Habiéndose cumplido 25 años del pronunciamiento militar, resulta preocupante observar los hechos de este 11 de septiembre y las declaraciones de dirigentes políticos y autoridades en relación con ellos . Es posible constatar que las actividades del Partido Comunista, las declaraciones del Partido Socialista y la actitud del gobierno tienen elementos comunes con las actuaciones del Gobierno de Allende.

No debe olvidarse que la gestión del ex Presidente Salvador Allende se fueron sucediendo una serie de hechos que terminaron por minar totalmente el Estado de Derecho, no existían garantías para las personas respecto de sus derechos individuales, el derecho de propiedad era sistemáticamente violado sin que el Ejecutivo lo hiciera respetar por lo canales que correspondía, los fallos de los Tribunales de Justicia no se cumplían, la independencia del Poder Judicial era perseguida y el propio Presidente de la República criticaba las actuaciones de los Tribunales en relación con diversos fallos de estos, además no se repetaba la libertad de prensa; no se promulgaban las leyes aprobadas por el Congreso. Resulta conveniente recordar esos hechos históricos a través de los documen-tos que avalan el grave incumplimiento del orden institucional democrático.

Recordando la Historia

En relación con la justicia y el derecho de propiedad:

En una carta enviada por el Presidente de la Corte Suprema al Presidente Allende de fecha 30 de Octubre de 1972, se lee:

" Desde hace varios meses se han venido sucediendo en el país reiterados actos públicos, ...en que se ha pretendido quitar prestigio y se ha difamado e injuriado al Poder Judicial...se ha llegado ..a entorpecer el ejercicio normal de las funciones judiciales..."(se mencionan diversas desordenes y tomas en tribunales y Cortes) y " la autoridad administrativa no intentó ni siquiera impedir el abuso. Tampoco supo reprimirlo aplicando la Ley de Seguridad del Estado, que hasta el 21 del presente solo dicha autoridad podía poner en ejecución..."

En relación con el incumplimiento de parte de la policia de fallos de los Tribunales sobre restitución de propiedades usurpadas u ocupadas ilegalmente en numerosas oportunidades la Corte Suprema hizo ver al Presidente de la República su preocupación por ello ya que estos fallos no se cumplían por orden de los Intendentes que negaban el auxilio policial para efectuar el desalojo o simplemente los suspendían por resolución administrativa.

A modo de ejemplo se puede citar un oficio de la tercera Comisaría de Talagante, remitida a la justicia en que señala que "no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el... que ordena el desalojo de las personas que se encuentran en la Industria.. por orden del señor Intendente de Santiago don..."posteriormente remitió otro oficio en que expresa nuevamente que no efectuó el desalojo en 24 horas ordenado por el Tribunal "por expresa instrucción del mismo Intendente, que ordenó suspender el uso de la fuerza pública para cumplir la resolución judicial".1

Más aún la autoridad política decidió, saltándose toda norma constitucional de independencia de poderes que rigen un Estado de Derecho verdadero y legítimo, que: "En los casos en que el Tribunal competente imparta orden directa a Carabineros de Chile de desalojo de determinados establecimientos o industrias, el jefe policial correspondiente la comunicará por escrito al Intendente o Gobernador respectivo, acompañándole copia de la orden. Si las circunstancias laborales o de otra índole determinan que se trata de un caso conflictivo... el Intendente o Gobernador comunicará por escrito al Ministerio del Interior y al Jefe de Carabineros, que es indispensable suspender la ejecución del desalojo..."2

Como una forma de recordar el clima de falta de independencia del poder judicial, que existía en 1973 previos al pronunciamiento Militar en una respuesta que enviara la Corte Suprema a una carta del presidente Allende se lee en la introducción de este acuerdo del pleno lo siguiente: "Este tribunal quiere enterar a V. E. de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del gobierno...Mientras el poder Judicial no sea borrado como tal de la Carta Política jamás será abrogada su independencia". fechada el 25 de junio de 1973

En relación con el Poder Legislativo y el orden institucional:

Es importante recordar el acuerdo de la Cámara de Diputados del 23 de Agosto de 1973, donde expresamente se señala el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República que se ha venido desarrollando en el país. Para ello cita numerosas hechos y casos entre los que resulta interesante destacar:

"Es un hecho que el actual Gobierno de la República desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo un sistema totalitario..."

En otro párrafo señala que "para el logro de este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes..."

El propio Congreso Nacional le hace ver tanto al Presidente de la República como a los Ministros de Estado y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros esta serie de hechos que vulneran la institucionalidad, y especificamente en relación con el Congreso Nacional se señala que el Gobierno "ha usurpado al Congreso en su principal función que es la de legislar al adoptar una serie de medidas de gran importancia..que son materias de ley por decretos de insistencia dictados abusivamente..."

"Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que éste le compete para destituir a los Ministros de Estado..." "Por último, lo que tiene más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma Constitucional sobre..."

Los graves hechos desritos llevaron a la mayoría ciudadana a solicitcar la intervención de las Fuerzas Armadas en 1973. Hoy, gracias al gobierno militar y a los gobiernos de la Concertación, el país superó la crisis y cuenta con un orden constitucional y legal respetado, un sistema de economía de mercado consolidado y con derechos individuales básicos protegidos.

¿Volviendo a Debilitar el Estado de Derecho?

Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido propuestas y actitudes provenientes en su gran mayoría de la izquierda -Partidos Comunista y Socialista- que de prosperar pueden debilitar nuevamente el Estado de Derecho. Esto se vió con mucha claridad el recién pasado 11 de septiembre.

En efecto, la actitud del partido comunista y del Codepu previa al 11 de Septiembre, en términos a realizar la marcha por calle Morandé aún cuando la autoridad no lo había permitido, el llamado de la dirigenta comunista Gladys Marín el mismo día 11 desde la calle al Subsecretario del Interior Belisario Velasco para insistir en dicha marcha, desafiando abiertamente las disposiciones en contrario previamente adoptadas, muestran la actitud de no obedecer las normas y disposiciones básicas del orden público

A lo anterior se suman las reacciones de los dirigentes del Partido Socialista en contra de las medidas de orden que se habrían tomado para resguardar la seguridad de la ciudadanía, los derechos de las personas y los bienes tanto privados como públicos. El nuevo Presidente del PS., Ricardo Nuñez, miembro del sector renovado de la colectividad, señaló "nos dolió ver el despliege de Carabineros", haciéndonos recordar similares expresiones de líderes de izquierda en las décadas del 60 y 70 en contra de Carabineros.

Desafortunadamente y de acuerdo a lo que muestra la historia, la Democracia Cristiana siempre ha sido débil en la defensa del orden público, dejándose llevar por las presiones de la izquierda. En este contexto se insertan también las recientes declaraciones del ex Presidente Aylwin, en términos de deslindar responsa-bilidades de quienes convocaron a los actos y marchas del 11 de septiembre respecto a los hechos delictuales ocurridos en esa jornada.

Más delicada aún parece la decisión del Gobierno de no iniciar acciones judiciales en contra de las personas que cometieron actos criminales y delitos de robos, hurtos daños etc. el 11 de septiembre recién pasado, argumen-tando, del mismo modo como lo hacían los intendentes y autoridades políticas durante el gobierno de Allende, que "para evitar mayores problemas" no se aplicaba la ley ni se cumplian los fallos de los Tribunales.

Por último, a lo ocurrido el pasado 11 hay que agregar las tomas de fundos por parte de agrupaciones indígenas radicalizadas y la actitud de autoridades de Gobierno y dirigentes de izquierda para impedir la acción de la polícia y evitar que los legítimos dueños defiendan su derecho de propiedad . A ello se suman las huelgas ilegales sin ninguna sanción que organizan sectores de izquierda en la educación y la salud pública.

Todos estos hechos que actualmente está viviendo nuestro país son preocupantes a la luz de la historia, ya que hacen recordar las mismas situaciones que terminaron por hacer inexistente el Estado de Derecho en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Más aún, las actitudes del Gobierno y de sus dirigentes políticos , que debilitan los derechos individuales y asumen actitudes condescendientes con grupos violentistas que actúan al margen de la legalidad vigente, son preocupantes y nos deben llevar a reflexionar sobre el mito que un gobierno de la Concertación y por lo tanto de centro izquierda, dé gobernabilidad al país. Muy por el contrario, ésta se nos debilita gradualmente por la incapacidad del bloque gobernante para proteger con rigor y oportunidad los elementos básicos del Estado de Derecho

Notas:

1 Oficios N° 468 y 748 de abril de 1973 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talagante

2 Cicular Confidencial N°3 19 de enero 1973 del Ministro del Interior.

De un tiempo a esta parte, han arreciado las críticas contra el sistema privado de pensiones. Si bien siempre ha habido en algunos círculos de fuerte raigambre estatista, críticas a ciertos aspectos del funcionamiento del esquema diseñado y puesto en práctica en 1980, lo cierto es que ellas no tuvieron eco en la población mientras la previsión privada fue capaz de exhibir atractivas tasas de rentabilidad de las inversiones.

