De un universo potencial de un millón de jóvenes con edad para inscribirse en los registros electorales, se registraron apenas ciento cincuenta mil inscripciones, de las cuales sólo setenta mil corresponderían a jóvenes, ya que el resto son cambios de comuna de antiguos inscritos. Esto representa, a todas luces, un fracaso de la campaña impulsada por el Gobierno para incentivar a los jóvenes a inscribirse en los registros electorales, cuyo costo se estima en cerca 190 millones de pesos si contamos también lo gastado en forma previa a la elección municipal. Pero esto no debiera ser una sorpresa. Con sólo analizar la situación que hoy día enfrenta nuestro sistema político podía augurarse que dicha campaña no resultaría, puesto que existen cuestiones de fondo que van más allá de una suerte de apatía juvenil cuya inercia se rompe con una buena campaña publicitaria. Una campaña puede ser positiva y útil, pero no es suficiente, ya que, para que la juventud se sienta motivada, se necesitan cambios sustanciales en la forma de hacer política en Chile, adecuando esta actividad al mundo moderno en el que estamos insertos.

Los problemas que nuestra clase política debe enfrentar son:

a) Crisis de Credibilidad. En primer lugar, Chile enfrenta una crisis de credibilidad en las instituciones tradicionales que es francamente preocupante. No sólo los jóvenes tienen desconfianza en las instituciones políticas, sino que, en general, en la ciudadanía existe una mala evaluación de su labor, como se aprecia en el cuadro Nº1 donde ellas aparecen en los últimos lugares, habiendo descendido, además, en el último tiempo.

A lo anterior se suma el que las personas no creen que el voto sea un instrumento real de cambio y se manifiestan bastante escépticos en relación con la idea de que al asumir un nuevo Gobierno de una tendencia distinta al actual, las cosas vayan a cambiar sustancialmente.

	Abril 95	Mayo 97
Carabineros e Investigaciones	53	47
Gobierno	38	33
Municipalidades	37	34
Parlamento	21	14
Justicia	21	10
Partidos Políticos	12	8

Fuente: DESUC - COPESA. Junio 1997

b) El Discurso Político no interpreta a la gente. En segundo término, existe desinterés por la forma como los políticos en general están abordando los problemas que preocupan a la población. Ello se refleja en la distancia que tiene la ciudadanía de los temas políticos, lo que se potencia aún más en los jóvenes, como se observa en el cuadro Nº2. Esto se acentúa hoy día, en tanto que las personas al tener mayor educación y mayor acceso a los medios de comunicación, son más exigentes con las autoridades públicas y políticas.

Mira los programas políticos en TV			Jóvenes entre 18-24 años
	Nov. 93	Dic. 96		Nov. 93	Dic. 96
Frecuentemente%	16,2	6,9		16,2	6,0
Lee noticias sobre política			Jóvenes entre 18-24 años
	Nov. 93	Dic. 96		Nov. 93	Dic. 96
Frecuentemente%	18,4	8,2		15,2	6,2
Conversa en familia sobre política			Jóvenes entre 18-24 años
	Nov. 93	Dic. 96		Nov. 93	Dic .96
Frecuentemente%	14,7	6,3		10,5	6,0

Fuente: Centro de Estudios Públicos , Estudios de Opinión Pública

c) El Voto Obligatorio produce rechazo en los jóvenes. Un tercer aspecto que debe considerarse es el hecho que la obligatoriedad del sufragio constituye en sí un desincentivo a inscribirse, ya que la inscripción limita la libertad natural de las personas de decidir si en una determinada elección quieren o no participar. No parece lógico que por el hecho de querer votar en una elección en particular, las personas queden obligadas por el resto de su vida a tener que participar en todo proceso electoral, exponiéndose a sanciones si es que decidiera abstenerse.

Esta obligatoriedad en el sufragio, sin duda que es un elemento decisivo a la hora de explicar la escasa inscripción de los jóvenes. Es interesante constatar que al ser consultados acerca de si están de acuerdo o no con que en Chile sea obligatorio votar, los encuestados entre 18 y 24 años de edad se manifestaron mayoritariamente en contra, con un 54,8% en desacuerdo, siendo el promedio total de las respuestas "en desacuerdo" de un 40,9%1; es decir los jóvenes son bastante menos partidarios del sufragio obligatorio. Si además le agregamos el hecho de que un 33,9% de los entrevistados señaló que de no haber sido obligatorio el voto no habría concurrido a votar en la última elección, y un 21,7% efectivamente no lo hizo, vemos que la voluntariedad del voto debe ser analizada seriamente como alternativa.

