El ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de elecciones primarias. Su objetivo central es regular el procedimiento de elección del candidato a la Presidencia de la República por parte de los pactos electorales.

No es nuestra intención en esta oportunidad pronunciarnos acerca del fondo del tema de las primarias como mecanismo de selección de candidatos, sino que analizar la formulación del proyecto, que adolece de varios problemas de constitucionalidad y errores técnicos.

Inconstitucionalidades

El proyecto de ley de primarias puede ser objeto de los siguientes reproches de constitucionalidad:

1.- Consagra un caso de votación popular no previsto en la Constitución; lo que la propia Carta Fundamental impide, salvo una modificación previa.

2.- Vulnera la reserva de la nómina de los militantes de los partidos políticos, que según la propia Constitución es secreta.

3.- Establece competencia desigual entre los candidatos de primarias y aquellos que optaron por inscribirse como candidatos a la presidencia sin someterse a este proceso , ya que el que triunfa en una primaria queda automáticamente inscrito como candidato presidencial, sin que exista la instancia de reclamación u objeción que se establece legalmente para los candidatos presidenciales.

4.- Discrimina en contra de los partidos políticos que no están en un pacto electoral ya que no les permite efectuar elecciones primarias. Según este proyecto, solamente pueden realizarse primarias dentro de un pacto electoral y no de un partido -individualmente considerado- entre sus propios candidatos si así lo deseare.

5.- Contempla soluciones que atentan contra la efectiva democracia interna que debe existir en las decisiones que adoptan los partidos políticos, en la medida que de ser necesario reemplazar al candidato que hubiese ganado la primaria (por ejemplo, en caso de muerte) esta decisión corresponderá a las directivas de los partidos miembros del pacto, sin que deba ser ratificada por los Consejos Generales y militantes de dichos partidos, como es hoy día.

6.- Niega competencia al Tribunal Calificador de Elecciones en el procedimiento de primarias, órgano de rango constitucional a quien se le encomienda la función genérica de escrutinio y calificación de elecciones; así como conocer de las reclamaciones que se produzcan y proclamar a los candidatos elegidos.

7.- Establece un impedimento para ser

candidato a la Presidencia de la República, ya que si pierde la primaria no puede presentarse posteriormente. Aunque ello sea razonable, se debe modificar previamente la Constitución, ya que es un nuevo requisito para ser candidato presidencial.

Costo y Financiamiento

En todo proceso electoral intervienen distintos órganos y autoridades a quienes corresponden atribuciones de diversa naturaleza, acorde con la función que están llamados a realizar.

El proyecto del ejecutivo sólo contempla el gasto que le significa al Servicio Electoral la realización de una elección popular, menos el costo de las publicaciones de los vocales de mesa y cédulas electorales en los diarios. Este gasto asciende a 942 millones de pesos.

Sin embargo, el informe no incorpora los siguientes costos involucrados en un acto electoral y que no son menores, por lo cual deben considerarse al discutir el proceso eleccionario que contempla esta iniciativa. Ellos son:

* El costo que significa para los municipios la habilitación de los lugares de votación. Estos en general dependen de corporaciones privadas de educación o son directamente privados, en ocasiones hay que arrendarlos, pagar personal extraordinario para la instalación y posterior limpieza del local, así como personal el día de la elección para casos de emergencia u otros; la publicidad de los paneles, el costo de los materiales como urnas, cámaras de votación etc.

* El costo para el Registro Civil, que debe establecer un perito dactiloscopista en cada local de votación.

* El costo para Carabineros , organismo que tendrá que disponer como mínimo tres funcionarios por local de votación, en dos turnos a lo menos, por si desean participar en las primarias. Si se considera que existen 1.400 locales de votación se estaría distrayendo de la labor propiamente policial a 8.400 funcionarios, además del costo directo de alimentarlos y trasladarlos, entre otros.

* El costo para el Ministerio del Interior, ya que se deberán habilitar sistemas computacionales u otros para la información del acto eleccionario.

