Las noticias sobre la evolución de la economía japonesa generaron la semana pasada una reacción de los agentes económicos. Estos apostaron a una devaluación del peso que obligó a la autoridad a actuar más rápido de lo que habían presupuestado, proponiendo un conjunto de medidas monetarias y fiscales.

Anuncios del

Banco Central

El instituto emisor anunció tres medidas, las cuales en su conjunto pretenden perfeccionar los instrumentos disponibles para su acción en el mercado de las divisas y restringir las fluctuaciones que cabe esperar en ella. Estas son:

1) Una reducción del encaje desde el 30% actual a un 10%. La medida está bien orientada, aunque es tardía e insuficiente. Tardía por cuanto se esperó un aumento previo del costo total (incluido riesgo) para reducir el encaje, e insuficiente, porque bien pudo eliminarse en su totalidad.

Sin embargo, dado que el Gobierno siempre ha defendido el encaje como una forma de evitar la entrada de capitales de corto plazo, la oportunidad de la medida es difícil de entender. Se podría leer entre líneas que la preocupación que existe en el Gobierno por la coyuntura internacional le lleva a pensar que los capitales de corto plazo no son tan malos cuando aumenta la escasez de los de largo plazo.

Con todo, hay estudios que muestran que el encaje no ha frenado la entrada de capitales de corto plazo; aunque sí ha permitido un costo de financiamiento relativamente inferior para las grandes empresas en desmedro de los pequeños y medianos empresarios, de modo que reducir el encaje cuando sube el costo externo de la entrada de capitales significa igualar el costo de capital entre empresas de diferente tamaño, pero en niveles de tasa de interés ahora más altos.

2) Reducción de la banda cambiaria y modificación del dólar acuerdo. Antes de estas medidas, el Banco Central estaba operando prácticamente con un tipo de cambio fijo, de tal forma que no era necesario alterar la banda para mantener esta política. En este sentido, los cambios deben verse como la ratificación de esta política, aunque reconociendo que es posible un leve incremento del dólar por una vez. Las señales del mercado tienden a indicar que ese aumento puede ser de un 3% respecto a la situación previa.

Por otra parte, al modificar el cálculo del dólar acuerdo, reduciendo la revaluación anual real implícita de 2%1 está obteniendo un espacio adicional para dejar que suba el tipo de cambio en el mediano plazo.

El costo de haber elegido esta opción, que reduce la banda, es que ante un error en sus estimaciones o un cambio en las condiciones externas, se deberá anunciar una devaluación más explícita, lo cual es siempre un mensaje más traumático que aprovechar los espacios de una banda cambiaria más amplia.

3) La oferta de pagarés en dólares permite que los agentes ajusten sus portafolios sin necesidad de retirar reservas del Banco Central, lo cual reduce las presiones en el mercado spot del dólar.

De cualquier forma, ello se logra en la medida que la presión cambiaria existente obedezca a una demanda por dólares con fines de cubrir posiciones en moneda extranjera ante sus desbalances financieros. Si por el contrario, existe una demanda por divisas de parte de agentes que están apostando a una mayor devaluación cambiaria, la tasa de los pagarés deberá incorporar dichas expectativas si el Banco Central desea frenar la salida de dólares.

En resumen, el Banco Central, tras un posible ajuste del nivel del dólar inicial, mantiene su opción de tipo de cambio practicamente fijo. Como indica la teoría, en una economía con tipo de cambio fijo la política fiscal pasa a ser un instrumento de ajuste de la mayor importancia. De aquí que los anuncios se acompañaran de una reducción de gastos de parte del gobierno general. Como resultado del análisis previo, resulta evidente que la fortaleza de las medidas del instituto emisor descansan en la contundencia y credibilidad del paquete fiscal.

Los Anuncios Fiscales

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció una rebaja del gasto fiscal, que desgraciadamente es difícil de evaluar por la poca transparencia en la entrega de información fiscal que ha existido hasta la fecha. En efecto, el Ministro anuncia, en primer término, un compromiso de rebaja de gastos para 1998 de US$ 685 millones, los cuales se enterarían de la siguiente forma:

i) En enero se habrían reducido las inversiones que las empresas públicas proponían en sus peticiones anuales al Ministro de Hacienda en US$ 170 millones.

