La crisis asiática ha rebasado a ese continente para afectar al resto del mundo y con especial fuerza a los países emergentes, entre los cuales destacan los de latinoamérica.

En las actuales circunstancias las economías de todos las naciones emergentes se vuelven más riesgosas ante la certeza de que el precio de sus activos debe ajustarse a la baja, en mayor medida cuanto más sea el impacto que perciban por la vía de los menores términos de intercambio. Nuevamente en el contexto latinoamericano, el efecto que enfrenta Chile por la caída del precio del cobre, 32,6% en 12 meses, es importante en relación a los impactos percibidos en otros países de la región.

Fuente: J.P. Morgan, agosto7. 1998

Una manera alternativa de analizar la situación de estos países es centrarnos en el déficit de sus cuentas corrientes. En el cuadro Nº1 se aprecia en primer lugar, que en 1997, Venezuela se encuentra inicialmente con un confortable superávit cercano a los 7 puntos del producto. México, y en algún grado Argentina, muestran cuentas externas muy razonables. Chile en cambio presenta un déficit de 5,3% del producto, el cual si bien no es de equilibrio de largo plazo no parecía preocupante en un contexto externo estable, situación que ha cambiado de manera considerable. Precisamente la crisis asiática nos encuentra en medio de una necesidad de ajuste interno, magnificando su cuantía y acrecentando la importancia de revertirlo.

Un segundo aspecto a destacar del mismo cuadro, es que la crisis asiática, ya con alcances mundiales durante 1998, sumado a aciertos y desaciertos internos en cada uno de los países, deteriora las cuentas externas de todos ellos, pasando Chile a liderar el déficit externo de la región. La situación fiscal aparece como una de las fortalezas de Chile, como tantas veces se ha manifestado. Sin embargo, mirado en un contexto global, no parece suficiente como para cambiar drásticamente la situación externa.

Podemos concluir por lo tanto que América Latina es una región, que si bien ha realizado una serie de reformas y corregido sus economías en los años recientes, mantiene una posición vulnerable. En este contexto Chile muestra ciertas superioridades, aunque en el corto plazo su coyuntura no lo aleja de estar expuesto a los vaivenes externos.

Ajuste Innecesariamente Costoso

En estas circunstancias el país debe ponderar adecuadamente la situación mundial. Así como reconocemos la necesidad de reducir la expansión del gasto de la economía desde antes de la crisis asiática, también debemos ponderar que a ello se ha sumado una caída importante en nuestros términos de intercambio, la cual fue evaluada por el Banco Central en su reciente presentación al Senado en US$ 1.600 millones. Se requiere por lo tanto un ajuste en el precio de los activos, ya sea por vía cambiaria, del precio de las acciones, del precio de los insumos o por una combinación de éstos.

El tipo de cambio ha aumentado un 13,6% nominal entre agosto de 1997 y el mismo mes de este año; no obstante, en términos reales, entre julio de 1997 y el mismo mes del presente año la devaluación corresponde a sólo un 0,9%. El precio de los insumos no ha caído, y por lo tanto el ajuste se está manifestando en su totalidad por la vía del precio de las acciones, y su contraparte: la tasa de interés.

El nivel alcanzado por las tasas de interés es sin duda preocupante, y nos anticipa una dramática contracción de la actividad privada. Para nadie es un misterio que el costo de esta forma de ajuste es elevar el costo financiero de las empresas, frenar la inversión y finalmente, aumentar el desempleo. En la actualidad las expectativas de desempleo son bastante altas hablándose de tasas que pueden alcanzar un 8% en el tercer trimestre del presente año, para reducirse luego en el cuarto trimestre por factores estacionales y probablemente volver a incrementarse el próximo año a niveles no experimentados en la presente década.

Cabe pues preguntarse si pudo optarse por un ajuste menos costoso. La respuesta es bastante simple. Nuestra economía ha avanzado en este proceso de ajuste en medio de señales confusas de alzas tributarias, aumentos exagerados del salario mínimo , demandas incompatibles por reajustes salariales en el sector público y escasa fortaleza de la autoridad para frenarlas.

Fuente: DIPRES, y Banco Central

Asimismo, por el lado fiscal, el principal instrumento macroeconómico en una economía abierta como la nuestra, la autoridad ha actuado en forma tardía e insuficiente, obligando a una mayor contracción de la actividad privada El Cuadro Nº 2 nos ilustra como el Gobierno ha puesto "más bencina al fuego" haciendo crecer su gasto casi dos puntos porcentuales por sobre el PIB.

