Con la intención de reducir los costos de comercialización del sistema (que han aumentado fuertemente por los crecientes traspasos entre AFP), el Gobierno ha presentado un proyecto, permitiendo la negociación de comisiones, tanto a nivel individual como grupal, modificando así la normativa actual que impone el cobro de una comisión igual para todos los afiliados. Se argumenta, por parte del Gobierno, que al estimular la competencia vía precios se provocará una disminución de los costos de comercialización, puesto que hoy la competencia se centra en los vendedores.

Estos anuncios han provocado una acalorada discusión pública. Por una parte, la oposición más frontal al proyecto ha provenido de quienes aseguran que como hoy día el sistema contempla un subsidio cruzado desde quienes tienen rentas altas a quienes cotizan menos (ya que la mayoría de las comisiones son variables sobre el salario y los costos son fijos), al poder diferenciar las comisiones, el efecto será reducir el cobro a la gente de altos ingresos y aumentar el de los de sueldos bajos. En este último caso esto provocará una caída de sus salarios, lo que es políticamente insostenible y conduce a la estatización del sistema. Adicionalmente, se asegura, la competencia vía precios llevará a la concentración de la industria en unas pocas AFP grandes de menores costos, dada la existencia de importantes economías de escala.

El proyecto del Ejecutivo ha basado su apuesta por la mayor libertad de precios en la negociación, ya sea individual o grupal, de las comisiones que cobran las AFP. Esta apuesta, no obstante, no está exenta de temores, ya que el mismo proyecto le introduce limitaciones al establecer un porcentaje máximo de descuento sobre el precio de lista. Estas restricciones, a nuestro juicio, ponen en duda el logro de una verdadera disminución en los costos -desde el momento que, como consecuencia de la aplicación de la "banda de precios"-, de hecho permiten una flexibilidad de precios que es menor a la actualmente existente.

Por otra parte, la negociación individual de comisiones podría llevar a un resultado inconveniente en lo que se refiere al seguro de invalidez y sobrevivencia. Recordemos que la comisión variable sobre el salario incluye entre sus componentes a la cotización adicional para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahora bien, un escenario de competencia vía precios que se traduzca en la negociación de esta comisión podría llevar a una selección de riesgos por parte de la AFP por la vía de cobrar una prima mayor a aquellos que tienen una mayor probabilidad de siniestro, que en términos generales son las personas de menos ingresos y los de más edad. Esto podría alterar las bases mismas del seguro de invalidez y sobrevivencia, que ha funcionado con mucho éxito hasta la fecha, logrando sustanciales rebajas en su costo .

Si juntamos ambos elementos del proyecto: a) efectos sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia y b) posibilidades de finalmente disminuir la libertad de precios al establecer un límite o "banda" para la variación de las comisiones, surge a nuestro juicio una alternativa que toma parte importante del diagnóstico que hace el Gobierno, pero plantea una solución distinta. La unidad del diagnóstico se refleja en que reconoce que el origen de los traspasos está en buena medida en el mayor beneficio marginal que le significa a las AFP afiliar a un trabajador de rentas altas versus uno de bajos ingresos; y, por lo mismo, una manera lógica de disminuir el gasto por este concepto es cerrar esa brecha. La solución, entonces, va también por el lado de alinear los ingresos obtenidos por comisiones, con los costos que efectivamente tiene la AFP por administrar la cuenta de un determinado afiliado, pero en un esquema de cobro de comisiones basado en la arquitectura actual del sistema de AFP. Los elementos principales de esta proposición son:

1. Mantiene la norma actual en el sentido que las comisiones que cobren las AFP serán iguales para todos sus afiliados, con lo cual descarta la negociación individual o grupal de comisiones. Cambia, sin embargo, la comisión fija, estableciendo que se descuenta del salario, tal como lo hace la propuesta del Gobierno en esta materia.