En su oportunidad no quedó claro cuánto menor gasto significaba y cómo afectaba a las transferencias que el Gobierno esperaba percibir desde las empresas públicas en 1998.

ii) En abril se anunció una nueva rebaja de gastos de las empresas públicas por otros US$ 165 millones, sin conocerse antecedentes específicos sobre la misma.

iii) En junio se anunciaba que se haría un fondo de estabilidad de la infraestructura con recursos adicionales percibidos a partir de licitaciones de obras. Este fondo es por un monto de US$ 150 millones

iv) Concretamente en esta oportunidad se anuncia una rebaja de gastos en el gobierno general por US$ 200 millones.

La suma de las rebajas mencionadas alcanza a un total de US$ 685 millones, lo cual es equivalente a un 0,86% del producto. De ellas, las dos primeras son rebaja de gastos de las empresas públicas, la tercera es una forma de congelar ingresos no esperados, y la última es claramente una rebaja del gasto del gobierno general.

Pero adicionalmente el Ministro de Hacienda señala que con las medidas fiscales anunciadas se cumple el objetivo de que el incremento del gasto total del gobierno general durante este año se limite a un 5,5% real, cifra similar al crecimiento esperado del producto. Para 1999 se anuncia un crecimiento del gasto2, excluido el aumento de las pensiones actuamente en trámite legislativo, inferior en 0,5% respecto del crecimiento esperado del producto.

Consistencia de las Cifras Fiscales

Las cifras se han consolidado con un tipo de cambio de $458, el mismo usado por DIPRES en la ejecución fiscal del primer trimestre de 1998.

El Cuadro Nº 1 intenta conciliar los anuncios ministeriales con las cifras oficiales disponibles. Para construir la columna del gasto estimado (columna 3 ) a partir de los ajustes anunciados por el Ministerio de Hacienda, se aumenta el gasto total corregido de forma tal que crezca un 5,5% real para 1998 respecto del efectivo en 1997. Para distribuir el ajuste entre gasto corriente y de capital se consideró que el gasto corriente neto cae un 3,1% respecto de lo estipulado en la Ley de Presupuestos3.

(1) Gastos efectivos en 1997.

(2) Ley de Presupuestos para 1998.

(3) Gasto esperado para el año después del ajuste fiscal anunciado.

(4) Montos de gastos ajustados y porcentaje del mismo.

(A) Gasto corriente sin intereses.

(B) Gasto corriente sin intereses ni bonos de reconocimiento. esta nueva definición ha sido utilizada por el Gobierno para las cifras anunciadas públicamente.

(C) Gasto de capital sin inversión financiera. Las cifras oficiales habrían ajustado sólo una parte de la invesrión financiera, lo cual no puede calcularse a partir de las cifras conocidas.

(D) Gasto total sin intereses, bonos de reconocimiento ni inversión financiera.

Para los cálculos se usa una inflación promedio de 5% en 1998, y un tipo de cambio, también promedio, igual a $458. Este último tipo de cambio fue utilizado por DIPRES en sus cálculos de ejecución presupuestaria para el primer semestre de 1998.

FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO 1998 Y DIPRES.

En la última columna del cuadro se observa que la rebaja de gastos, respecto a la Ley de Presupuestos es de unos US$ 788 millones, de los cuales, US$ 409 millones corresponden a gasto corriente. Estas cifras representan una caída del gasto corriente neto de 3,1%, y del gasto de capital en 14,5%.

Como se puede apreciar, no es posible hacer coincidir la rebaja de US$ 200 millones en el gasto, con el supuesto crecimiento del mismo en 5,5% real durante 1998, ya que para que si esto último fuera cierto, la rebaja de gasto fiscal debiera ser de 788 millones de dólares. Alternativamente, si la rebaja llega sólo a 200 millones, entonces el gasto fiscal crecerá en 1998 bastante más que 5,5%.

Aunque se ha mencionado que un ajuste fiscal para 1998 consistente en los ya referidos US$ 200 millones es un esfuerzo importante, dado que se anuncia una vez terminado el primer semestre del año y probablemente con algún porcentaje de gastos ya comprometidos para el segundo semestre; lo cierto es que éste es menor a los requerimientos económicos mínimos, al menos si se espera un precio del cobre de 75 centavos en promedio.4

Ajuste para 1999

Lo que aparece como más importante en el paquete fiscal es el compromiso de que en 1999 el gasto del gobierno crecería un 0,5% menos que el producto estimado para ese año. Lo que se ha pasado por alto es que en el documento emitido por el Ministerio de Hacienda se aclara en un pie de página que esto se calcula sin considerar el reajuste de pensiones actualmente en trámite parlamentario, el cual significa un mayor gasto de US$ 202,5 millones en el próximo año respecto a 1998.