La Política Fiscal Oficial

Si a una inadecuada política fiscal se le agregan los errores de la política monetaria y cambiaria implementada por el Banco Central, que han llevado las tasas de interés a niveles altísimos con extrema volatilidad, observamos un cuadro en que las políticas macroeconómicas de respoonsabilidad pública han producido un ajuste exagerado y con proyecciones de mediano plazo extremadamente preocupantes.

Más vale tarde que nunca dice el refrán. La autoridad anuncia para la segunda mitad del año un recorte de su gasto. Si nos atenemos a los anuncios oficiales este segundo semestre debiéramos esperar un aumento del gasto total neto del gobierno de 3,5%, en contraposición a un crecimiento esperado del producto de 3,7%1. En otras palabras, en el segundo semestre observaríamos un menor ritmo de crecimiento del gasto público, costoso para el sector fiscal dado que se anuncia a mitad del año, aunque claramente insuficiente para un ajuste global menos doloroso

En estas circunstancias, el peso del ajuste que se ha dejado en manos del sector privado lleva a que las proyecciones de crecimiento para 1999 fluctúen según sus orígenes. El sector privado proyecta un crecimiento, entre el 0 y 3% , el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, proyectan un 3,8%.

Basados en esta última proyección de crecimiento, el gobierno se ha comprometido para 1999 con un crecimiento del gasto corriente neto, excluido el bono otorgado al sector previsional, de 2,8 %, luego de que previamente anunciara un incremento del 3,3 %. Esta tasa de expansión ya es exagerada e irreal Si se le agrega el gasto previsional entonces el crecimiento del gasto del gobierno general se eleva a un 4,4%.2

Es importante destacar que al momento de anunciar un crecimiento del gasto público (excluido el reciente reajuste previsional) igual a un 2,8%, se está calculando este crecimiento sobre la base de la ley de presupuestos para 1998 después de las rebajas anunciadas este año. Es necesario detenernos un poco en este punto, y para ello nos centraremos en las cifras presentadas en el cuadro Nº 3.

*Gasto total neto corresponde a la definición permanentemente usada por Libertad y Desarrollo, es decir, se restan los intereses, y la inversión financiera.

**En esta oportunidad el gobierno ha variado su definición de gasto, restando los intereses, los bonos de reconocimiento y la compra de títulos de Corfo. El antecedente sobre la compra de títulos de Corfo que se resta no se conoce para 1997.

*** Los gastos en intereses, los bonos de reconocimiento y las compras de títulos son cifras estimadas. El gasto en previsión, correspondiente al reajuste aprobado ha sido considerado dentro del gasto corriente.

En la primera columna se muestran diferentes conceptos de gasto público, todos expresados en moneda de 1998, para lo cual se usa una inflación promedio de 5,3%. La segunda columna señala el gasto contemplado en la ley 1998 después de realizadas las rebajas anunciadas por el gobierno, y su fuente es la propia Dirección de Presupuestos. Como lo anunciara con anterioridad Libertad y Desarrollo, esta ley "rebajada" es consistente con un crecimiento del gasto total del gobierno sin intereses ni inversión financiera igual a un 8,8% respecto del gasto efectivo en 1997, y no al 5,5% comprometido por la autoridad (columna 4)

En la tercera columna se muestra el gasto que se anuncia para el proyecto de ley de presupuestos 1999, también en moneda de 1998, pero incluyendo el gasto previsional que la auoridad no incorpora. En la columna 5 se aprecia que ello significa un incremento del gasto total neto real de 4,4%. Esto significa que entre 1999 y 1997 el gasto público total podría crecer un 6,6% promedio anual, tasa largamente superior al crecimiento esperado de la economía en igual período (4%). Ahora bien, si el Gobierno cumple su promesa no gastando este año la holgura disponible, el alza promedio en el período sería de 4,4% , nuevamente mayor al incremento del PIB.

Podemos concluir por lo tanto, que los anuncios fiscales significan continuar durante el próximo año haciendo más profunda la crisis. Con esta política fiscal expansiva y el escenario externo deteriorándose aceleradamente, no se visualiza cuando podrá ceder la tasa de interés. Es por ello incomprensible que el Banco Central considere como un aporte para nuestra economía, las decisiones en materia de finanzas públicas.

