A fines de abril, al pagar los impuestos anuales a la renta, se nos hace patente la carga tributaria que cada cual debe financiar. Sin embargo nos olvidamos de que cada día

del año estamos pagando por concepto de IVA, aranceles, y otros impuestos específicos.

Según un estudio de William Díaz1, considerando el IVA, los impuestos a la renta y aranceles, y tomando 5 personas tipos representativas de cada uno de los quintiles de ingresos definidos en la Encuesta de Presupuesto Familiar del INE, la carga tributaria (expresada como % de sus respectivos ingresos totales) para cada uno de ellos se distribuye de acuerdo a las cifras del cuadro Nº 1.

Fuente: W. Díaz, mayo 1997.

Esas cargas tributarias se traducen en un aporte de 2,2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 y 4,2 meses de trabajo al año, respectivamente. Es decir, cada año, una persona del primer quintil de ingresos, según la Encuesta de Presupuesto Familiar, dedica 2 meses con 6 días a trabajar para el Gobierno. Una persona del segundo quintil le dedica al Gobierno 2 meses con 7 días; la del tercer quintil, 2 meses y 16 días; la del cuarto, 2 meses 22 días; y la del quinto, un total de 4 meses y 6 días.

Fuente: Fontaine y Vergara (1997).

En un estudio posterior, Fontaine y Vergara2 llegan a resultados similares, los que se muestran en el cuadro Nº 2.

¿Tenemos una Carga Tributaria Baja?

Cada cierto tiempo autoridades de gobierno y altos dirigentes de la Concertación sorprenden a la opinión pública anunciando sus deseos de elevar la carga tributaria. En ocasiones ello se ha justificado de acuerdo a cifras de carga tributaria de países desarrollados. Se olvida mencionar lo que sucede en naciones con características similares a las nuestras: países que están en el proceso de alcanzar el desarrollo en el mediano o largo plazo. Se olvida también analizar cuáles fueron las cargas tributarias en los países hoy desarrollados, cuando se encontraban en una etapa de pleno crecimiento que les permitió alcanzar el desarrollo.

Fuente: W. Díaz, mayo 1997.

En el cuadro Nº 3 se muestra la carga tributaria en América Latina como % del producto interno bruto; y como se puede ver, Chile aparece superado por Barbados, Jamaica y Trinidad Tobago, mientras que nuestra tasa supera a Nicaragua, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú y Venezuela.

(*) No tienen impuesto a la renta de las personas.

Fuente: Comisión Nacional de Ahorro.

Si nos concentramos en el impuesto a la renta, la tasa marginal máxima del impuesto a la renta fluctúa entre el 0% y el 56,8%, como se muestra en el Cuadro Nº 4, encontrándose Chile con una tasa marginal máxima incluso superior a la de países desarrollados como Estados Unidos y Canadá.

A partir de los antecedentes señalados se puede concluir que la carga tributaria en Chile está incluso entre las más altas cuando se las compara con países similares, y en particular en el caso del impuesto a la renta, nuestra tasa marginal máxima se encuentra en el tramo superior.

Con nuestra tasa tributaria, la recaudación del Gobierno entre 1990 y 1997 ha crecido en casi un 60% en dólares constantes. En efecto, mientras en 19913 la recaudación alcanzó a algo menos de US$ 8.581,1 millones de 1997, en 1997 la cifra alcanzó a los US$ 13.528,9 millones del mismo año. De hecho, con una tasa de crecimiento promedio anual en torno a 8%, como la medida por las nuevas Cuentas Nacionales, y dada una elasticidad tributaria igual a 1,1, la recaudación aumenta en promedio unos US$ 1.200 millones cada año, lo que a su vez genera espacio para financiar un crecimiento anual del gasto del gobierno igual al 8%.

Es decir, desde el punto de vista financiero no son los impuestos lo que en definitiva se constituye en un freno para el crecimiento del gasto fiscal, sino que los equilibrios macroeconómicos.

Mayores Impuestos,

Menor Ahorro Privado

Lo que sí tendría un impacto fiscal negativo es una reducción de la tasa de crecimiento de la economía. El crecimiento económico en sí mismo genera una gran cantidad de recursos, tanto para el financiamiento de nuevas políticas sociales, como para la creación de empleo. Se ha comprobado que en la última década la generación de nuevos puestos de trabajo es responsables del 80% de la reducción de la pobreza.

Para mantener esas tasas de crecimiento, hoy el énfasis de las políticas económicas debiera centrarse en la generación de mecanismos que incentiven el ahorro interno total del país. Con frecuencia se suele pensar erróneamente que por la vía de aumentar el ahorro público se logra incrementar el ahorro interno, despreciando la diferencia entre aumentar el ahorro público vía menores gastos o vía mayores impuestos. En efecto, si se hace de esta última forma, puede presumirse que el aumento del ahorro público se logrará a costa de menor ahorro privado.

