Nº343
2 de julio de 1997

Wall Street: Chile Pierde Espíritu Innovador y Liderazgo

El grupo de Wall Street presente en un seminario la semana pasada, comprueba una vez más lo que han observado varios visitantes eminentes como Robert Lucas y numerosos hombres de negocios y observadores de la economía latinoamericana. Vale decir que en Chile se hicieron en el pasado visionarias y pioneras reformas estructurales en la economía, junto a una modificación notable de las políticas económicas, que le ha permitido obtener resultados espectaculares y constituirse espontáneamente en líder, no sólo de América Latina, sino del vasto mundo emergente. Incluso, en algunos aspectos, lo ha sido para países desarrollados, como es el caso específico de la privatización de la previsión social.

Todos los observadores coinciden también en el juicio de que la economía chilena puede seguir creciendo rápidamente y teniendo una performance destacada, debido a la mantención de las reformas y políticas establecidas en el pasado. Pero al no continuar su trayectoria de transformación y cambio perderá gradualmente eficiencia, competitividad, atractivo para los inversionistas, liderazgo y oportunidades.

La importancia de Wall Street o del centro financiero de Nueva York reside en ser el más eficiente del mundo, el más grande y el con mayor potencialidad de crecimiento futuro, debido a la desregulación intensa, al clima de libertad imperante en la economía de Estados Unidos y a la extraordinaria fortaleza y flexibilidad de esa economía. Wall Street, además, es un formidable centro de información mundial desde donde personas de destacada educación en variadas especialidades miran un mundo cada vez más globalizado y convergente, en el que las comparaciones a través de clasificaciones y ratings de países, sectores y empresas, en todo el mundo, son cada vez más fáciles y precisas, a la vez que una mejor guía para los crecientes flujos financieros. En síntesis, como dijo un panelista, "Wall Street es una gran plataforma desde la cual se canaliza el ahorro, basado en la mejor información posible".

Las Diez Razones de Wall Street

1. Observan que "Chile ha dejado de ser el laboratorio de América Latina y el modelo de la nueva ola de reformas" y que "la economía chilena está muy bien, pero podría estar mejor".


2. Hacen notar que "la economía chilena no marcha a una velocidad estable", probablemente aludiendo al efecto del alto nivel del gasto fiscal.

 

3. Señalan deficiencias en la educación pública, un agudo déficit de infraestructura, tasas de interés entre las más altas del mundo, sistema financiero poco sofisticado, un Banco Central con grandes pérdidas de capital, intento de reformas negativas en ISAPRE y AFP, comercio internacional muy dirigido a través de numerosos acuerdos comerciales, propuestas re- gresivas en cuanto a flexibilidad laboral y una gran lentitud en el proceso de reformas económicas.

4. Apuntaron que la complacencia respecto a la economía chilena se pierde si se la compara con Asia en nivel de inflación que es muy alta, en relación a las economías de ese continente y en crecimiento que es muy bajo, con respecto a numerosos países asiáticos. Chile no es estrella en el contexto asiático (Ver Gráfico).

5. En el ámbito regional latinoamericano otros países vecinos, dicen, están avanzando mucho más rápido hoy día en privatización de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, empresas petroleras y recursos minerales.

6. Destacan que es necesaria una mayor atención del Estado para modernizar la justicia, la educación y la seguridad pública; es decir se debe mejorar la calidad de los bienes públicos que se están constituyendo, por su baja calidad, en obstáculos a la actividad económica, a la inversión y a una mejor distribución del ingreso.

7. En el sistema financiero chileno perciben un alto grado de sobreregulación; advierten mayor transferencia de tecnología financiera hacia México, Argentina y Brasil dados sus mercados menos regulados, y una tendencia ha- cia la desintermediación bancaria y un nivel de ahorro de la economía to- davía alto pero estancado.

8. Estiman que el control de capitales y el encaje imponen un alto costo a la economía chilena y observan que las tasas de interés son relativamente muy altas y el tipo de cambio es el que se ha apreciado más en la región. Perciben que las exportaciones han perdido dinamismo, en tanto que en los países más abiertos las exportaciones crecen más rápido.

9. Consideran que rezagos o represiones legislativas, que se constatan en Chile, han hecho perder oportunidades a la economía chilena. La banca chilena perdió la oportunidad de posicionarse oportunamente en Venezuela y Argentina, porque la ley de reforma bancaria demoró ya cuatro años.

10. En síntesis, advierten que Chile no está plantando en una serie de áreas, para poder cosechar en el futuro. El riesgo más importante que detectan para Chile es el de la "complacencia".