Una Contribución Real del Fisco

Una política fiscal correcta sería aquella que contribuya a dar a los agentes una convicción de que se está contribuyendo a reducir el déficit externo. El Banco Central ha anunciado para 1999 un déficit esperado de cuenta corriente de 5,5% del producto, partiendo de un supuesto déficit esperado para este año de 6,8%.

Hay aún un ajuste pendiente más de mediano plazo, en torno a un 1,5% del producto, que surge de comparar el déficit de cuenta corriente de 5,5% del producto esperada para 1999 y una tasa más estable de mediano plazo, la cual reiteradamente se mencionó que estaba cercana al 4%, siempre que la economía mantuviera su alto crecimiento potencial de la economía. Se trata de una cifra de US$ 1200 millones, a absorberse en los próximos años. Más allá del análisis presupuestario para 1999, la situación amerita un programa macroeconó-mico de mediano plazo consistente, y una política fiscal compatible con este objetivo. ¿Cuáles son las po-líticas reales consistentes con el incremento en nuestra competitividad que permiten absorber esta brecha con tasas de interés razonables, con una meta inflacionaria de mediano plazo que nos acerque a niveles internacionales, con incrementos y no nuevos retrocesos en el tipo de ambio real? ¿cuál es dentro de este escenario el marco de la política fiscal?. Hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de encontrar una solución eficiente a este problema, y los mercados externos más sensibles empiezan a demandar políticas más consistentes. En las próximas semanas se enviará al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos. Esta es una gran oportunidad para superar la actual coyuntura no sugiriendo alzas de impuestos, sino que un programa decidido de congelamiento del gasto público y de venta de activos estatales

Notas:

1 Si se proyecta para 1998 un crecimiento de 5% entonces el segundo semenstre la economía debe crecer el 3,7% señalado. Por el contrario, con una proyección de crecimiento anual de 4,8%, el crecimiento del segundo semestre cae a 3,3%, cifra inferior al crecimiento esperado del gasto fiscal neto.

2 El gobierno argumenta que el gasto en previsión no debe considerarse en este análisis, pues estaría financiado con mayores impuestos. Sin embargo este argumento desconoce absolutamente el cambio en la composición del gasto que ello genera, y que los menores ingresos son parte del ajuste traspasado a ese sector De lo contrario, los países considerarían como presión de gasto gubernamental sólo la parte del gasto fiscal no financiada con impuestos.

Es necesario que la ciudadanía conozca la respuesta a esta pregunta porque cada vez es más habitual enterarse a través de la prensa, de acuerdos firmados entre el Colegio Médico - actuando de manera independiente o junto a otros gremios del sector- y el Ministerio de Salud, luego de presiones del primero, ya sea con amenazas de movilizaciones o con huelgas efectivas. Esta situación es particularmente grave ya que el único responsable de llevar adelante la política de salud necesaria para Chile es el Gobierno, quien debe proponer al legislativo para luego implementar acciones destinadas a que la población cubra sus riesgos de salud , además de velar porque los recursos estatales se usen eficientemente.

El Ultimo Acuerdo

Esta inquietud surge a raíz del último acuerdo entre el gremio médico y la autoridad ministerial, en relación al caso de los reos del hospital siquiátrico. Los 64 médicos dejaron sin efecto sus renuncias y el Gobierno se comprometió a reacondicionar el departamento judicial del Instituto Siquiátrico y a habilitar un hogar protegido, dentro de los próximos 45 días.

Nos estamos acostumbrando a que el Colegio Médico descubra incendios y los haga apagar de acuerdo a su particular visión del problema, que posiblemente en algunos casos puede ser adecuada, pero indudablemente es muy parcial. La posición de los gremios, ante los diversos problemas que se presentan en el sector salud, está influenciada por los intereses particulares de estos grupos, no teniendo por qué perseguir el bien común. Difícilmente las propuestas gremiales pueden llegar a representar una solución integral, enmarcada en una política clara definida por la autoridad responsable, de acuerdo a estudios multidis-ciplinarios, que consideren bajo un criterio técnico todas las variables, tanto aquellas de tipo médico, como otras tan importantes como las financieras, de gestión, de focalización, legales, sociales, etc.

Justifican nuestra aprensión los siguientes acuerdos entre los gremios y el Ejecutivo, relativos a las más importantes materias relacionadas con reajustes de remuneraciones, incentivos, gestión y recursos, que sin pretender ser exhaustivos reflejan una lamentable situación de cogobierno en salud.

Estatuto de Atención Primaria.