* Fondo de Compensación del Cobre

Fuente: Banco Central y DIPRES

La evolución del ahorro interno en la década de los noventa, tanto público como privado, es sin duda preocupante, como lo muestra el cuadro Nº 5. En éste se presenta el ahorro interno total como porcentaje del PIB en $ de cada año, el cual cae desde una tasa promedio de 29,1% entre 1989 y 1999, a un 24,5% en el promedio de 1996 y 1997. La caída es consecuencia de una rebaja en el ahorro privado, que en la última columna viene denominado como «resto» por tratarse del ahorro de los agentes extra gobierno central. Por su parte, el ahorro público, en su totalidad se mantiene en un promedio de 5,9%, con un cambio importante en su composición: en 1989-90 la mitad es atribuible a ahorros en el Fondo de Compensación del Cobre, mientras en los dos últimos años éste ha desaparecido, y debió sustituirse con ahorro del gobierno central.

Lo que es más difícil de comprobar estadísticamente, es cuánto ha contribuido ese mayor ahorro público al ahorro interno total. Si se consideran los cambios tributarios, especialmente en el año 1990, los cuales impactaron negativamente sobre el ahorro privado, entonces la conclusión es que el mayor ahorro público logrado a través de un aumento de la recaudación tributaria le quita potencial de ahorro a los privados, por lo que su contribución al ahorro total es escasa.

Concluyendo...

En síntesis, el nivel de la carga tributaria en nuestro país es muy alto si lo comparamos con países de similar desarrollo relativo o con los propios países desarrollados en la etapa en que crecían aceleradamente. Por ello, amenaza con convertirse en un serio obstáculo al crecimiento. Desde el punto de vista macroeconómico, el aumento de la carga tributaria ha coincidido con una caída del ahorro interno que sugiere que incrementar el ahorro público por la vía de subir los impuestos sólo consigue disminuir el ahorro privado.

Notas

1 Díaz, William (mayo 1997) ; «Impuestos...¿una carga?» en Serie de Opinión Económica Nº 89, Instituto Libertad y Desarrollo.

2 Fontaine, B. y Vergara R. (invierno 1997) ; « Una Reforma tributaria para el crecimiento», CEP.

3 Se ha tomado como referencia al año 1991 para no incluir los efectos de la reforma tributaria de 1990.

¿Qué hay tras el

Problema Indígena?

A partir de 1990, se han creado una serie de leyes con la pretendida finalidad de beneficiar a la población indígena de nuestro país. Entre ellas destaca particularmente la Ley Nº19.253 de 1993, llamada Ley Indígena.

Sin embargo, estas normas inspiradas en la llamada «discriminación positiva», en la práctica limitan el desarrollo de estos pueblos impidiéndoles hacer uso de su derecho de propiedad. Lo anterior se ve agravado por la difícil situación que vive el sector agrícola de nuestro país: dado que la mayoría de estas tierras son de uso agrícola, cada vez es más lejana la posibilidad de que estos pueblos salgan de su situación de pobreza.

Paradójicamente, ellos exigen al Estado, mediante tomas, que se les devuelva tierras sobre las que reclaman derechos históricos, afectando de esta manera el derecho de propiedad privado. Las autoridades, frente a este problema, en vez de hacer respetar el derecho de propiedad, han optado por la alternativa que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, con plata de los contribuyentes, le compre los terrenos agrícolas y se los entregue a los indígenas; situación que no mejorará su nivel y calidad de vida.

El Impacto de la Legislación Indígena

La Ley Nº19.253 de 1993 con el propósito de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas estableció una serie de regulaciones en el ámbito de la propiedad de sus tierras.

Concretamente se dispuso que las llamadas tierras indígenas1 no pueden ser enajenadas, ni gravadas, salvo que estos actos tengan lugar entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia y la CONADI lo autorice. Así también, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no pueden ser arrendadas, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. En tanto que las que pertenezcan a personas naturales, sólo pueden serlo por un plazo no superior a cinco años.

Por lo tanto, los efectos económicos de la legislación indígena son:

1.- Límites al derecho de propiedad: la ley lejos de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, lo frena, al establecer limitaciones que en la práctica impiden que sus tierras se puedan comercializar libremente. En efecto, al limitarse la venta de estas tierras o al someterse la contratación de empréstitos o celebración de arrendamientos a la decisión de la autoridad, se impide que sus propietarios puedan obtener recursos para realizar otras actividades. Así por ejemplo, un indígena al verse imposibilitado de entregar en garantía sus tierras (constituir hipoteca), no puede acceder al crédito bancario, y por lo mismo, obtener recursos que le permitan emprender nuevos negocios.

Por otra parte, la normativa dispone que las tierras indígenas provenientes de títulos de merced sólo pueden dividirse por resolución judicial y siempre que la mayoría absoluta de los miembros de la comunidad así lo soliciten. La norma dificulta la toma de decisiones y administración de la tierra. Además, es contraria a la normativa general sobre la materia, que dispone que el derecho de propiedad de un comunero respecto de un bien que se posee en comunidad, se manifiesta a través de la posibilidad de solicitar, en cualquier momento, la división del haber común con el objeto que se le adjudique la cuota que le corresponde.

