentaciones orientadas a proteger a determinados grupos. Casi como una norma universal, estas reglas se caracterizan por reducir la libertad de acción de las empresas y la competencia en los mercados, con lo que se reduce la capacidad de crecimiento económico y consecuentemente, el bienestar de la comunidad, y se incrementa injustificadamente el tamaño y poder discrecional del sector público. Así también, las restricciones y controles que se introducen, en muchos casos, se transforman en beneficios y protecciones precisamente para los grupos o sectores regulados. Esto sucede porque son las empresas establecidas y las de mayor tamaño las que están en mejor posición para enfrentar los costos, de todo tipo, que implica la regulación. Esto crea una suerte de barrera a la entrada en un mercado, dificultando la presencia de nuevos competidores y consolidando la posición de las empresas existentes. Esta evidencia y el conocimiento de los resultados de la actuación del Estado, obligan a mirar con escepticismo las fórmulas con mayores regulaciones para los mercados, o las promesas de que futuras normas resultarán eficaces y lograrán sus objetivos. En otras palabras, si cada vez que se detecte un abuso real o potencial contra los consumidores, se opta por agregar nuevos controles e instituciones fiscalizadoras, se corre el riesgo de perjudicar a quienes en un principio se pretendió beneficiar.

Las áreas o temas en que hay mayor tendencia a introducir protecciones al consumidor son los monopolios, las condiciones sanitarias para la producción de bienes, la peligrosidad de los productos, la defraudación y engaño al cliente, y la publicidad. Además, últimamente se ha agregado a ellos el del medio ambiente. Si la experiencia indica que parte importante de las regulaciones termina protegiendo a los propios grupos regulados, es deseable que en aquellos casos en que efectivamente es necesario establecer normas que limiten el libre accionar de las empresas, esto se haga mediante cuerpos legales específicos. De este modo se pueden obtener menores costos sociales de las restricciones a imponer, pero que permiten identificar claramente a aquellos que se benefician o perjudican con los efectos de las medidas.

Menos donde Elegir

En nuestro medio, la nueva Ley de Protección al Consumidor desconoce los planteamiento anteriores y sigue la tendencia de regular las diferentes manifestaciones del comercio. Así por ejemplo, se establecen regulaciones en el ámbito de los contratos de adhesión, las ventas a crédito, la publicidad y en la seguridad de los productos. Además, se dispone que estas normas serán aplicables subsidiariamente a los negocios que, teniendo una normativa especial, puedan tener vacíos o situaciones no previstas. Esta situación como hemos dicho, muy probablemente producirá el efecto de dificultar el ingreso a la actividad comercial, toda vez que para ejercer el comercio se deberá asumir un número imprevisible de riesgos creados por la propia ley. Así, el número de comerciantes puede ser menor (sobre todos los pequeños) y la oferta, en consecuencia, restringida. El resultado será que el consumidor tendrá menos donde elegir y estará por esta razón menos protegido. De la misma forma, las mayores regulaciones producirán un aumento de los costos de transacción, los que sabemos, terminarán traspasándose al consumidor en la medida que ello sea posible dadas las condiciones de mercado.

Por último, no nos equivoquemos en pensar que la economía de mercado por sí misma impide el fraude al consumidor, ni tampoco el engaño de éste al proveedor. Lo que sí es posible afirmar es que este sistema desincentiva enormemente tales actitudes, al situar adecuadamente premios y sanciones para los que en él intervienen. Un enfoque alternativo que pone el peso del control en la regulación del Estado en lugar de confiar en las virtudes de la competencia, termina por perjudicar a los consumidores al encarecer los productos y restringirles sus posibilidades de elección por la vía de establecer barreras a la entrada.

Es muy posible que una vez que la nueva ley esté en vigencia asistamos a la difusión de muchos casos en que sus disposiciones ayudarán a resolver una injusticia o a solucionar un caso particular. La visualidad de estas situaciones, y la gran acogida que ellas tienen en la prensa, no debe oscurecer nuestra visión. La Ley de Protección al Consumidor provocará efectos negativos, mucho menos visibles pero de mayor magnitud al disminuir los grados de libertad de consumidores y proveedores.