Bajo la presión de los gremios, el Gobierno de Patricio Aylwin dio curso a la iniciativa legal del estatuto de atención primaria, que pretendió solucionar el problema de este nivel de atención, centralizando las decisiones, rigidizando el mercado laboral y asegurando la inamovilidad funcionaria.

Reajustes de Remuneraciones

Durante el período 1990-1998, se sucedieron los conflictos y las huelgas del Colegio Médico, de los trabajadores de los municipios, de la Fenats, las renuncias de enfermeras y médicos de los servicios de urgencia, en fin de todos los trabajadores que presentaron petitorios variados, desde reajuste de remuneraciones a aumentos de vacaciones. La respuesta de ese gobierno fue ceder a las presiones reajustando sueldos, que llevaron a duplicar el presupuesto sectorial, y presentando iniciativas legales que pretendían conceder todo lo solicitado por los gremios.

Estas políticas gubernamentales que representaron, por una parte, posiciones débiles ante los gremios y, por otra, empecinamiento en mantener un modelo estatista, llevaron a un aumento extraordinario del gasto sin asegurar mayor eficiencia.

Proyecto de Ley sobre carrera Asistencial

En octubre de 1995, el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre la carrera clínica asistencial que fijaba un nuevo estatuto para regular el trabajo de médicos, dentistas, farmacéuticos y bioquímicos, que se desempeñan en establecimientos públicos. Este proyecto, si bien estaba lejos de solucionar el grave problema de falta de incentivos inherente a la actividad pública, representaba un paso importante en el sentido correcto. Lamentablemente, fue vetado por los colegios profesionales que presionaron tan efectivamente al Ejecutivo, que lograron acordar con el Gobierno retirar el citado proyecto y estudiar conjuntamente uno nuevo, que finalmente fue presentado en 1997 y que aún se encuentra en tramitación legal.

La presión de los colegios logró demorar la solución del problema laboral, debilitando los incentivos a mejorar la eficiencia, dando respuesta a las aspiraciones gremiales y no a las aspiraciones de los millones de beneficiarios a acceder a atenciones de mejor calidad.

Reforma del FONASA

El Ejecutivo debatió ampliamente al interior de los órganos técnicos de Gobierno, recogiendo además la opinión de entendidos en la materia de variadas tendencias políticas, una reforma al FONASA. Este proceso se materializó en un proyecto de ley que transformaba al FONASA en un seguro público de salud que se comprometía con sus usuarios y que introducía elementos de competencia entre los hospitales públicos. Lamentablemente, producto de un acuerdo político con los gremios y al interior de la Concertación, se cambió el texto original, presentando al Parlamento un proyecto de ley que se aparta de los principios básicos que habían llevado a consenso, olvidándose de las necesidades de la gente, manteniendo la actual situación de falta de compromiso, ineficiencias, listas de espera, que van unidas a la indefensión del usuario que no tiene libertad de elegir y que no significa ningún avance en el proceso de modernización del sector salud.

Incentivos y Productividad.

Es útil recordar que en agosto de 1994, el Ministro de Salud impactó a la opinión pública reconociendo la existencia de un grave problema de productividad en las instituciones públicas, al considerar que todos los indicadores globales disponibles mostraban un deterioro evidente en el período 1989-1993, coincidiendo con el más espectacular aumento de recursos sectoriales. El Colegio Médico reaccionó airadamente y logró silenciar al Ministerio de Salud , a pesar que en la actualidad, se reconoce que el problema se origina en que tenemos una actividad que funciona con incentivos inadecuados, donde cerca del 60% de los recursos llega a los establecimientos en relación a las "necesidades", sin importar la actividad que realicen, donde las plantas de per-sonal son rígidas y las personas tienen inamo-vilidad en el cargo, por lo tanto, las reducciones de personal y de gasto constituyen un proceso difícil.

Por último, es necesario recordar que las encuestas de opinión1 revelan que la población valora la firmeza de la autoridad en su relación con los gremios y que los indicios de modernización del sector salud anunciados por el actual gobierno eran apreciados positivamente. Esto nos lleva a lamentar profundamente los sucesivos acuerdos firmados entre el Ministerio de Salud y los colegios profesionales. Nos parece que el gobierno ha cedido, sacrificando la modernización del sector al pactar una es-pecie de cogobierno con los gremios, sin necesidad de hacerlo ya que contaba con el respaldo creciente de los diferentes grupos de opinión y de los usuarios del sistema en general

Nota:

1CEP, "Estudio Nacional de Opinión Pública Mayo-Junio 1995''.

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