2. Agrega a las principales posibilidades de cobro de comisión actualmente vigentes, -vale decir la comisión fija por cotización y la comisión variable de un porcentaje del salario por cada cotización-, una comisión por mantención de saldo. Esta última, no obstante, se descontaría del salario, quedando inmediatamente reflejada en el salario líquido del trabajador. Se requeriría establecer un procedimiento especial de cobro para aquellos afiliados que no están cotizando, quienes sí tendrían que tener un descuento de su saldo.

3. Establecer la posibilidad de descuentos por permanencia en la AFP, ya sea por la vía de premiar la permanencia efectiva con una comisión más baja, o mediante la posibilidad de pactar en el contrato de afiliación un período de permanencia, lo que daría origen a una comisión menor, que en cualquier caso sería igual para todos los afiliados. Al igual que en el proyecto del Gobierno, habría que permitir el cobro de una comisión de salida para quienes rompan el pacto.

4. Adicionalmente, sería conveniente estipular que las comisiones anteriores se aplican como cobro por un servicio estándar, que quizás habría que redefinir, disminuyendo sus exigencias en materia de información, periodicidad, etc., y que para otros servicios las AFP tengan libertad de precios.

Para el caso de las comisiones establecidas en 2 y 3 habría que buscar un mecanismo que no incremente en exceso el costo de administración para el empleador. En el caso de 2 podría fijarse anualmente por la AFP el porcentaje a descontar e informarlo al empleador.

Creemos que esta proposición tiene una serie de ventajas frente al proyecto de Gobierno. Entre ellas:

Es menos traumática, al no alterar las bases del sistema de comisiones y es más clara.

Permite mayor libertad de precios que el proyecto del Gobierno, a través de un uso más agresivo de la comisión fija (que estaría legitimada luego de aprobada una nueva ley por el Congreso).

Evita efectos indeseables sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia.

Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, ciertas características del sistema hacen que el fenómeno de los vendedores y traspasos tenga algunos elementos estructurales. Por una parte, la obligatoriedad de cotizar determina que siempre habrá algunas personas que querrán transformar su beneficio futuro en un beneficio presente. Ante un vendedor que está dispuesto a satisfacer esa aspiración del afiliado, sólo podemos actuar por la vía de reducir el atractivo al traspaso al igualar los beneficios marginales entre distintos afiliados. Por otra parte, un servicio intangible como el de una pensión a recibir "en muchos años más", siempre se va a vender con un componente importante de vendedores.

La reflexión anterior apunta a señalar que cualquier reforma a la comercialización del sistema de AFP tendrá resultados que son inciertos, al menos en cuanto a su magnitud. Ello es especialmente claro si el Ejecutivo, quizás si conciente de lo anterior, introduce a su propia propuesta restricciones que limitan sus alcances. Si reconocemos este hecho, tendremos que convenir en que es preferible que las reformas que se introduzcan al sistema no sean traumáticas, aunque sí busquen solucionar los problemas existentes con nuevas propuestas.

No cabe duda que contestar una pregunta como la que titula este Tema Público no es fácil. Por lo pronto, supone contar con información respecto de lo que sucede en nuestro país y en otros, a fin de poder establecer comparaciones que permitan ubicar a Chile entre ellos. Al respecto, en otra oportunidad (La Segunda, 18 de julio de 1997) se ha mostrado que Chile se encuentra en una posición intermedia en materia de corrupción a través de usar la información disponible del Informe de Competitividad del World Economic Forum (WEF). En concreto, según éste el país se ubicaría dentro del 60% de países más corruptos, no constituyendo en modo alguno un paraíso de probidad.

Recientemente, Transparency International ha dado a conocer su informe anual sobre corrupción. El trabajo, que cuenta entre sus fuentes con la información del WEF y que igualmente consulta a ejecutivos y empresarios a nivel internacional, revela que nuestro país se ubica en la posición 23 de un total de 52 países analizados. Este resultado es coincidentes con los de nuestro análisis, el cual ubicaba a nuestro país en el lugar 22 entre 58 países. El estudio, por lo tanto, confirma la idea de que nuestro país se encuentra lejos de presentar los mejores niveles de probidad. De hecho, se ubica en un grupo intermedio de países con mayor corrupción. En buenas cuentas, países como Singapur se encuentra entre los menos corruptos; a ellos les sigue el grupo en que se ubica EEUU; después Chile; posteriormente Argentina y finalmente México en el 20% de países más corruptos (Gráfico Nº1).

