Cada día más las políticas públicas que inciden en la familia están presentes en el debate nacional. Ello no es extraño dado que la evidencia empírica ha ido demostrando que la familia constituye el principal elemento formador de capital social y humano. El capital social es requisito para el avance cultural y político de una nación. El capital humano, a su vez, es el factor clave para lograr desarrollo económico e igualdad de oportunidades. Muchos países en el mundo, especialmente más desarrollados que el nuestro, han aplicado políticas que, pretendiendo corregir injusticias o aminorar problemas de pobreza, en vez de resolverlos, han generado incentivos contrarios a la formación de una familia estable, lo cual se refleja en un conjunto de indicadores que muestran un enorme debilitamiento de esta célula básica de la sociedad.

Haciéndose eco de lo que ocurre en esos países algunos dirigentes políticos promueven en Chile la aplicación de políticas públicas que no corresponden a la realidad de la familia en nuestro país.

Estructura Familiar en Chile

En materia de familia, el país presenta una situación bastante más sólida de lo que plantean ciertas posturas ideológicas, aun cuando se presentan problemas, especialmente en los segmentos más jóvenes, donde hay una tendencia al aumento de los nacimientos fuera del matrimonio y de las convivencias. Si se analiza la composición del estado civil de la población entre casados, solteros, convivientes, personas viudas y separadas, se puede concluir que en términos comparativos con otros países más desarrollados, una clara mayoría de la población enfrenta una situación de familia normal; es decir, mirado desde el punto de vista matrimonial, una situación bastante sólida y equilibrada. Este, por cierto, es un activo importante que no hay que debilitar a través de políticas públicas equivocadas como muchas de las promovidas en los últimos años.

Según el Censo de 1992, la población mayor de 14 años que se declara casada, alcanza al 50%, los solteros al 35%, los que conviven al 6% y los separados o anulados al 4%. (Ver Gráfico Nº 1).

Otros antecedentes más recientes relacionados con la composición de los hogares también demuestran una realidad bastante consolidada desde el punto de vista de la existencia de vínculo matrimonial. Según una encuesta realizada por la Comisión Nacional de la Familia respecto de la situación matrimonial de las personas que viven en pareja, se demostró que la mayor parte de ellos se declaran unidos legalmente, ya que los jefes de hogar y sus cónyuges que se declaran casados por el Registro Civil, alcanzan a 83,5 % del total, proporción que presenta leves variaciones según niveles socioeconómicos. En los estratos de altos ingresos, el 95% se declaran casados; en los niveles medios, cerca del 90%; y en el estrato bajo, dicha proporción alcanza al 79%. Como se muestra en el Cuadro Nº 1, la unión por vínculo matrimonial tiende a decrecer en los grupos etáreos más jóvenes, donde es mayor la proporción de convivencias. 1

Se tiene, por otra parte, que, de acuerdo a estudios efectuados para América Latina, nuestro país tendría las tasas de convivencia más bajas de la región. 2 En el cuadro Nº 2, se analiza la proporción de mujeres en uniones consensuales o de convivencia, en relación al total de mujeres casadas y es muy interesante notar que la tasa menor que se registra que es de un 4,6%, corresponde a Chile. Ello indica que en nuestro país, la convivencia es bastante baja en términos comparativos. Esto significa en otros términos que los matrimonios "legalmente constituidos" tienen en nuestra cultura una gran importancia relativa si nos comparamos con otros países similares .

Políticas Públicas

Equivocadas

Algunos antecedentes, especialmente internacionales, muestran una realidad muy distinta, y que se ha ocasionado en buena parte por los efectos no deseados de políticas públicas que intervinieron en el ámbito familiar. Los nacimientos fuera del matrimonio alcanzan al 50% en Suecia, 47% en Dinamarca, 46% en Noruega, 35% en Francia y 32% en el Reino Unido. 3 Las exenciones tributarias y las políticas de bienestar social aplicadas en esos países han constituido un disuasivo para que la gente se case. La ayuda disponible a través de subsidios a adolescentes embarazadas y madres solteras han motivado que éstas no contraigan matrimonio y prefieran convivir o vivir solas, con el fin de no perder la ayuda del Estado. Para los expertos, hoy en día esta situación constituye una preocupación. Si bien en muchos países es necesario incentivar los nacimientos, dada la gran caída en las tasas de natalidad, la maternidad soltera ha ido motivando en el largo plazo a una serie de problemas sociales que afectan a los hijos: pobreza, delincuencia, drogas, bajo nivel educativo, desempleo o ingresos de bajo monto.

