El anuncio del gobierno de crear el cargo de Viceministro de Seguridad Pública, es una más de las tantas medidas anunciadas por la autoridad para poner freno a la delincuencia en los últimos años . De hecho corresponde al sexto plan de impulsado por este gobierno. Después de iniciar una ronda de consultas a distintas instituciones de estudio, se propone al país un proyecto, cuyos ejes centrales, son una reforma constitucional en que se cambia la dependencia de las policías civil y uniformada junto con las respectivas subsecretarías al Ministerio del Interior, la creación de una Dirección Nacional para el Control de Drogas, y la creación de un Viceministro a cargo del tema de la delincuencia. ¿Corresponde esta propuesta a la gravedad del problema? ¿Ataca de manera integral el fenómeno de la delincuencia? Es el tipo de preguntas que intentaremos responder en el análisis que realizamos a continuación, el que necesariamente debe partir por un breve diagnóstico.

Más de 853 Delitos Diarios

En forma reiterada en las últimas encuestas de opinión aparece el problema de la delincuencia como el tema al que la población asigna mayor importancia, tal como se aprecia en el Gráfico Nº1.

Radiografía de Delitos y Penas

La información estadística disponible nos revela algunas situaciones realmente preocupantes y que ayudan a comprender la gravedad y complejidad del problema. El porcentaje de reincidencia es superior al 50%; no más de un 2% de los robos recibe algún tipo de sanción; las penas aplicadas por lo jueces son hoy un 20% inferiores a las que se aplicaban hace 15 años; el déficit carcelario se estima que supera el 20%, lo cual hace practicamente imposible la rehabilitación; la puesta en marcha de medidas alternativas actúa como un mecanismo de rebaja de las penas; la aplicación de la libertad condicional se traduce en que hoy un porcentaje significativo de los condenados cumple un período substancialmente menor de la pena a la que fueron condenados, lo que se traduce en que la cadena perpetua "no existe". Además la aplicación de beneficios intrapenitenciarios, como la salida nocturna y dominical, es, en muchos casos, un incentivo a delinquir; la aplicación del indulto contribuye a disminuir la sanción que esperan recibir los delincuentes y las víctimas no tienen garantías al momento de ratificar las denuncias.

Catorce Propuestas

Frente a este diagnóstico cabría preguntarse si existen propuestas concretas para abordar el problema y que ha hecho la autoridad al respecto. La respuesta es que si hay propuestas. A modo de ejemplo podemos señalar 14 iniciativas que responden a la realidad de los problemas que deben enfrentarse:

• Acelerar la reforma procesal-penal hoy en discusión legislativa.

• Garantizar los mecanismos de protección de la denuncia.

• Construir cárceles a través de mecanismos de concesiones.

• Limitar la facultad del indulto.

• Revisar la aplicación de la libertad .condicional y de beneficios intrapenitenciarios

• Acotar y perfeccionar el sistema de penas alternativas.

• Perfeccionar la ley de vigilancia privada.

• Perfeccionar los sistemas de rehabilitación por la vía de generar cárceles-industrias.

• Estudiar los sistemas de atenuantes y agravantes penales.

• Mejorar los sistemas de información policial.

• Generar sistemas administrativos de cumplimiento de metas en materia policial.

• Desarrollar sistemas de evaluación judicial y policial.

• Ampliar la cobertura de los sistemas de justicia para los más pobres.

• Control permanente de reducidores de especies.

Las Medidas de la Autoridad

En contraste, las medidas propuestas por la autoridad en los últimos días solo crean nuevas superestructuras burocráticas cuya efectividad es discutible. Al respecto, se argumenta que la necesidad de introducir las reformas antes indicadas, radica en que para mejorar la coordinación policial, es indispensable la dependencia de las policías en un sólo ministerio a cargo de un Viceministro. Sin embargo, no se repara en el hecho que la creación de nuevos entes "coordinadores" podría aumentar el riesgo de descoordinación. Así, por ejemplo, se propone crear la Dirección Nacional para el Control de Drogas, con 13 secretarías regionales para descentralizar su acción y con una probable dependencia del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. Es discutible que ello contribuya a mejorar el combate contra la delincuencia, especialmente porque lo que se estaría haciendo es introducir mayores rigideces administrativas a las hoy existentes.

Pero eso no es todo, si analizamos la trayectoria legislativa que deberá seguir el plan de gobierno, la situación es, por decir lo menos, desalentadora. En efecto, en el caso del cambio de dependencia, en primer lugar el proyecto deberá ser enviado a alguna comisión en el Congreso, supongamos que vá a la Cámara de Diputados. Una vez discutida en esa instancia la idea de legislar y elaborado el informe correspondiente, deberá ser debatido en la sala; en segundo lugar, si es aprobado -la reforma exige un quórum de dos tercios- deberá ser enviada al Senado; en tercer lugar, una vez que se de cuenta del proyecto, se enviaría a la comisión correspondiente, allí nuevamente tendría que analizarse y elaborarse un informe, el cual sería discutido por la sala. Si no es rechazado, no tiene modificaciones y no vuelve a la comisión, ingresaría nuevamente a la cámara de origen; finalmente, si la propuesta es aprobada por el presidente, no incide en atribuciones de los tribunales y no es necesario enviarlo al Tribunal Constitucional, podría promulgarse y publicarse la ley respectiva.