Otros Problemas Técnicos

El proyecto presenta, además de deficiencias en la información sobre el costo real de las primarias y eventuales vicios de inconstitucionalidad, una serie de otros aspectos lo que plantea serias dudas respecto de su aplicabilidad práctica, entre ellas podemos destacar:

- No existe un padrón electoral. Los registros electorales se forman de manera permanente, pero el proyecto no precisa, y nada dice sobre la fecha máxima de la inscripción. Ello genera las siguientes interrogantes: ¿quiénes podrán participar en las primarias?, ¿podrán hacerlo los que se inscribieron después de la última elección popular?.

- Incertidumbre en cuanto al electorado. Al consagrarse la voluntariedad del voto en las elecciones primarias, no se sabe a cuanto ascenderá el número de votantes. Ello exige partir el análisis desde el único hecho cierto, cual es, el número actual de inscritos en los Registros Electorales (aproximadamente 8.000.000 personas), para lo cual es necesario constituir 28.0000 mesas receptoras de sufragios. Así, se debe concluir que todas las cifras y costos que el proyecto involucraría, debieran hacerse considerando este universo de personas, porque cabe la hipótesis de que todos vayan a sufragar.

A la luz de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes:

- El proyecto dispone que los vocales de mesa serán propuestos por los partidos integrantes del pacto. ¿Existe una capacidad real por parte de los partidos políticos para designar 2 vocales por cada mesa, esto es 56.000 personas? La realidad nos demuestra lo contrario, ya que en las elecciones que se han realizado ha quedado de manifiesto la capacidad de los partidos para designar un apoderado por cada local de votación.

- ¿Cómo se enterarán los vocales de mesa del hecho de haber sido designados? Esta interrogante tiene connotaciones de importancia, toda vez que la carga de vocal de mesa en caso de incumplimiento tiene eventualmente asignada una pena pecunaria.

- Se contempla la posibilidad de que el delegado de la Junta Electoral, en caso de ser necesario, reuna dos o más registros electorales en una sola mesa receptora de sufragios.

Ello significaría, que eventualmente una mesa pudiera verse abocada a recibir a lo menos 700 electores1 en un lapso de tiempo equivalente a 8 horas2. Si se considera que en la actualidad, se ha estimado que cada elector demora 1,54 minutos en emitir su voto3, ¿cómo será posible recibir el voto de 700 personas en dicho lapso de tiempo?

- Se dispone que el presidente de la mesa, cuando se realice el escrutinio, abrirá las urnas y separará las cédulas de acuerdo a los pactos a que correspondan. Luego al secretario le corresponderá abrir las cédulas. ¿Cómo va ha ser posible separar las cédulas por pactos, antes de su apertura, si el proyecto contempla una cédula única?

Problema de Publicidad

Finalmente cabría resaltar que se impide toda propaganda electoral en el proceso de primarias, por cualquier medio de comunicación social.

Lo anterior, obviamente que atenta en contra de la importancia de que en una democracia la participación del electorado sea realizada en forma responsable y conciente. De esta manera se está privando al país de la posibilidad de ejercer un voto informado ¿contribuye ello a fortalecer la democracia, como lo señala el mensaje?

En definitiva, los problemas de constitucionalidad, la falta de información sobre el financiamiento y la gran cantidad de errores técnicos del proyecto de primarias hacen inviable su aplicación.

Nota:

1 Cada registro electoral contiene un total de 350 inscripciones.

2 El proyecto señala que a las siete de la mañana del día fijado para la elección se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las mesas receptoras de sufragios. De lo anterior, se podría concluir que en el mejor de los casos el proceso de votación podría iniciarse a esa hora y terminar a las quince horas, ya que el proyecto señala que ninguna mesa podrá realizar la declaración de cierre de la votación pasadas las quince horas.