Por otra parte, cabe preguntarse si esta tendencia va en aumento y qué debiéramos esperar de no tomar medidas al respecto. A juzgar por otros informes de Transparency International, entre 1995 y 1997, el país desmejoró su situación a un promedio anual del 12,4%, lo que significó pasar de un puntaje promedio de 7,9 en 1995, similar al de países del 20% de menor corrupción, al 6,05 en 1997, esto es, al grupo de países de corrupción intermedia. En efecto, en 1995 la percepción internacional señalaba que Chile era comparable a países desarrollados, siendo una excepción en América Latina. Dos años más tarde, vemos que el país ya dejó el club de los menos co- rruptos para ingresar a un grupo intermedio que presenta signos preocupantes. En concreto, en el lapso de dos años descendió 6 lugares, del 17 al 23.

Ahora bien, ¿es posible que dicha tendencia se mantenga? No lo sabemos; sin embargo, de no tomarse medidas al respecto, la tendencia no tendría por qué revertirse. En efecto, una forma de apreciar lo señalado es realizar una proyección de lo que sucedería si la percepción de corrupción del país creciera para los próximos años sólo a la mitad de lo que lo hizo entre 1995-97. Ello significaría que para el año 2.000, el país pasaría al grupo del 40% de países más corruptos, vale decir, al cuarto quintil. Una comparación al respecto es interesante: en 1995, el país presentaba niveles de corrupción inferiores a los de Italia; de concretarse la proyección señalada para el año 2.000, Chile pasaría a tener niveles de corrupción equivalentes a los de Italia en 1997 (ver Gráfico Nº2). No obstante, el caso italiano refleja la disposición de los distintos sectores e instituciones para abordar el problema, lo que se ha traducido en que la imagen de dicho país ha ido mejorando de manera sistemática. En contraste con lo que ha ido sucediendo con el caso de Argentina y México, los que han ido empeorándola.

Ahora bien, cabría preguntarse por qué atribuirle tanta importancia a índices que han sido elaborados a partir de información proveniente de encuestas realizadas a ejecutivos de empresas. La respuesta es que la experiencia comparada demuestra que aquellos países que tienen niveles más bajos de inversión son, al mismo tiempo, quienes tienen niveles más altos de corrupción. Al respecto, el economista P. Mauro ("Corruption and Growth", Quaterly Journal of Economics, Agosto 1995) ha demostrado recientemente que existe una significativa asociación entre ambos fenómenos, es decir, mas corrupción menos inversión.

Así, aquellas sociedades que se encuentran en vías de desarrollo y que presentan altos índices de corrupción o en los cuales la percepción de que ésta es generalizada, enfrentan riesgos importantes para su estabilidad económica y política de largo plazo.

Finalmente, ¿hay algo que podamos hacer? La respuesta es sí.

Al respecto, y no a modo de receta, se pueden señalar a lo menos cuatro factores que resultan claves en el combate contra la corrupción. Primero, el rol de la prensa y los medios de comunicación, en general. En la medida que éstos tengan mayor autonomía y la legislación no inhiba su trabajo responsable, la corrupción tiende a tener menor espacio. Segundo, diversos estudios demuestran que la corrupción es mayor allí donde los sistemas judiciales son menos eficientes y se generan mayores espacios para la corrupción; luego la necesidad de introducir reformas es perentoria. Tercero, existe evidencia de que en la medida que los sistemas políticos sean más competitivos y abiertos, menores son las oportunidades de corrupción; luego la incorporación de mecanismos de consulta a las bases y de democracia directa son un medio eficaz de limitar la acción de cúpulas. Por último, mientras menos sean las oportunidades de participación del Estado en actividades privadas, sea realizándolas o regulando las que llevan a cabo otros, menores son las oportunidades de corrupción; por lo tanto, es imprescindible tomar medidas tendientes a reducir el tamaño e intromisión del Estado en materia de regulaciones.

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