2.- Surgimiento de minifundios: los límites al derecho de propiedad señalados generan la existencia de minifundios: cada indígena o comunidad, es propietaria de pequeñas extensiones de terrenos. La existencia de estos minifundios dificulta la implementación de mejores tecnologías, ya que no es posible aprovechar las economías de escala. Lo anterior sólo se logra mediante asociaciones de propietarios, que en la práctica tienen malos resultados. En el largo plazo, esto se traduce un aumento de los costos de producción y en un menor nivel de eficiencia que redunda en un problema de pobreza mayor.

3.- Disminuye el valor alternativo de esas tierras: finalmente, la imposibilidad de hacer uso del derecho de propiedad, es decir, de enajenar u arrendar la propiedad impide que ellas puedan ser enajenadas y destinadas a usos más productivos, como el uso forestal.

Fuente: "Análisis del Censo: Uso Económico del Suelo", Iván Nazif A. Ponencia presentada en Seminario de Análisis y Discusión del Resultado del Censo Agropecuario de 1997, 20 abril 1998.

En el cuadro Nº1 se presentan las tasas de crecimiento intercensales del número de hectáreas trabajadas en uso agrícola, pecuario y forestal. Tal como se observa la evolución del número de hectáreas destinadas a uso agrícola ha sido decreciente, no así, el número de hectáreas destinadas a uso forestal.

Esta sustitución se debe a la baja rentabilidad que registra el sector agrícola. En el gráfico Nº1 se observa la evolución de la participación del subsector agrícola en el sector agropecuario-silvícola. Dicha participación ha sido decreciente desde 1986.

Legislación Indígena y Pobreza

El impacto de la legislación indígena reflejada en las limitaciones al derecho de propiedad, el surgimiento de minifundios y el menor valor alternativo de las tierras condena a las comunidades indígenas a la pobreza.

Es así como en 1988, según datos del Censo de Reducciones Indígenas2, la ocupación principal de los hombres era la agricultura (86%). En 1997, dicho porcentaje había disminuído levemente a un 75%3. Es decir, luego de una década, las comunidades indígenas siguen siendo mayoritariamente agrícolas.

Por otra parte, son los hombres indígenas quienes están atados a la tierra y quienes tendrán mayores dificultades para salir de su situación de pobreza. En efecto, se evidencian altos grados de migración femenina. En 1982, la relación entre hijos hombres y mujeres era de 55 a 45, aproximadamente. En 1995, dicha tendencia cambió a 62 hombres por cada 38 mujeres. Tal diferencia se produce a partir de los 16 y 18 años, cuando las mujeres mapuches deciden migrar a las ciudades en búsqueda de trabajo.

Además, los hombres indígenas presentan mayores niveles de analfabetismo que las mujeres. Es así como el 79,2% de los jefes de hogar mapuches tiene menos de 4 años de escolaridad. Esta tendencia ha disminuido en los hombres menores de 39 años, quienes alcanzan niveles de alfabetismo similares a los de las mujeres (sólo el 56,88% de ellos ha cursado hasta 4º año básico).

El Estado, por su parte, tampoco ha contribuido a mejorar esta situación de pobreza, ya que, por ejemplo, sólo el 10% de las viviendas mapuches posee luz eléctrica.

Los datos anteriores reflejan que, a menos que se permita hacer uso del derecho de propiedad, no es posible que los hombres indígenas salgan de su situación de pobreza, pues la legislación actual los ata a la tierra, impidiéndoles que ésta puedan ser destinada a otros usos más rentables.

Legislación Indígena y

Extremismo de Izquierda

Los efectos que ha provocado la legislación se han traducido en un desánimo y descontento de la población indígena. Esta situación ha hecho posible que grupos comunistas e izquierdistas, financiados incluso con recursos internacionales e inspirados en una suerte de «internacional indigenista» que encuentra mucho eco en los países desarrollados y en organismos internacionales, incentiven y propicien el surgimiento de tomas de terrenos privados, con el pretexto de entregárselo a las comunidades indígenas. Esos movimientos son los principales enemigos del surgimiento de los indígenas y de su integración a la comunidad nacional, y sus acciones tienden a mantenerlos en la miseria.

En Conclusión...

La Ley Indígena, creada supuestamente para proteger a las comunidades indígenas, representa en la actualidad un obstáculo para que ellos puedan superar su situación de pobreza e integrarse a la comunidad nacional. En efecto, la imposibilidad de vender o arrendar sus terrenos y así destinarlos a usos más rentables, genera una situación de mayor pobreza, donde no es posible incorporar mejor tecnología, obligando a estas comunidades a seguir destinando sus terrenos a usos mayoritariamente agrícolas. Paradojalmente, entonces, los movimientos indigenistas se constituyen en las principales vallas para la superación de los grupos étnicos.

1 Entre las llamadas 'tierras indígenas" se encuentran aquellas que históricamente han ocupado y poseen las comunidades indígenas y aquellas que el Estado les haya cedido.

2 Véase "Censo Experimental de Reducciones Indígenas Seleccionadas". Cautín -Chile, 1988.

3 Véase "Los Mapuches: Comunidades y Localidades en Chile", INE, 1997.

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