Dado este diagnóstico, es necesario efectuar un análisis profundo de los cambios que requiere nuestro actual sistema político. Podemos identificar al menos acciones en dos órdenes de cosas:

Cambios Necesarios en la Normativa Electoral

Establecer la voluntariedad del sufragio. Elemento esencial para el ejercicio de las libertades democráticas es la opción de participar o no en un determinado proceso electoral. No debe asustar un sistema de sufragio voluntario, ni una disminución en la participación de los electores en una determinada votación, ya que es natural que dicha participación varíe dependiendo de diversos factores, entre los que destacan el grado de conflicto o el deseo de cambio que exista en un momento dado en la sociedad.

No parece consistente con lo anterior el establecer la obligatoriedad de la inscripción electoral como se ha propuesto por algunos sectores, ni la inscripción automática, ya que ello limita la posibilidad de poder escoger en qué lugar se quiere votar.

Buscar mecanismos de modernización del sistema electoral, como el voto electrónico y por correo; facilitar el proceso de inscripción (por ejemplo poder efectuarla cuando se adquiere licencia de conducir en un mismo trámite). Mientras se realiza este tipo de reformas, desde ya pueden disminuirse los costos y cargas de las elecciones, a través de varias medidas, como la reducción del número de vocales de mesa o de las restricciones al funcionamiento de diversas actividades que deben paralizar los días de elecciones.

Cambios en la Actividad Política

Pero, además de los cambios a las normas electorales, se requieren cambios más profundos, que se relacionan con aspectos de fondo de la actividad política. Desde ya cabe esperar que al establecer el sufragio voluntario se incentivará a los candidatos y partidos a buscar la participación de los ciudadanos, obligándolos a estar más en sintonía con los electores. Adicionalmente, se requieren modificaciones en las formas de hacer política que incrementen el prestigio de esta actividad. Entre ellas podemos mencionar:

Es preciso eliminar los privilegios que tienen los que detentan el poder, de manera tal de mejorar su imagen ante la comunidad; esto va desde cuestiones como los gastos reservados, hasta el hecho que puedan circular a exceso de velocidad impunemente.

Debe hacerse un esfuerzo serio y creíble por mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Los chilenos que deben hacer uso de ellos y no cuentan con privilegios que les permitan eludir la burocracia o el mal servicio, merecen un mejor trato y atención de parte de ministerios, servicios y municipalidades.

Es urgente perfeccionar los sistemas de publicidad y transparencia del proceso político y legislativo. La ciudadanía debe saber cómo votó cada parlamentario en la sala y en las comisiones.

Como puede apreciarse, muchos de estos cambios requieren una nueva mentalidad en la clase política chilena. Sin él serán muchas las campañas fallidas que seguirán a la que pretendía que los jóvenes se inscribieran en los registros electorales.

1 Estudio Nacional de Opinión Pública Nº5, Noviembre- Diciembre 1996. Centro de Estudios Públicos, Abril 1997.

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De acuerdo a una investigación realizada por un grupo de profesionales expertos en salud de la Universidad de Chile, se demostró que el país no necesitaría invertir en nueva infraestructura hospitalaria si los hospitales públicos logran funcionar con una tecnología más eficiente que la actual, que a lo menos se acerque a la de nuestros establecimientos privados.

El citado estudio sobre "Disponibilidad de Camas Hospitalarias" dirigido por César Oyarzo, Director del Programa Interfacultades en Administración en Salud de la Universidad de Chile (PIAS), fue presentado en seminario organizado por la Asociación de ISAPRE. El estudio realizado constituye, por el esfuerzo investigador y la seriedad del análisis, un gran aporte que sin duda ayudará en la toma de decisiones del sector salud.

Conclusiones del Estudio

Las conclusiones más impactantes del estudio son las siguientes:

1. Si no se toma ninguna medida, salvo la de ocupar las camas en un 70% de su disponibilidad (porcentaje usado en evaluaciones de proyectos), tenemos un exceso de 5% de camas a nivel nacional, siendo este exceso de 2% en el sistema público, 14% en el sector privado y 22% en el sistema de mutuales. Sólo se observa falta de camas en el sector público para las regiones Metropolitana y V (-6% y -3%) y para los servicios clínicos de ginecología-obstetricia y otros (-1,3 y -1,7).