Concluyendo...

 

La visión de altura de los analistas de "Wall Street", que cubre toda la región latinoamericana y, tal vez, gran parte del mundo es de gran beneficio para el país, en un mundo altamente competitivo y globalizado. La peor reacción y aún más peligrosa que la propia complacencia pasiva es descalificarlos ruidosamente y desechar sus observaciones en lugar de hacer una reflexión profunda, serena y positiva.



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Modernizando la Labor Legislativa

Recientemente en el Congreso Nacional se ha aplicado una positiva medida que incide en el proceso de tramitación de los proyectos de ley, y que permitiría concentrar el trabajo legislativo en aquellos proyectos más relevantes para el desarrollo del país. En efecto, el Ministro Secretario General de la Presidencia se ha reunido con las presidencias de ambas cámaras, con los comités parlamentarios y con los presidentes de las respectivas comisiones, que es el lugar donde se radica principalmente la tramitación de los proyectos en sus aspectos más particulares, con el objeto de proceder al archivo de aquellos proyectos que ya hubieran perdido la oportunidad de ser tramitados.

La Tramitación de

Proyectos

En principio, un proyecto de ley que ingresa a trámite al Congreso Nacional, sea una moción de parlamentarios o un mensaje del Presidente de la República, concluye su tramitación cuando es aprobado y publicado en el Diario Oficial, como ley o como un tratado internacional.

Pero existen otras formas de terminar la tramitación de un proyecto de ley, como las siguientes:

proyecto de ley rechazado, cuando la cámara de origen rechaza la idea de legislar y el Presidente de la República decide no insistir en la cámara revisora; o cuando, habiéndose formado una comisión mixta para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado, alguna de estas dos corporaciones rechaza definitivamente la proposición de la comisión mixta;

proyecto de ley inadmisible, cuando los diputados o los senadores presentan una moción sobre materias que son de iniciativa exclusiva presidencial;

proyecto de ley retirado de trámite, cuando así lo resuelven sus autores (siempre que el proyecto no haya sido aprobado ya en alguna instancia previa, porque entonces la comisión o la sala que lo hubiere aprobado, "lo hace suyo"; y

proyecto refundido, lo que no constituye una forma de terminar su tramitación, sino más bien de incorporarlo a otro proyecto sobre la misma materia.

Los proyectos aprobados, los rechazados, los inadmisibles, etc., se van archivando en el Congreso Nacional, con el objeto de que eventualmente a futuro se pueda rehacer la historia del establecimiento de las normas legales.

El archivo que ahora se ha acordado entre las autoridades antes indicadas tiene, sin embargo, un significado diverso. Ya no se trata de un archivo proveniente del rechazo expreso y formal de un proyecto de ley o de su declaración de inadmisibilidad, u otra circunstancia equivalente, sino que constituye un trámite nuevo que no se encuentra reglado expresamente en los reglamentos de las cámaras ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso (si bien existen antecedentes históricos sobre la materia). De ahí su importancia, por la oportunidad del acuerdo y por tratarse de una medida de limpieza e higiene legislativa, por así decirlo.

Los casos que dan lugar a esta medida, según las autoridades respectivas, derivan de que el proyecto de ley no ha tenido movimiento legislativo durante un plazo razonable (unos dos años), o por el hecho de que ya se ha legislado en otra forma sobre la misma materia o porque se tramita otro proyecto de ley que, con mayor grado de avance, aborda el mismo cometido o ideas matrices; o porque las ideas del proyecto que se archiva, ya han quedado desfasadas en el tiempo y perdido su oportunidad.

Es importante destacar que esta medida puede tener carácter transitorio y no significa necesariamente que el proyecto "muera definitivamente" o quede permanentemente suspendida su tramitación. Más bien, esta gestión sólo se efectúa con el objeto de despejar la agenda legislativa de las comisiones de la respectiva Cámara. En cualquier momento, un parlamentario o el Presidente de la República, en su caso, puede pedir el desarchivo del proyecto y continuar su tramitación, esto es, ser puesto en tabla de una comisión o de la sala, según corresponda.

Algunos Datos

En el período entre marzo de 1990 y junio de 1997, han ingresado a trámite legislativo 2.040 proyectos de ley, de los cuales un 34,7%, o sea 708 proyectos, han terminado su tramitación publicados como ley o como tratado internacional. De estos proyectos terminados, un 87,4% (ó 619), son mensajes presidenciales y 12,6% (89 proyectos) son mociones parlamentarias.

