Nos aproximamos a la fecha en la cual el Ejecutivo dará a conocer su proyecto de ley de Presupuestos para 1998, después de que el Banco Central anunciara una meta inflacionaria igual a 4,5% para el próximo año, y un crecimiento esperado del producto que estará entre 6,5% y 7%. El escenario presentado considera un precio del cobre de ¢96 de dólar la libra, con un quantum de exportaciones creciendo al 7% en el caso del cobre, y de 8% en el caso del resto de las exportaciones. Bajo estos supuestos, se espera un déficit de cuenta corriente del orden del 4% del producto, y como contraparte, una entrada de capitales algo mayor a la del presente año.

Sin existir a priori motivos como para pensar en un incremento relevante de los términos de intercambio, la tarea inflacionaria del Banco Central dependerá nuevamente en forma importante del aporte que haga o deje de hacer la política fiscal esperada para el próximo año.

Hasta la fecha, el Banco Central ha mostrado gran efectividad en el cumplimiento de las metas antes propuestas, cualquieran hayan sido las circunstancias bajo las cuales debió abordarlas. El costo de ello se manifiesta, en parte, a través de la evolución del tipo de cambio real, el cual ha experimentado una caída acumulada de 25% entre su nivel medio en 1996 y el correspondiente a 1990. El efecto del menor tipo de cambio ha sido una caída de la tasa de crecimiento de las exportaciones no cobre, que es necesario revertir en los años que vienen, pues para la próxima década se espera una merma en el crecimiento del quantum de cobre.

Desde hace tiempo el análisis de Libertad y Desarrollo ha consistido en un llamado a la cautela respecto al crecimiento del gasto público, advirtiendo que en algún momento generaría pérdida del dinamismo exportador. Asimismo, se ha manifestado preocupación por la necesidad de incentivar el ahorro y evitar un estancamiento en la tasa de ahorro. Hoy los analistas externos están compartiendo nuestro diagnóstico interno.

Es así como el reciente 8 de septiembre aparecen publicadas, en el diario La Segunda, las siguientes declaraciones de la analista de Standard and Poor´s, señora Lacey Gallagher, refiriéndose a los principales factores que inciden en que se haya descartado por el momento y en un plazo razonable una revisión de la clasificación de Chile desde el A-:

" Los principales factores que inciden en esa clasificación son el tamaño relativamente grande del Estado chileno (comparado con países de igual clasificación) y las actividades productivas que tiene, por ejemplo en el sector minero, limitaciones en política monetaria y cambiaria, que inciden en una alta tasa de interés, pese a su baja inflación.

Entre otros factores negativos citó la aún baja tasa de ahorro nacional en relación al Pib y su alta dependencia de los precios de ciertas materias primas básicas, como el cobre."

En efecto, precisamente cuando las tasas externas son menores, dada la mayor liquidez internacional, es cuando se requiere un mayor esfuerzo por reducir la tasa interna sin generar presiones inflacionarias, para lo cual es necesario fortalecer el ahorro nacional, y rebajar el gasto fiscal. No basta la contribución del gobierno a través del mayor ahorro fiscal, en la medida que ese ahorro se financia con más recaudación tributaria y sin esfuerzo de gasto.

¿Qué ha Pasado con el Gasto Fiscal?

Como se aprecia en el gráfico Nº1, salvo durante 1995, el gasto del gobierno, ya sea el gasto corriente neto de intereses, como el gasto total neto, crecen a tasas superiores a las del producto, lo cual presiona sin duda al alza de las tasas de interés, generando una brecha que alimenta la entrada de capitales y provoca el al deterioro cambiario.

(1) gasto neto de intereses e inversión financiera.

Fuente: Libertad y Desarrollo, a partir de cifras de DIPRES.

Durante el presente año, el primer trimestre el gasto corriente neto creció (medido en promedios móviles) un 7,4% real, y el gasto total neto en un 8,5% real, mientras el producto lo hizo sólo en un 5,8%. En el segundo trimestre en cambio el gasto corriente neto y total neto del gobierno crecieron en un 7,9% y 7,5% respectivamente, mientras el crecimiento del producto se mantiene en un incremento promedio móvil de 7,5%. Las tasa de crecimiento del gasto público mencionadas involucran un escaso nivel de inversión real, en relación al presupuesto, todo lo cual hace presumir una aceleración del mismo en el segundo semestre del presente año. No es de extrañar entonces que si bien estamos cercanos al cabal cumplimiento de la meta inflacionaria para 1997, ello coincide nuevamente con un deterioro acumulado de 5,9% en el primer semestre del año.