De esta manera, en 1999, con gasto previsional y para un supuesto crecimiento del producto igual a 5%, el gasto total neto de intereses y de inversión financiera crecerá un 6,1% real, lo cual excede al crecimiento esperado de la economía en un 1,1%.

Conclusiones

La evolución de la crisis asiática, sus efectos sobre el precio del cobre, y el hecho de que ella encuentra a nuestro país con un déficit inicial de cuenta corriente de 5,3% del producto, han llevado al mercado al convencimiento de que el ajuste por la vía de una tasa de interés al 8,5%, por elevada que sea esta tasa, no es suficiente.

De hecho, las proyecciones oficiales vigentes respecto a un déficit de cuenta corriente esperado para 1998 igual a 6% del producto, no incorporan plenamente los actuales niveles observados en el precio del cobre.

Como consecuencia de lo anterior, el Banco Central perdió reservas por unos US$ 700 millones en la primera quincena de junio y otra cantidad importante aún no revelada en la segunda quincena. Todo ello en respuesta a la defensa que ha hecho el instituto emisor del tipo de cambio, como consecuencia de lo cual le ha resultado extremadamente complejo reponer la liquidez en el mercado.

Ante la especulación cambiaria, el Banco Central juzgó necesario efectuar un ajuste en el nivel del tipo de cambio, pero con el costo de una mayor rigidez futura; ello, en todo caso, le hace menos vulnerable a futuras presiones de esta índole, poniendo el peso de la prueba en la política fiscal. En efecto, posibles sugerencias para modificar el tipo de cambio en el futuro, más allá de los rangos que establece la nueva banda y el nuevo cálculo del dólar acuerdo llevan a una devaluación más explícita, lo que podría resultar peligroso en un contexto de mercados inciertos.

El éxito de este paquete de medidas va a depender entonces críticamente de la política fiscal. Para una mejor evaluación del mercado y los analistas económicos resulta urgente dar mayor transparencia a la entrega de información oficial sobre el gasto fiscal.

Notas:

1 Mantiene una revaluación implícita en la medida que permanece calculando el dólar acuerdo con una inflación externa de 2,4%, a pesar que hoy existe una deflación externa. No se entiende por qué no se introduce una mayor sinceridad en la regla cambiaria.

2 Se supone que nuevamente se refiere al gasto total sin intereses, inversión financiera y bonos de reconocimiento.

3 Un cálculo más ajustado, que considere una rebaja del gasto variable total nos lleva a las mismas cifras globales aquí mostradas.

4 Ver tema público de Libertad y Desarrollo Nº 388, en el cual se analizan las necesidades de ajuste.

Universidades Estatales :

Beneficios Privados y Costos Públicos

A propósito de la discusión pública acerca del Proyecto de Ley Marco sobre Universidades Estatales, cuya tramitación se ventila en el Congreso desde 1994 y en torno al cual se han producido movilizaciones de estudiantes y funcionarios, es importante puntualizar algunos aspectos relevantes para intentar llegar al fondo de una discusión que la opinión pública no ha entendido cabalmente.

En efecto, el proyecto de ley ha sufrido varias detenciones en su tramitación, las cuales han sido la respuesta del Gobierno a las influencias ejercidas por poderosos grupos de interés: los estudiantes y los funcionarios de dichas instituciones. Es interesante consignar que a estas presiones, se han sumado, en muchos casos, ciertas autoridades de las mismas.

Las Demandas de los Grupos de Interés

En el fondo de esta discusión se encuentran los siguientes puntos:

Fin al Control Estatal. Algunas auto-ridades y funcionarios de las universidades estatales reclaman una mayor autonomía respecto de los órganos de control estatales -léase el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República- argumentando que su ingerencia y las rigideces que crea su control, entorpecen la capacidad competitiva de las universidades del Estado, respecto de las instituciones privadas -con o sin aporte del fisco.

Participación o Cogobierno. Ciertas directivas estudiantiles, exigen una mayor participación en el gobierno de las universi-dades reclamando derecho a voz y voto en los Consejos Superiores, e incluso en la elección del Rector.

Demanda por Mayores Recursos. Ambos grupos coinciden en reclamar también mayores recursos para las universidades; los estudiantes para abaratar el costo de la educación superior y disminuir el monto de los aranceles que deben pagar y las autoridades y funcionarios para financiar un supuesto rol social de las universidades estatales, cuando no abiertamente para mejorar sus remuneraciones.

Fuente: Elaboración Propia sobre la Base de Leyes de Presupuesto, Años Respectivos.