Ahora bien, dado que el proyecto incide en otros cuerpos legales, tales como la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros e Investigaciones, cuyo quórum es de cuatro séptimos; la Ley Orgánica Constitucional de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones, cuyo quórum es de mayoría absoluta; y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado -para incluir el cargo de Viceministro- cuyo quórum es de cuatro séptimos, el proceso de aprobación se hace más complejo. En efecto, dada la materia sobre la que se intenta iniciar una reforma, es altamente probable que la duración del trámite legislativo sea significativamente extensa.

Por otra parte, si bien es cierto que el proyecto propone una serie de medidas operativas que estarían encaminadas en la dirección correcta, ya que recogen algunas propuestas que se han hecho al respecto, desafortunadamente dejan fuera otras de singular importancia como las que hemos enumerado, por lo cual puede calificarse de parcial. Pero, más grave aún, es que queden empañadas por el carácter "burocrático" de la propuesta global.

No cabe duda que hacer política pública para el control de la delincuencia es una tarea compleja, pero también es claro que ésta no se combate con más superes-tructuras burocráticas.

El Gobierno estudia la realización de reformas a la institucionalidad que rige a la educación superior. Antes de analizar los elementos que han trascendido de dichas reformas, conviene examinar la evolución del sector en los últimos años.

Impacto de las Reformas

Durante la década de los '80 se realizó una profunda reforma al sistema universitario. Por una parte se reestructuró el antiguo sistema compuesto por ocho grandes uni-versidades, y por otra, se abrieron las puertas de un sistema cerrado y virtualmente monopólico a la competencia y la libre iniciativa privada. El impacto de estas reformas fue de tal magnitud que permitió un fuerte incremento de la matrícula y la cobertura del sistema de educación, financiado fundamentalmente gracias al aporte privado superior como se muestra en el cuadro No1.

Fuente: Libertad y Desarrollo

De esta forma, en menos de 17 años, se produjo un incremento de la matrícula del sistema de educación superior, que alcanzó a un 211%, correspondiendo menos de un cuarto de dicho aumento al esfuerzo realizado por las universidades tradicionales que integran el Consejo de Rectores y que son las beneficiarias casi exclusivas del aporte estatal al sistema.

Correspondiente con el aumento de la matrícula, se ha registrado un importante incremento de la cobertura de la educación superior en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años, pasando desde un 3,7% del mismo en el año 1964 a cerca de un 26% en 1997.

En resumen, los aspectos centrales de las reformas de la década anterior que han dado frutos notables fueron: la modernización del sistema estatal, que incluyó la creación de universidades regionales sobre cuyo aporte al progreso de las regiones del país se han construido consensos básicos que apuntan al logro de un desarrollo territorial más armónico y equitativo; y la libre entrada de instituciones al sistema que ha favorecido la competencia y la obtención de una respuesta más concreta y adecuada a las necesidades del mercado ocupacional y a las preferencias de las personas y las familias.

No obstante lo anterior, tales reformas no han estado exentas de defectos y por otra parte han quedado atrás en relación al de- sarrollo experimentado por la educación superior.

Entre los defectos se cuenta el hecho de que los aportes estatales, fundamentalmente los directos y los créditos que cubren la docencia de pregrado, han permanecido siendo un beneficio que se otorga sólo a las universidades tradicionales y a sus alumnos, quedando sin acceso a ellos quienes probablemente más los necesitan, como son los que estudian carreras cortas de nivel técnico, tanto por la imposibilidad de financiar estudios de otra naturaleza, como por el costo alternativo de tiempo que enfrentan.

De igual forma, el único aporte que favorece la competencia en el sistema -el AFI- ha tenido una evolución más que pobre en la presente década, en la medida que mientras el aporte directo ha crecido en un 60% entre 1990 y 1998 y las ayudas estudiantiles lo han hecho en un 69%, el aporte indirecto ha caído en un 2%, como se aprecia en el cuadro No. 2.