3 Si cada elector se demora en promedio 1,54 minutos en emitir su voto, ello significa que en una hora pueden votar 76 personas si en la mesa hay dos cámaras de votación, lo que significa un máximo de 608 personas en ocho horas.

Transparencia y

Credibilidad

En política económica las expectativas juegan un rol fundamental. Ello es validado por la teoría y comprobado diariamente por los ministros del área. Al respecto, la información pública que la autoridad entrega al mercado resulta ser el factor principal de la formación de expectativas.

La Importancia de la Credibilidad.

Ello se arrastra desde hace años, y ha sido heredada por los gobiernos de la Concertación, quien con su práctica permanente la ha consagrado como un instrumento más del manejo fiscal. En reiteradas ocasiones Libertad y Desarrollo ha ido celebrando los aún precarios avances en esta materia, la mayoría de los cuales no han surgido por el convencimiento de las autoridades sobre sus bondades, sino de acuerdos presupuestarios entre el gobierno y el parlamento. No obstante este momento de incertidumbre económica en los mercados ha demostrado que la falta de transparencia puede volverse en contra de la propia autoridad, que con tanto celo la cultiva.

En estos meses de mayor incertidumbre económica es cuando más se nota la necesidad de mayor confianza en la información fiscal. A ello no han contribuido los anuncios públicos del presente año.

La Historia de los Anuncios Fiscales

En efecto, en enero del presente año se observan los primeros signos de preocupación en los mercados cambiario y financiero, fruto de la crisis asiática, lo cual llevó en algunos días puntuales a que se observaran tasas de interés sobre el 100% real y a una pérdida de reservas internacionales por unos US$ 1.000 millones en el transcurso de ese mes. En respuesta a ello el gobierno anuncia una rebaja a las empresas públicas por un total de US$ 340 millones de dólares, rebaja que en su momento advertimos que no era efectiva, al menos en la magnitud anunciada1. Ello por cuanto la cifra mencionada era en relación al presupuesto solicitado por las empresas públicas.

Hace unos día, al momento de anunciar las medidas del Banco Central y del gobierno para enfrentar la crisis, dentro del paquete de medidas fiscales se reconoce como parte de los esfuerzos realizados por las empresas públicas en el año una rebaja de gastos por US$ 170 millones.

En el mes de abril se habría realizado una reducción adicional de gastos por US$ 165 millones, de los cuales US$ 104 corresponden a menores gastos del gobierno general, y la diferencia a menor inversión en empresas públicas.

En marzo se anunció el reajuste de pensiones con un paquete de gastos sociales por un costo adicional de US$ 170 millones aproximadamente, los cuales se financiarían de la siguiente manera: US$ 100 millones de dólares con reasignaciones presupuestarias (menores gastos del gobierno general) y US$ 70 millones con menores inversiones en empresas públicas. Las cifras son bastante coincidentes, aunque no debieran corresponder a la misma medida fiscal, pues en ese caso no correspondería sumarlas a las rebajas de gastos de 1998, sin anotar adicionalmente el mayor gasto anunciado para el financiamiento del paquete social.

A fines de junio, el gobierno, otra vez en reacción a una nueva presión cambiaria y de tasas de interés, anuncia la última rebaja de gastos por US$ 200 millones, con lo cual, de acuerdo a las declaraciones oficiales en 1998 el gasto del gobierno crecería un 5,5% real. Más aún, destaca la autoridad, en 1999 el gobierno general observará un crecimiento del gasto medio punto porcentual por debajo del crecimiento esperado del producto.

En la oportunidad nuevamente los anuncios fueron discutidos, pues dada la autorización de gastos que contempla la ley de presupuestos para 1998, élla debe rebajarse en US$ 800 millones para que el gasto esperado del gobierno en 1998 crezca en un 5,5% real2. Más aún, se aclara en pie de página de la declaración oficial que en 1999 el gasto del gobierno crece medio punto menos que el producto, si no se incluye dentro del gasto del gobierno el reajuste de pensiones.

Fuente: Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, 7/07/98.

