El crecimiento económico en el largo plazo depende críticamente de la tasa de inversión. En efecto, la inversión es lo que técnicamente se denomina formación bruta de capital y equivale, en un concepto simple, a la "producción de bienes que sirven para producir otros bienes". Esta inversión puede ser realizada por el sector público o por agentes privados.

Una identidad económica básica nos dice que la inversión debe ser igual al ahorro, pues este último es el que financia la inversión. El ahorro, a su vez, puede ser interno o externo y la suma de ambos nos da el total de ahorro que debe igualarse a la inversión. El ahorro interno es la suma del ahorro privado (de personas y empresas) y del ahorro público. Por último, el ahorro externo equivale al déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, representando el ahorro que nuestra economía logra captar desde el resto del mundo.

¿Qué ha pasado con el Ahorro en Chile ?

El cuadro Nº1 muestra la evolución que han mostrado estas tres categorías en nuestro país en los últimos años.

Fuente: Banco Central de Chile.

Como se puede apreciar, y tal como lo concluyó la Comisión de Ahorro, se observa que a partir de 1989 se ha debilitado la trayectoria ascendente que desde 1983 venía mostrando la tasa de ahorro nacional, la cual se ha estabilizado en los últimos años en torno a 22% del PIB. Adicionalmente, se tiene que en presencia de necesidades crecientes de inversión, la contrapartida de este estancamiento relativo ha sido un incremento en el déficit de la cuenta corriente (equivalente al ahorro externo) desde 1992, que se ha hecho especialmente importante durante el presente año.

En este sentido, cabe señalar que la capacidad para captar ahorro externo es limitada y hoy en día está siendo utilizada al máximo; e incluso podría afirmarse que en este año se ha situado por sobre dicha barrera. Por lo tanto, no existe posibilidad de financiar en el futuro próximo nueva inversión con más ahorro externo.

Si no es posible recurrir al ahorro externo, debemos pensar en el ahorro nacional o interno. Con uno de sus componentes, el ahorro fiscal, existe una situación parecida en el sentido que se llega a límites difíciles de superar. La única posibilidad real de aumentar el ahorro nacional a través del Gobierno es mediante una decidida reducción del gasto público, ya que de elevar los impuestos para aumentar el ahorro fiscal sólo se logrará reducir el ahorro privado, manteniendo la tasa de ahorro nacional constante, con la pérdida de eficiencia que conlleva tal transferencia.

Los antecedentes muestran que los principales contribuyentes al ahorro nacional son las empresas, el sector público y el sistema de pensiones, mientras que la contribución directa de los hogares al ahorro nacional es reducida, aunque la carencia de información completa impide definir con precisión el monto de su aporte.

¿ Cómo se Aumentó fuertemente

el Ahorro en los '80 ?

Uno de los pilares que ha sustentado los 14 años de crecimiento sostenido de nuestra economía ha sido el cambio estructural que registró el ahorro nacional. Hubo un cambio sustancial durante la década de los '80, en donde se subió de niveles cercanos al 8% del PIB a valores cercanos al 24 % del PIB. Este sustancial incremento permitió sustituir parte importante del ahorro de origen externo, así como incrementar el total de formación bruta de capital en Chile, con lo cual se sustentó el crecimiento registrado en estos años. Tal como se ha mencionado en otras ocasiones, una de las razones que explicarían este cambio estructural ha sido llamada por Hachette1 "oportunidades de inversión", que correspondería a la apertura al comercio exterior que induce a una mayor absorción de tecnología intensiva en capital, más el proceso de privatizaciones, que induce a un esfuerzo mayor en el aprovechamiento del capital que pasó a ser controlado por el sector privado.

Frente a esta realidad, en la que se empieza a quebrantar uno más de los pilares que nos ha permitido tener la oportunidad histórica de abandonar el subdesarrollo, la autoridad ha reaccionado de dos maneras. En primer lugar, convocando a la creación de una Comisión del Ahorro y en segundo lugar, señalando que sólo es un efecto transitorio de los términos de intercambio.