Un 42,1% del total de 2.040, esto es 859 proyectos, todavía se encuentran en alguna etapa de su trámite legislativo y corresponden a 282 mensajes y 577 mociones. En el mismo período (marzo del 90 a junio de 1997) han sido excluidos de tramitación, por diversas causas, 473 proyectos, cifra que representa un 23,2% del total general. Estos proyectos se desglosan en 390 mociones y en 83 mensajes. Un 14,4% de estos proyectos ha sido rechazado, un 2,3% declarado inadmisible, un 18,2% ha sido retirado, un 2,3% refundido.

Ahora bien, 132 proyectos ya han sido archivados y otros 165 lo están siendo, en virtud del reciente acuerdo que comentamos. Así, el total de proyectos remitidos o por remitir al archivo es de 297, es decir, el 62,8% de los 473 proyectos que han terminado su tramitación sin llegar a ser ley o convenio internacional.

Un Paso Correcto, pero Insuficiente

Es positivo el hecho que desde el inicio de la presente Legislatura Ordinaria de sesiones (el 21 de mayo de 1997), se haya procedido a despejar la agenda legislativa a través del archivo de proyectos. El número de proyectos de ley que inicialmente se pretende archivar en ambas Cámaras del Congreso Nacional, sería de alrededor de 300. Sin embargo, hasta el momento sólo se han archivado 165 mociones de diputados, y se espera, luego que concluya el análisis que realizan las autoridades, se proceda en igual sentido con algunas mociones de senadores y con alrededor de 70 u 80 mensajes presidenciales en ambas Cámaras.

Ahora bien, según cifras hasta fines de junio, existe un total de 859 proyectos de ley que aún se encuentran en trámite legislativo (cifra en la cual se incluye aquella parte de los 300 que aún no se han archivado). Se trata de proyectos que, habiendo sido ingresados, no han sido estudiados e informados por alguna de las comisiones de la Cámara o del Senado, lo que significa no han tenido "movimiento" en el sistema legislativo.

Como se observa, de los 859 proyectos en trámite habría un potencial adicional de 615 (un 71,6%) susceptibles de ser archivados, puesto que todavía permanecen en su primer trámite legislativo y no tienen movimiento por un período de dos años o más.

Pues bien, la reflexión que es necesario hacer frente a esta realidad, es si corresponde también mandar al archivo a estos otros proyectos que no han tenido mayor movimiento y que podrían estimarse que están en las mismas condiciones de aquellos cuyo archivo se ha convenido y dispuesto por las autoridades.

Se sabe que, en la práctica, los mensajes presidenciales tienen mayores posibilidades de llegar a ser ley que las mociones parlamentarias. Ello se debe a varias razones, entre las cuales se puede mencionar que cuando el Presidente de la República presenta un proyecto de ley, ha tenido la asesoría técnica de los respectivos ministerios y profesionales especializados que asesoran en estos casos; no sucede siempre lo mismo con las mociones parlamentarias, que generalmente presentan una formulación menos técnica y de mayor incidencia o intencionalidad política, y a veces, simplemente electoral.

Ahora bien, una segunda reflexión consiste en preguntarse por qué se presentaron proyectos de ley que un acuerdo entre las autoridades deberá posteriormente remitir al archivo, en un procedimiento que no está establecido más que por algún antecedente histórico y por el acuerdo entre las mismas autoridades. Si esta medida demuestra que no era necesario presentarlos, ello significaría que en más de alguna oportunidad se presentan proyectos sin el debido estudio y sin justificar que se necesita la dictación de una ley.

Puede ser comprensible que muchos parlamentarios, motivados por el contacto con los electores de su distrito o región, se sientan motivados a presentar proyectos de ley sobre cuestiones puntuales o locales; pero ello debe mirarse más como un vicio del sistema que como una respuesta adecuada de los diputados y senadores frente a la comunidad. Sembrar espectativas sobre la base de proyectos que posteriormente deberán ser archivados no es una forma de hacer un aporte al sistema legislativo y constituye un ejemplo del error común de creer que todo es solucionable mediante la dictación de leyes.

Es de esperar que esta loable iniciativa de archivar proyectos inviables sea llevada a buen término por las autoridades y se complete el anuncio de los casi 300 proyectos. Además, es deseable que en el futuro, más que nuevos acuerdos para mandar proyectos de ley al archivo, se pueda observar una mayor rigurosidad técnica en las formulaciones legislativas, de manera que éstas ingresen a tramitación luego de estudiar y resolver adecuadamente que se trata de materias cuya solución requiere necesariamente de la dictación de una norma de rango legal.


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