En Chile una investigación de SENAME, demuestra que la estructura familiar constituye un factor de riesgo que facilitaría conductas delictivas en los menores. Comparando la situación de 400 jóvenes encarcelados con un grupo de control de iguales características socioeconómicas se concluye que los primeros tendrían hogares menos estructurados, ya sea por ausencia de padre o por inestabilidad en el tiempo de las parejas de la madre. En el 67% de los casos la familia vive en condiciones de pobreza, un 44% de los jóvenes encarcelados provenía de familias nucleares y un 76% de ellos no cuenta con padres casados. A su vez, un 64% de ellos nació de embarazos adolescentes. 4

Si la evidencia empírica permite comprobar que el deterioro en la estructura familiar es factor causal de una merma en el capital social y humano resulta fundamental prestar mucha atención y cuidado a las políticas que afectan a la familia. Cuando el Estado traspasa o reemplaza responsabilidades que deben permanecer en el ámbito de la familia, por ejemplo reemplaza a los padres en su rol de mantención de los hijos, o induce comportamientos en una determinada dirección, ello no produce efectos neutros, sino que termina por debilitar la responsabilidad de los padres hacia sus propios hijos. En especial deben preocuparnos iniciativas legales como el proyecto de filiación que se debate hoy en el Senado, que con una noble intención producirá graves efectos para el país al debilitar el vínculo matrimonial. Más aún, agravará los conflictos al interior de las familias y perjudicará a la larga a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Conclusión

La realidad de la familia chilena es un factor positivo que hay que cuidar y potenciar. Esa realidad dice que la mayor parte de las parejas están unidas por un vínculo profundo que valoran y desean mantener y que es aún un elemento de importancia en nuestra cultura. Es incorrecto presentar a Chile como un país con los problemas que poseen las naciones desarrolladas en materia de familia. Precisamente por lo anterior debemos rechazar iniciativas legales que tienen como efecto el debilitamiento del matrimonio.

Notas:

1 Comisión Nacional de la Familia (1993)

2 Fuente: CEPAL, Hacia un Perfil de la Familia Actual en Latinoamérica y el Caribe, Nov. 1992 Considera mujeres entre 15 y 49 años.

3 Revista Newsweek, enero 1997.

4 SENAME, 1991. Estudio descriptivo de jóvenes encarcelados en Chile.

Pobreza Indígena:

Una Reforma Pendiente

La población indígena es uno de los grupos más afectados por la pobreza y los problemas que ésta conlleva, lo que se explica por las equivocadas políticas públicas relacionadas con la etnia; éstas han agravado la situación al perpetuar y profundizar el círculo vicioso de la pobreza.

La Deteriorada

Situación Actual

Los sectores rurales indígenas que habitan en comunidades indígenas presentan indicadores sociales más bajos que los del resto del país.

La población indígena rural1 del país se ubica preferentemente entre la octava y décima regiones, concentrándose más del 70% en la novena región. Estas tres regiones, a su vez, presentan índices de pobreza superiores al promedio nacional.

Si se analiza el tema de la educación, es posible determinar que de la población indígena rural mayor de 10 años, más de 19% es analfabeta, cifra bastante superior al promedio nacional de analfabetismo y al promedio que alcanza éste en la población rural del país3. Por otro lado, del total de la población indígena rural, un 26% se encuentra dentro de la categoría de economicamente activa. En este grupo hay un 8% que nunca ha asistido a la escuela y un 56% que no ha completado la educación básica (cuadro Nº2).

A nivel nacional, el promedio de escolaridad es de más de 9 años, es decir, los alumnos completan y superan el nivel de educación básica. Esta cifra difiere bastante de las proporcionadas para los sectores indígenas.

Más aún, si se analiza el tipo de educación que estaría recibiendo este grupo de la población, es posible concluir que ésta no es de buena calidad, ya que de acuerdo a los resultados de la prueba SIMCE, se observa que los sectores rurales de las regiones octava y novena son los que presentan los peores resultados por comuna4 a nivel nacional.

Pero el problema no es sólo la educación, sino que es la situación de pobreza en general. De acuerdo al cuadro Nº3 es posible determinar la diferencia existente entre los indicadores de pobreza que se dan en la población indígena y los presentes en la no indígena. Así se observa que el porcentaje de la población en situación de pobreza e indigencia es de 35,6% para la población indígena y de 22,7% para el resto de la población nacional.

Evaluación de la Acción Pública

El diagnóstico señalado es conocido; sin embargo; las medidas adoptadas por la autoridad en el último tiempo no resuelven, sino que, como se observará, agravaron los problemas.