Las propuestas de la Comisión del Ahorro que han generado mayor polémica se pueden resumir en los siguientes puntos:

Eliminar la tasa marginal de 45% del Impuesto Global Complementario y de 2º Categoría, quedando de esta manera una tasa máxima de 35% para ambos impuestos. Eliminar las franquicias contenidas en el artículo 57 bis de la Ley de la Renta, y en su reemplazo, establecer que todos los retornos provenientes del ahorro personal queden gravados con una tasa equivalente al 50% de la tasa marginal a la cual está afecto el respectivo contribuyente.

Aumentar el tope imponible para las cotizaciones en el fondo de pensiones desde las actuales 60 UF a las 90 UF.

De las propuestas anteriores, el Gobierno ha decido adoptar la modificación del tope imponible y la eliminación del 57 bis, haciendo un uso parcial de las conclusiones de la Comisión, lo que ha provocado gran irritación en algunos de sus miembros.

Una Verdadera Agenda para

Aumentar el Ahorro

Frente a esta situación, y dado que las medidas que piensa adoptar la autoridad tendrían escaso efecto sobre la evolución futura de la tasa de ahorro nacional, es fundamental avanzar en los siguientes aspectos:

* Primero, avanzar hacia un impuesto a la renta de las empresas que grave sólo los retiros de utilidades y no la reinversión de las mismas por parte de la empresa o sus socios, tal como existió en el pasado. Es la fórmula más eficiente como estímulo al ahorro empresarial y a su inversión.

* Segundo, derogar el impuesto sobre el capital que actualmente existe a nivel de impuestos locales a través de las patentes municipales y contribuciones y que, según ha trascendido, podría ser elevado nuevamente. La idea sería reemplazarlo por otro cobro que esté en relación al uso de los bienes públicos que provee el gobierno local.

* Tercero, la privatización de las empresas estatales puede ser un poderoso instrumento de promoción de la inversión. Con frecuencia la privatización se interpreta sólo desde la óptica fiscal: la eliminación de empresas estatales deficitarias o como medio de allegar recursos frescos al presupuesto público. Pero la razón más de fondo para privatizar es otra: abrir espacio a la iniciativa privada en áreas previamente reservadas al Estado.

La privatización suele fomentar la inversión por dos razones. Primero, a menudo las empresas estatales detentan los proyectos de inversión más rentables socialmente y no los han abordado por restricciones presupuestarias. Incluso si tales restricciones no existiesen, su capacidad de desarrollar los proyectos eficientemente es, en general, menor que la de la iniciativa privada, debido a su carencia de incentivos apropiados.

La privatización, entonces, da acceso a estos proyectos a ser materializados bajo administración y financiamiento privados. La privatización posibilita actualizar la potencialidad de crecimiento que tales proyectos significan.

La segunda razón por la cual la privatización fomenta la inversión privada es que es corriente que la mera presencia de un competidor estatal en un sector desaliente la incursión de la iniciativa privada en él. La empresa estatal está, en la práctica, protegida del riesgo de quiebra, cuenta con amplio respaldo y favoritismo político y puede aplicar políticas de precios y otras, carentes de toda lógica económica. Competir contra una empresa estatal puede ser altamente riesgoso.

* Cuarto, la desregulación, vale decir la eliminación del exceso de intervención estatal mediante leyes, reglamentos y otros medios, el cual desalienta la iniciativa privada y desestimula o distorsiona la inversión. Pese a los avances efectuados por Chile en este campo, encontramos que todavía hay áreas sobre o inconvenientemente reguladas. Nos referimos a las regulaciones de inversión extranjera, laborales, ambientales y, en general, el exceso de trámites a que se somete la actividad privada.