Consecuencias para el Futuro

Una pregunta es por qué entonces la economía sigue creciendo a tasas cercanas al 7%. Y la respuesta es muy simple. La economía chilena muestra un fuerte dinamismo exportador muy influenciado por inversiones en minería que han elevado las tasas de crecimiento del quantum de exportaciones de cobre en 15% para 1997 (de acuerdo con el Banco Central). Por otra parte, la economía todavía muestra los efectos positivos del incremento en productividad que normalmente se observa en los países que se abren al comercio internacional y realizan reformas microeconómicas. Pero últimamente las reformas se hacen lentas, por no decir inexistentes; y al contrario, el gobierno genera expectativas de incrementos en los costos laborales y de alzas tributarias. Luego, no se está alimentando la evolución de mediano plazo de ese incremento en productividad. Mientras tanto, la política fiscal no ayuda a frenar el deterioro cambiario, que genera mayores incrementos de costos que de ingresos en el sector exportador.

Luego, seguiremos viendo los resultados favorables mientras "nos dure el vuelo", lo cual normalmente no se da de un año para otro, sino lentamente. Ello, a menos que de una vez el presupuesto para 1998 refleje realmente la preocupación que debiera por la caída acumulada en el tipo de cambio, por su efecto en el sector exportador no tradicional, y que durante 1998 veamos una respuesta significativa en favor del ahorro a través de una reforma tributaria que lo fortalezca y de políticas reales favorecedoras del incremento en productividad.

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Durante los primeros días de septiembre el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades han llegado a acuerdo sobre un mecanismo de "recompensa" financiera a la educación subvencionada. El citado mecanismo pretende compensar a los municipios, y a unos pocos sostenedores particulares, por la disminución de ingresos que determina el logro de una asistencia escolar menor al promedio nacional.

Debe recordarse que la subvención educacional a los colegios que financia el Estado se paga de acuerdo a la asistencia de los alumnos. De esta forma, una menor asistencia determina menores ingresos con costos que, debido a rigideces impuestas por el propio Gobierno, no se ajustan con la debida facilidad.

De esta forma, dado que el promedio nacional de asistencia es 92%, el Gobierno contribuirá a pagar parte del déficit para aquellos colegios que tengan una asistencia menor a dicho promedio. Se estima que, en un principio, está destinada a favorecer a 1.941 establecimientos municipales y 307 establecimientos particulares subvencionados, de un universo de 9.000 establecimientos de los cuales poco más de la mitad son municipales y el resto particulares subvencionados.

Aquí estamos frente a una medida más que apunta hacia la centralización del sistema educacional y que distorsiona severamente uno de los pocos incentivos bien puestos que tiene nuestro sistema educacional. En efecto, el objetivo de la subvención educacional pagada por asistencia, no es otro que los colegios se esfuercen por lograr que sus alumnos asistan a clases, condición esencial para que los alumnos logren los aprendizajes que se pretenden lograr.

El efecto, de esta medida, no será otro que volver al esquema de que los colegios, sus directores y profesores, serán indiferentes a la asistencia de los alumnos, puesto que los dineros que no reciban por este hecho, los recibirán por esta nueva vía. Ello significa reforzar la bastante generalizada idea de que los colegios no son responsables ante la sociedad del aprendizaje de los alumnos y deteriorar aún más la ya deficiente calidad de los establecimientos municipales.

Evidentemente, no llama la atención la complacencia con que observan esta medida las autoridades de la Asociación de Municipalidades y el propio Colegio de Profesores, puesto que esta medida significa la entrega de mayores recursos sin la necesaria contrapartida de eficiencia y eficacia que la sociedad y el Gobierno deberían exigir como contrapartida.

Discriminación contra el Sector

Privado

Sin embargo, no debe pasar desapercibido al lector que esta medida favorece especialmente a los establecimientos municipales, lo que da cuenta del hecho de que los colegios particulares subvencionados no sólo han demostrado obtener mayores índices de calidad de educación, sino que cumplen en mejor forma con el objetivo de atraer a los alumnos a la sala de clases, dado que tienen mejores promedios de asistencia, la que es una de las razones, junto a la disminución de costos que hace que estos establecimientos no tengan déficits financieros y terminen entregando una mejor educación a un costo más bajo para sociedad.

Las lecciones de política que se derivan de estas evidencias son obvias: se requiere aumentar el campo de acción de los privados en la educación subvencionada, para lo cual algunas alternativas ya se han probado en la municipalidad de Las Condes a través del traspaso de los establecimientos a los profesores. Con todo, resulta de meridiana claridad que lo que es necesario para mejorar la educación, apunta en el sentido exactamente opuesto de esta medida anunciada por el Ministro de Educación. Resulta francamente contradictorio que el Gobierno esté apostando a que la modernización educacional se ha de lograr en buena medida a través de la extensión de la jornada escolar, y al mismo tiempo, borrando con el codo lo que recién ha escrito, anuncie medidas que desincentivan la asistencia a clases.

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