El cuadro Nº 4 presenta el presupuesto destinado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena6 (CONADI) para el año 1997. En él es posible ver que de los MM $ 6.437 que lo componen, la mayor parte, 75%, corresponde al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Con esos recursos se adquirieron durante 1997 cerca de 70 predios, lo que benefició a 1.674 familias, teniendo un costo de MM $ 2.063. Otro de los beneficios entregados corresponde a los derechos de agua y obras de riego. Durante 1997 fueron construidas 32 obras, beneficiando a 554 familias; por otro lado, se beneficiaron a más de 2 mil familias con los derechos de agua regularizados entre 1996 y 1997. Con los derechos de agua que fueron otorgados a través de subsidios durante ese período, fueron beneficiadas 704 familias más. Se entregaron también subsidios para estudios de preinversión en las obras de riego, lo que benefició a 87 familias entre 1996 y 1997. Por lo tanto, con todas las acciones realizadas por este fondo sólo durante 1997, se benefició a 1.976 familias, lo que es equivalente a un gasto de 2 millones 455 mil pesos por cada familia.

Acerca de los demás programas no se tiene mayor información, pero ya esto es suficiente para poder realizar una evaluación de las acciones que se han tomado. Por un lado tenemos que se está gastando una enorme cantidad de recursos, los que se están destinando a ciertas áreas que no significan un mejoramiento en las oportunidades que logran los indígenas, y que los pudiera ayudar a superar su situación desmejorada en relación al resto del territorio nacional. Los recursos que se están destinando a estas actividades llegan a un número reducido de familias (menos de 2 mil familias en el fondo de tierras y aguas), siendo que el número de hogares, sólo de la población mapuche rural, supera los 53 mil.

Pero eso no es todo. El hecho de que la mayor parte de los recursos se destinan al Fondo de Tierras y Aguas, nos indica lo mal enfocados que están estos programas, ya que las tierras que se les entregan a los indígenas tienen limitados sus usos y la posibilidad de comercializarse libremente. Estas limitaciones en los derechos de propiedad generan el surgimiento de minifundios y disminuye el valor alternativo de las tierras, no siendo posible incorporar mejor tecnología, y obligando a estas comunidades a seguir destinando sus terrenos a usos con una mala rentabilidad 7.

Es decir, se está impidiendo la movilidad laboral a la población indígena y es por ello que casi el 40% de esa fuerza de trabajo se desempeña en la agricultura.

El resultado es que se condena a las etnias a la pobreza y los bajos salarios. Como se aprecia en el cuadro Nº5, en todos los sectores económicos en los cuales se ocupa en mayor proporción a la población indígena, el nivel de ingreso es bastante más alto que el que se muestra para el caso de la agricultura. Por lo tanto, lo que se debiera hacer es entregar a la población indígena el nivel de capital humano necesario para poder dedicarse a actividades con mejores sueldos y permitirles la propiedad completa de sus tierras.

Conclusión

De acuerdo a los antecedentes presentados es posible concluir que se hace urgente modificar radicalmente los programas que están orientados a solucionar los problemas que aquejan a la población indígena. El Estado destina recursos adicionales para los programas vigentes, hundiendo más en la pobreza a las etnias. La nueva prioridad debe ser aumentar la cobertura y la calidad de la educación de las personas que habitan esas áreas y eliminarles las restricciones a la propiedad de la tierra.

Se requiere, por lo tanto, focalizar los recursos de educación, salud, vivienda e infraestructura en estas comunidades más necesitadas. Lo anterior, más el respeto por el derecho de propiedad que permita la libre transacción de tierras y la movilidad del mundo indígena, es el camino para superar los graves problemas de pobreza que las comunidades mapuches enfrentan.

Notas

1 Se entenderá a este grupo como el de personas mapuches que habitan en comunidades indígenas. (Los Mapuches, Comunidades y Localidades en Chile. Instituto Nacional de Estadísticas, 1997.)

2 Los Mapuches, Comunidades y Localidades en Chile. Instituto Nacional de Estadísticas, 1997.

3 Fuente: CASEN 1994.

4 Elaboración propia sobre la base de estadísticas de MINEDUC.

5 Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Información Social, CASEN 1996.

6 La CONADI tiene programas que benefician a la población indígena en general, no sólo a los mapuches, por lo que no es posible relacionar el número de familias beneficiarias de estos programas y el de las del resto del análisis.

7 Tema Público 382, Abril 1998.

8 Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Información Social, CASEN 1996.

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