2. Si todos los establecimientos contaran con la tecnología de punta (reflejada por el promedio de días de hospitalización) disponible en cada región para cada servicio clínico, se estima un superávit potencial de 44% para todo el sector, pudiendo llegar a ser el superávit de camas en el sector público de 50%, mientras en el sector privado el exceso alcanzaría a 24% y en las mutuales a 45%. Tendríamos exceso de camas en todas las regiones y en todos los servicios clínicos.

3. El avance tecnológico, medido por la caída en el promedio de días de estada de los pacientes hospitalizados, ha sido importante en el período estudiado (1985-1996). Ha sido el sector privado el que, persiguiendo la eficiencia, ha privilegiado la resolución ambulatoria de las patologías, logrando ofrecer la tecnología de punta en nuestro país, con un promedio de 4,5 días de estada versus los 6,9 días del sector público.

4. En 1996, el sector público cuenta con 4,5 camas equivalentes (corregidas por promedio de días de estada) por cada 1.000 beneficiarios, indicador que ha ido aumentando desde 1985, mientras en el sector privado el número de camas ha disminuido hasta 1,8 camas por 1.000 beneficiarios. Este indicador estaría demostrando un uso mucho más eficiente del recurso camas en el sector privado, donde los incentivos económicos y la tecnología usada permiten tener una situación sin déficit del recurso.

5. El país no necesitaría destinar más recursos a aumentar la infraestructura hospitalaria. Las camas que tenemos son suficientes siempre que se logre vencer dos obstáculos presentes en la actualidad.

El primer gran desafío es lograr que el sistema público readecúe el modelo de atención hacia un predominio de la atención ambulatoria, de tal formar que el promedio de los establecimientos mejore su eficiencia, acercándose a la actual tecnología de punta, encontrada preferentemente en el sector privado, en cada región y para cada servicio clínico. En pocas palabras, el sector público tendría que ser mucho más eficiente.

En segundo lugar, para permitir estos cambios del modelo de atención se requiere facilitar el uso de las camas, de tal forma de permitir que el sector público pueda ampliar la compra de servicios en el sector privado y el sector privado pueda aumentar el uso de la infraestructura pública.

Problemas Actuales del Sector

1. Las listas de espera observadas en gran parte del país, junto a la evidencia de los excesos potenciales de oferta de camas, nos dan cuenta del uso deficiente de nuestra infraestructura pública de salud. Además, el estudio concluye que si no se mejora la tecnología de atención del sistema público, persistiría el déficit de camas en las regiones Metropolitana y V, junto a situaciones de menores excesos de oferta en las regiones III, VI y X, donde es posible que los promedios oculten bolsones de déficit en algunos servicios clínicos y en algunas épocas del año.

Esta visión pesimista fue confirmada por el Ministro de Salud quien afirmó que el número de camas en el sector público, lejos de presentar excesos, da cuenta de situaciones deficitarias en época de invierno y en varios servicios clínicos y hospitales del país. Estas afirmaciones demuestran la falta de confianza de la autoridad de lograr el tan necesario vuelco en el nivel de eficiencia de las instituciones públicas, que tanto se requiere.

2. Lo anterior, sumado a la falta de incentivos correctos con que funciona el sector público y la evidencia demostrada en el estudio, nos permite afirmar que es muy difícil, por no decir imposible, que el sector público sea capaz de mejorar su eficiencia a un ritmo que le permita acercarse al sector privado. Más bien, podemos afirmar que mientras no se provoque un profundo cambio en la forma como se financian y administran los hospitales públicos, no se logrará la eficiencia requerida que permitiría ahorrar recursos y mejorar la calidad de la atención de los usuarios.

3. Alrededor de 8 millones de beneficiarios de FONASA no tienen reales posibilidades de elegir a la institución que les administre su cotización obligatoria de salud, estando al mismo tiempo obligados a recurrir a los establecimientos públicos para obtener atención. Están sometidos a todas las deficiencias y carencias del sector público, además del mal uso de la infraestructura que se puede concluir del estudio que hemos conocido.