Deben establecerse procesos que cumplan los siguientes objetivos: i) Realizar una revisión de los reglamentos y requerimientos que afectan a los empresarios; ii) realizar un análisis costo/beneficio para reducir y racionalizar los reglamentos y requerimientos; iii) reducir los períodos de tiempo que dispone la autoridad para aprobar una solicitud; y iv) crear un registro para centralizar y hacer accesible para el público todas las regulaciones estatales que afectan a la actividad privada. Sin duda, los esfuerzos para racionalizar los procedimientos a los cuales son sometidos los particulares tienen efectos positivos sobre la actividad económica, ya que reducen los costos y liberan recursos productivos, haciendo más rentables los proyectos de inversión con el consiguiente efecto sobre el ahorro nacional.

Un conjunto de medidas como el propuesto permitiría incrementar la tasa de ahorro nacional y reemplazar así la inevitable baja en el ahorro externo que se presentará el año 1999, alcanzando así niveles que permitan sustentar tasas de inversión como las que requiere Chile para continuar creciendo.

1 Ahorro Privado en Chile. Dominique Hachette. Marzo 1997

Privatización de las Sanitarias:

¿Una Ilusión?

Las declaraciones del Ministro Secretario General de la Presidencia Juan Villarzú, respecto de la incorporación privada al sector sanitario, abren un paréntesis de duda acerca de la voluntad política de privatizar estas empresas, o al menos de la factibilidad de hacerlo durante la actual administración. Preocupan, además, los efectos que esta decisión tendrá sobre la inversión en el sector. A continuación, desarrollamos un análisis de las probables consecuencias de la nueva política gubernamental en el sector sanitario desde la perspectiva de las necesidades de inversión y de la participación privada en la propiedad de las empresas.

Necesidades de

Inversión en el Sector

Las necesidades de inversión en el sector sanitario para el período 1998-2002 alcanzan a aproximadamente US$ 1.800 millones. De éstos, las empresas sanitarias podrían financiar aproximadamente US$ 1.004 millones. En consecuencia, se requieren recursos adicionales para financiar el 46% restante (aproximadamente US$ 820 millones). En el cuadro Nº1 (página siguiente), se presentan las necesidades de inversión por empresa y el monto que cada una de ellas podría financiar según datos entregados por el propio Ministro.

Fuente: Datos entregados por el Ministro Juan Villarzú , Seminario Cámara Chilena de la Construcción, 2 abril 1998.

Dentro de la inversión requerida, se necesitan aproximadamente US$ 700 millones para el financiamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Esto permitiría alcanzar la meta del Gobierno, consistente en lograr una cobertura de 70% en todo el país, con excepción de la Región Metropolitana, donde sólo se lograría una cobertura de 20% a 25%.

La cobertura a lograr para el año 2002 en la Región Metropolitana es insignificante. EMOS requiere invertir, para el año 2015, aproximadamente US$ 2.000 millones para lograr un 100% de cobertura del tratamiento de aguas servidas en la Región. En el cuadro Nº 2, se presenta la inversión necesaria en las empresas sanitarias, su patrimonio y las utilidades acumuladas durante los tres primeros trimestres de 1997.

En el cuadro Nº 3, se presenta la rentabilidad de estas empresas sobre el patrimonio. El total de las empresas sanitarias presenta una rentabilidad de 6,19%, bastante inferior si se lo compara con la rentabilidad de las sociedades anónimas que se transan en la Bolsa de Comercio (de aproximadamente 13,5% - 14% para 1997).

Por otra parte, en el mismo cuadro se presenta el porcentaje que representa la inversión total y la inversión en tratamiento de aguas servidas sobre el patrimonio de cada una de las empresas. Tal como se observa, en ciertas empresas, como ESSEL, ESSCO, ESSAM, ESSBIO, ESSAR, ESSAL y EMOS, se requieren más recursos que el total de su patrimonio para cubrir las necesidades de inversión. En otras empresas como ESSAT y ESVAL se requiere la totalidad del patrimonio.

Para cubrir las necesidades de inversión en tratamiento de aguas servidas, las empresas necesitan, en promedio, un 46% de su patrimonio.

Estos datos reflejan la urgencia de contar con capital privado para cubrir las inversiones requeridas.