Otro de los desaciertos que pueden encontrarse es que, si bien los mecanismos de licenciamiento contemplados en la legislación de los '80 y, posteriormente, en la propia Ley Orgánica Constitucional de Educación fueron en su oportunidad suficientemente flexibles, en alguna medida limitaron la oferta de nuevos modelos educativos y la introducción de mayores innovaciones en el sistema. Ello por cuanto los diseños curriculares de las nuevas instituciones, en un principio se ajustaron a la oferta de las instituciones tradicionales que eran las que las examinaban. De esta forma, el modelo de universidad profesionalista y los programas universalistas, de duración excesivamente larga, pensados en un paso temporal y sin retorno por la universidad, se tendieron a consagrar y perpetuar. Recién en los últimos años, cuando una masa crítica de nuevas universidades privadas logró su autonomía esta situación está empezando a cambiar.

Las Reformas Propuestas: el MECE Sup.

El Gobierno se encuentra en las etapas finales de diseño de un vasto proyecto que contará con el financiamiento del Banco Mundial a través del denominado MECE Sup.

Dicho proyecto, a partir de un diagnóstico que podría tener ciertas bases de consenso, en el sentido de que es necesario modernizar el sistema, lograr una mayor integración del mismo y mejorar su equidad, plantea en su texto modificaciones que, apuntando algunas en el sentido correcto, amenazan las otras gravemente los principales logros de las reformas de los '80.

En este proyecto de reforma, algunas de sus componentes más importantes se refieren a los siguientes aspectos. La reforma a los mecanismos de financiamiento consta de dos subcomponentes. El primero de ellos se refiere a la revisión de los fondos basales -léase Aporte Fiscal Directo- con el objetivo de que ellos respondan a los objetivos de políticas -frases como objetivos nacionales, interés y necesidades nacionales, desarrollo nacional estratégico y otras como la articulación y coordinación del sistema por parte de la autoridad se repiten con alarmante frecuencia dentro del texto, dando luces inequívocas del deseo de dirigir y centralizar el sistema, lo que no sólo atenta contra la beneficiosa diversidad que introdujo la legislación de los '80, sino también pasan a llevar la autonomía de las instituciones que se declara respetar-, incluyendo mayores criterios de responsabilidad pública (accountability).

Hecha la salvedad anterior, respecto de la evidente intención de intervenir el sistema, parece muy razonable tratar de introducir criterios de eficiencia y transparencia pública en el mecanismo de aporte directo. Sin embargo, una transformación más radical no es considerada, manteniéndose los mismos como derecho y beneficio esclusivo de las universidades estatales y tradicionales.

La segunda subcomponente del ítem financiamiento que se refiere a la introducción de fondos competitivos en el financiamiento, también contiene elementos de interés, si no estuviera detrás la amenaza de intervención de la autoridad ministerial en el desarrollo y evolución del sistema que ya se ha comentado. Ello pasa, no obstante, por la eliminación del único mecanismo competitivo -aporte indirecto- que existe por considerarse que "no responde a un objetivo claro de política pública, por cuanto se parte de la base que es un natural interés de las instituciones incorporar a sus aulas a los mejores postulantes".

Respecto al aseguramiento de la calidad o acreditación de programas, el énfasis rector y regulador del Estado se hace más evidente aún. Las propuestas relativas a este componente de jan en claro que se opta por que el Estado se transforme en el único ente que determina la "calidad, pertinencia e inovación" en la educación superior.

Ello pasa por el "olvido" de que así el Estado se transformaría en juez y parte del sistema. En efecto, cabría esperar que se recordara que éste interviene directamente en el mercado de la educación superior a través de un importante grupo de universidades estatales, las que prestan el servicio con una calidad "desigual" como eufemísticamente se dice en el documento a la vez que se califica la calidad de las universidades privadas como "heterogénea".

A Modo de Conclusión

Del análisis precedente, podemos concluir que, pese a las buenas intenciones, la reforma de la educación superior que pasa por la imple- mentación del proyecto MECE Sup dista de ser la modernización del sector. En efecto, si bien la propuesta contiene algunos aspectos que podrían significar un paso adelante en la introducción de ciertos elementos de responsabilidad pública y mayor transparencia en el uso de recursos fiscales cuantiosos, dichos recursos siguen estando vedados para un grupo importante de instituciones y alumnos que hacen un interesante aporte en términos de formación de capital humano para el país. De esta forma, lejos de eliminar ciertas inequidades que existen en el sistema actual,ellas se tienden a consagrar y perpetuar. Se elimina además el mecanismo de financiamiento que persigue incentivar la entrega de una educación de calidad y adecuada a las necesidades de los alumnos.

Los modelos preconcebidos acerca de la educación superior y la justificación permanente de una mayor intervención y dirigismo estatal se evidencian sin lugar a dudas en la redacción e intencionalidad del documento preliminar del proyecto MECE Sup. Estos elementos ponen en grave peligro algunos de los logros más relevantes de las reformas de los '80: la introducción de competencia y la diversificación de oportunidades y concepciones en torno a la educación superior, al punto que la tradicional autonomía de las instituciones del sector se ve amenazada.