4. El exceso de camas observado en el sistema privado nos revela que este sistema, sin realizar nuevas inversiones, es capaz de absorber un mayor número de beneficiarios, especialmente de niveles de ingreso medio y alto. Sin embargo, si el sistema privado pretende ampliar significativamente su accionar, incorporando como beneficiarios a personas de ingresos medio-bajo y bajo, deberá ser capaz de ofrecer planes de salud de menor precio a los actuales, necesitando para ello contar con infraestructura de calidad semejante a la pública, que le permita competir con FONASA.

¿Cómo lograr un uso más eficiente del recurso camas?

1. El sector público y el sector privado deberían competir en igualdad de condiciones, permitiendo que sean las personas las que elijan a la institución administradora de sus recursos, ya sea FONASA o ISAPRE y a los establecimientos, públicos o privados, donde atenderse. La necesidad de sobrevivir sería el motor para que las instituciones públicas lograran ofrecer tecnología de punta, al igual que las privadas.

2. La competencia de FONASA y las ISAPRE se logra, en primer lugar, manteniendo el actual subsidio del 2% de las remuneraciones y avanzando mediante el establecimiento de una subvención o subsidio a la demanda que permita a todos los chilenos, independiente de su nivel de ingresos, acceder al sistema de salud público o al privado, eligiendo libremente dónde atenderse.

La eliminación del subsidio del 2% de las remuneraciones a los cotizantes de menores ingresos del sistema ISAPRE no sólo es inconveniente porque cierra la posibilidad de elegir el sistema de salud a casi 1 millón de personas, sino que, de acuerdo al estudio de camas analizado, contribuirá a un uso más ineficiente de los recursos, al aumentar la masa de beneficiarios que no se atenderá con la tecnología de punta del sector privado e inducirá a malas decisiones de inversión. Será necesario un mayor número de camas para satisfacer la demanda del sistema público. De acuerdo a los parámetros del estudio, el sistema público necesitaría 4.500 camas equivalentes adicionales. Con ello, el actual superávit de camas estimado en 2% en el sistema público, se transforma en un déficit de -13,5%. Parece por ello muy temerario, de parte del Gobierno, después de los problemas actuales de déficit destacados por el Ministro, llevar adelante una iniciativa que tendrá como resultado un traspaso obligado de cerca de 1 millón de nuevos beneficiarios, sin disponer de los medios adecuados para atenderlos e induciendo a lamentables aumentos en la inversión pública del sector salud.

La subvención recomendada debería financiar un Plan Básico de Salud Familiar, que correspondería a un conjunto de prestaciones básicas destinadas al grupo familiar, que podría ser adquirido en instituciones públicas, municipales o privadas, a libre elección de la familia. En una primera etapa, este Plan debe asegurar aquellas prestaciones que actualmente obtienen los beneficiarios del sistema público.

Para las personas indigentes esta subvención debería ser equivalente al costo del Plan Básico y para las familias de ingresos bajos y medios, el subsidio deberá ser equivalente a la diferencia entre la cotización que la persona pueda hacer y el costo de dicho Plan Básico.

3. La competencia entre los hospitales públicos se logra cuando éstos compitan con los privados en igualdad de condiciones; es decir, cuando se administren igual a una empresa privada y estén obligados a atender bien para tener pacientes y, por lo tanto, ingresos.

Para ello se propone, alternativamente, entregar en concesión la administración de los hospitales u otorgarles una estructura jurídica independiente, como sociedades anónimas hospitalarias, constituidas con participación minoritaria del Estado, dando una opción preferente para sus funcionarios y abiertas a la incorporación de entidades privadas interesadas en asociarse.

La libre elección del usuario junto a una mayor responsabilidad personal en la provisión de servicios de salud, son fundamentales para enfrentar un mercado competitivo, donde a través del libre juego de oferta y demanda se mejorará la eficiencia en el uso de los recursos, aumentando la calidad de las atenciones de salud de todos, especialmende de aquellos más desposeídos.

Si queremos mejorar la calidad de las atenciones de salud de los chilenos, especialmente de los más pobres, debemos hacer todos los esfuerzos para lograr un mejor uso de nuestros escasos recursos. Debemos olvidarnos de consideraciones políticas, de la conveniencia de grupos de interés o de gremios y tomar las medidas que surjan de análisis serios de la información y de los estudios técnicos disponibles

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