(1)Columna 5 de ese comunicado en el cuadro que se adjunta. Es el crecimiento del gasto que resulta de comparar la ley de presupuestos de 1998 con la de 1997.

(2)Columna 7 de ese comunicado en el cuadro que se adjunta. Es el crecimiento del gasto que resulta de comparar la ley de presupuestos de 1998 después de una rebaja de US$ 104 millones en abril y US$ 212 millones en junio con la de 1997.

(3)Es el gasto corriente sin intereses y sin bonos de reconocimiento.

(4)Es el gasto de capital excluida la compra de títulos y valores de Corfo.

(5) Se define el gasto total como la suma de los gastos corriente y del después de los ajustes anteriores.

Aclarando el Ultimo Recorte.

Con fecha 7 de Julio, el Ministerio de Hacienda entrega un comunicado de prensa, en el cual se explican los cálculos realizados por esa cartera, de acuerdo con los cuales el crecimiento del gasto del gobierno el presente

año es igual al 5,5%.

En el cuadro adjunto se toman los valores más relevantes de un cuadro presentado en el mismo comunicado de prensa. Si se consideran las rebajas del gasto del gobierno general en abril y junio, por US$ 104 millones y US$ 212 millones respectivamente, el gasto total ajustado de la ley de presupuestos 1998 crece un 5,5%respecto de la ley 1997.

Como en 1997 el gasto fue inferior al autorizado en la ley de presupuestos de 1997, aquí usada como referencia, en unos US$ 500 millones, entonces esta comparación entre la ley 1998 (ajustada) y la ley 1997 es correcta solamente si es cierto que además del recorte anunciado el gobierno se compromete a mantener un gasto inferior a la ley 1998 en los US$ 30 millones anunciados, más otros US$ 500 millones equivalentes a la subejecución de 1997. Dicho de otra manera, el gobierno está comunicando un recorte de US$ 800 millones sobre los gastos autorizados en la ley 1998, que son los US$ 300 millones mencionados por la autoridad, y una rebaja voluntaria no comunicada de US$ 500 millones igual a la realizada el año anterior.

En caso contrario, es decir, de no existir la intención de mantener una reducción de gastos adicional a la anunciada públicamente, entonces el comunicado de prensa debió comparar la ley de 1998, con la rebaja anunciada, y comparar con el gasto efectivo para 1997. Ello, porque a fines de año, conocida la verdadera ejecución fiscal, se medirá el crecimiento de gasto del gobierno comparando la ejecución de 1998 con la ejecución de 1997 y no con la ley de ese año.

La actuación de los agentes económicos se basa en lo que que la autoridad dice, y en cuánto le creen. Luego, en estos momentos en los cuales se requiere la mayor transparencia, la experiencia previa atenta contra la necesaria credibilidad fiscal. De hecho, fue ante la tibia reacción de los mercados que el gobierno debió iniciar una escalada de declaraciones para clarificar la rebaja de gastos. Precisamente, ante esos anuncios surgieron reacciones contrarias a la medida, las más fuertes de ellas respecto a las rebajas en el sector salud.

El gobierno, correctamente, ha sido enfático en la mantención de los recortes. Esta actitud es imprescindible en la hora actual, no sólo porque es indispensable para hacer exitosa a la nueva política cambiaria, sino que también porque la realidad económica del país hace necesario profundizar el ajuste fiscal.

Notas:

1 En Temas Públicos Nº 372. "Finanzas Públicas en tiempos de crisis" se demuestra

que por el sólo hecho de haberse realizado durante 1996 1997 el grueso de las inversiones de Codelco en el proyecto Radomiro Tomic, y de acuerdo al plan de inversiones de esa empresa para el período 1994-1999, la inversión de la empresa en 1998 caería un 20,5% antes de la anunciada rebaja de gastos.

2 Ver Temas Públicos Nº 391, del 2 de julio de 1998, "Medidas Económicas: ¿cambio en el instrumento de políticas?.

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