Restricciones a la Participación

Privada

La ley recientemente aprobada en el Congreso1 , permite que el sector privado participe en un 65% de la propiedad. El restante 35% se mantendría en manos del Estado, a menos que se apruebe un aumento de capital al cual el Estado no pueda incurrir. En ese caso, debe disminuir su participación en la empresa.

Sin embargo, la ley no obliga al Estado a vender dicho porcentaje de participación al sector privado y tampoco pone un plazo dentro del cual el Estado tendría que traspasar dicho porcentaje al sector privado. Los parlamentarios de oposición optaron por aprobar el proyecto y tramitarlo porque existió un acuerdo y un compromiso del Ejecutivo de traspasar estas empresas al sector privado, una vez aprobada la ley.

No obstante, las declaraciones del Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan Villarzú, fueron tajantes: la introducción de capitales privados al sector de servicios sanitarios sería un proceso gradual, donde los recursos se incorporarían en la medida que sean requeridos por las empresas. A su vez, descartó la posibilidad de utilizar fórmulas de participación como los sistemas de gestión con inversión (BOT) o la venta de grandes paquetes accionarios.

Estas declaraciones han generado incertidumbre entre los inversionistas interesados. En efecto, la transferencia parcial y diluida del control de las actividades de las empresas sanitarias al sector privado redunda en una menor valoración económica de los activos a transferir, lo cual es reflejo del mayor riesgo que significa para el sector privado invertir en empresas que no puede controlar.

Si se quiere que otros actores como los trabajadores y las AFP participen en la propiedad de estas empresas, se debe considerar que el Estado está obligado a reservarse el 35% de la propiedad, en consecuencia, sólo resta un 65% para repartir entre las AFP, los trabajadores y las empresas privadas interesadas. Sin embargo, con esta fórmula se puede diluir la propiedad, entre los trabajadores y las AFP, de tal manera que el privado podría no tener la mayoría de las acciones. Esto significaría que no controlaría la empresa, con lo cual se introduce un mayor riesgo al proceso y se desincentiva la participación privada. Por el contrario, la propiedad de la venta mayoritaria de las acciones de la empresa sanitaria, permite maximizar el valor de los activos a transferir.

Por último, cabe señalar que el "timing" anunciado ahora último por las autoridades no es el mismo que tenían antes de aprobar el proyecto de ley, lo que erosiona la credibilidad de las más altas autoridades. Hubo un compromiso de traspasar a manos privadas ESVAL apenas estuviera aprobado el proyecto. Resulta que ahora se dice que recién en Diciembre de este año, debería estar definido cómo se va a incorporar el sector privado a ESVAL.

En Conclusión...

En definitiva, la fórmula propuesta, consistente en la incorporación gradual del sector privado en la propiedad de estas empresas, genera incertidumbre entre los potenciales inversionistas y los desincentiva a invertir, dado que no se les asegura el control de la propiedad. Pero más allá de ello, lo que no se termina de comprender tras este anuncio es cuál es el objetivo del Gobierno al privatizar las sanitarias. Se suponía que se privatizarían por las necesidades de inversión que presenta el sector, y las cifras disponibles indican que con la modalidad propuesta persisten importantes carencias. El que el Gobierno no necesite la plata, como lo ha declarado Villar- zú, no parece una razón suficiente para no privatizar, aunque no deja de llamar la atención dada la habitual prédica de las autoridades económicas acerca de la falta de recursos fiscales.

El país podría pagar, una vez más, el costo de la indecisión del gobierno. No es necesario retrasar las inversiones en materias tan cruciales para el bienestar de la población como la cobertura de aguas servidas en la Región Metropolitana. Si EMOS no dispone del financiamiento necesario, es indispensable que se incentive la participación privada. La negativa a hacerlo tiene muy pocos argumentos y mucha cara de veto ideológico de los sectores más reaccionarios de la Concertación.

1 Ley Nº 19.549, publicada en el Diario Oficial el 4 de Febrero de 1998.

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