En este sentido, cabe tener presente la evolución de los aportes fiscales a las universidades tradicionales, los que se muestran en el cuadro No.1 . En él se han calculado los índices base 1990 = 100, tomando en consideración los aportes en moneda del mismo valor desde ese año hasta 1997.

Como puede apreciarse en el mencionado Cuadro, ha habido un importante aumento de los recursos que el Estado entrega a las universidades, destacando además el significativo incremento de los aportes de tipo discrecional que se agrupan bajo "otros aportes" y que no responden a un criterio objetivo.

¿Qué se Pide en el Fondo ?

En el fondo de este conflicto está la búsqueda de la privatización de los beneficios del sistema universitario del Estado, manteniendo -y ojalá incrementando sustancialmente - los costos de cargo de la sociedad entera, a través de los recursos fiscales.

En efecto, por una parte se cuestiona la participación del Presidente de la República en la designación de las autoridades de las universidades, tanto del Rector como de sus representantes en los Consejos Superiores, y se reclama mayor flexibilidad para competir en un mercado que ha diversificado enormemente su capacidad de oferta; vale decir se quieren obtener todos los beneficios de la administración privada. Sin embargo, en forma paralela se reclama una mayor participación del Estado a través de más recursos económicos, los que en la opinión de dichos grupos deben ser entregados sin que a cambio las instituciones rindan cuenta de la utilización de dichos recursos.

Lo anterior, sin duda, representa una contradicción importante: Si se quieren los beneficios de la flexibilidad de la administración y gestión privadas, se deben aceptar también sus costos. Por el contrario, si se desea eludir el riesgo de la actividad y contar con cuantiosos e inagotables recursos públicos, se deben aceptar también las rigideces y dificultades que conlleva esa categoría.

Rentabilidad Privada y Social.

A estas alturas resulta cada vez más claro que los principales beneficiarios de la educación superior son los mismos alumnos. Quienes solicitan mayores recursos para las universidades tienen que explicar a la sociedad por qué ésta debiera financiar estudios que los beneficiarán a ellos. El rol del Estado en esta materia no debería ir más allá que asegurar una efectiva igualdad de oportunidades, ofreciendo crédito -en condiciones de mercado- a todo el que lo solicite y premiando a los más pobres a través de mecanismos de becas. A este respecto, es conveniente recordar que las tasas de rentabilidad privada de la educación superior han sido siempre más elevadas que las tasas de rentabilidad social de la misma, según ha sido demostrado por diversos autores.1

Igualmente cabría esperar de las autoridades y funcionarios de las universidades una mayor consecuencia, aceptando el hecho de que si quieren disfrutar de los beneficios de la administración fiscal -que incluye la inamovilidad en algunos casos- deben dar cuenta a la sociedad entera y al Poder Ejecutivo y los órganos de control del Estado de sus actos y decisiones de inversión de los recursos, que tan generosamente se les entregan. Este es un requisito mínimo de lo que en el idioma inglés se denomina "accountability", palabra para la que desgraciadamente no existe traducción, que parece molestar en varios ámbitos de la administración pública.

A ambos grupos correspondería pedir que sean consecuentes con la realidad de que las universidades, como instituciones dedicadas a la creación, cultivo y difusión del conocimiento, son entes jerárquicos y que en su caso, dado su carácter de estatales, el máximo representante del Estado es el Presidente de la República. No tiene justificación entonces pretender minimizar el rol del Gobierno, en aras de una mal entendida autonomía universitaria. Ejemplos de las distorsiones que se producen cuando esto se olvida se pueden encontrar no sólo en los sistemas de educación superior de toda la región latinoamericana, sino también en otras entidades descentralizadas del Estado, donde se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.

Finalmente, el Gobierno debe tener claro cuál es el rol que le corresponde jugar en esta materia y no ceder, una vez más, a la influencia de grupos de poder que, más que considerar el interés nacional, muchas veces organizan su acción en favor de sus propios intereses, lo cual por lo demás parece bastante lógico. Ciertamente, el Gobierno tiene una enorme tarea por delante, que no es otra que perfeccionar la institucionalidad universitaria y sus mecanismos de financiamiento, de modo tal que puedan dar satisfacción a las crecientes demandas y aspiraciones de una juventud que quiere formarse más y mejor para tener una participación más activa y fructífera en nuestra sociedad.

Nota:

1 Véase Luis Riveros en Economics of Education Review, Vol 9, Nº2, pp 111-121, 1990.

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