Hoy día en cambio, los ahorros previsionales se han visto afectados por la generalizada pérdida de valor que han experimentado las inversiones en Chile y buena parte del mundo. Como consecuencia de ello, un número creciente de personas ha empezado a mostrar preocupación por el impacto que este fenómeno tendrá en el nivel de sus futuras pensiones. Esta preocupación es muy legítima y frente a ella es necesario analizar hasta qué punto el sistema está preparado para enfrentar una situación así, cuál es la verdadera dimensión de los problemas que se viven y sus probables consecuencias, como también qué medidas pueden contribuir a atenuar los efectos que se preveen. Adicionalmente, esta es una oportunidad propicia para revisar otros aspectos de la regulación del sistema que pudieran tener incidencia sobre el valor de las pensiones.

Lo primero que cabe señalar sobre esta materia es que ningún sistema de pensiones, cualquiera sea su naturaleza, está inmune a los vaivenes de la economía nacional o mundial.

Particularidades del Sistema Chileno

El sistema creado por el Decreto Ley 3.500 tiene la particularidad de que la transmisión entre los resultados de la economía del país y el valor de los fondos de pensiones es extraordinariamente fluída, por lo cual los efectos de buenos o malos índices económicos sobre el sistema previsional son mucho más visibles que en el caso de sistemas de reparto. En estos últimos, no obstante, la base financiera se resiente con más fuerza cuando hay índices económicos negativos . En efecto, en regímenes de reparto el deterioro en los salarios y empleos de los trabajadores activos disminuye inmediatamente la disponibilidad de fondos para pagar las pensiones de los jubilados. El sistema de AFP tiene la ventaja que no acumula déficits financieros que después se hacen incontenibles como es el caso de los sistemas de reparto. No parece negativo, por otra parte, que los trabajadores estén preocupados de la rentabilidad de las inversiones en el país, pues ella, a la larga, siempre les afectará.

De cualquier manera y tal como lo muestra el cuadro siguiente, el sistema de AFP ha resistido la crisis internacional mejor que la mayoría de los mercados accionarios. En relación a instrumentos de renta fija por supuesto que el fondo de pensiones, al tener un rendimiento negativo, muestra una peor perfomance en un período de doce meses. Sin embargo en el largo plazo, que es lo que en definitiva importa, el rendimiento del sistema es mejor que cualquier alternativa de renta fija, llegando a una rentabilidad promedio anual superior al 11%.

Fuente: Boletín Estadístico Superintendencia de AFPs y "Emerging markets: Economic Indicators", JPMorgan.

No tienen fundamento, entonces, aquellas predicciones agoreras que hablan de más de 40% de la población cayendo bajo el nivel de la pensión mínima obligando al Estado a concurrir con una gran cantidad de recursos, ya que las proyecciones del sistema se hicieron suponiendo una rentabilidad acumulada inferior al 5%. Lo más probable, en cambio, es que el porcentaje de pensiones mínimas se sitúe en torno al 20%, proporción de la población que vive en condiciones de pobreza, y que en el tiempo este porcentaje vaya disminuyendo. De hecho, el gasto en seguridad social como porcentaje del PIB ha descendido y es este año inferior al promedio de los últimos años.

Dicho lo anterior cabe señalar, además, que el sistema de capitalización vigente en Chile tiene la ventaja de basarse en un período largo de acumulación de fondos -alrededor de 40 años- por lo que las circunstancias que se viven en un momento determinado tienen, en la mayoría de los casos, un efecto limitado en el monto de ahorro previsional que determina el valor de la pensión. Aún así, como veremos, ciertos cambios en la regulación podrían ayudar a atenuar los efectos que una baja en la rentabilidad de las inversiones provocará en el valor de la pensión de muchos afiliados al sistema.

Regulación sobre Inversiones

Entre los cambios a impulsar en materia de inversiones cabe señalar la necesidad de aumentar el límite global de inversión en el exterior y el límite en renta variable extranjera; ampliar la banda que define la fluctuación máxima respecto a la rentabilidad promedio del sistema, con el objeto de disminuir el efecto "manada" que induce a las AFP a tener carteras de inversión muy parecidas e impide diferenciarse por ese concepto; autorizar más de un fondo, tal como lo establece el proyecto del Gobierno y avanzar gradualmente en el futuro hacia más fondos y opciones de los afiliados para tener mayor incidencia en la política de inversiones. Estos cambios, en general, apuntan en la dirección de hacer posible que las AFP puedan agregar valor a su servicio y atraer a los afiliados sobre esa base.

Por otra parte, al cambiar la cartera de inversiones de las AFP para incluir un mayor porcentaje de valores extranjeros, lo que parece lógico en un país del tamaño del nuestro, será muy raro ver casos en que las AFP pueden elegir directores en sociedades anónimas chilenas por el porcentaje de acciones que posee el fondo de pensiones respectivo. Esto, de paso, solucionará una de las críticas que se han hecho en el sentido que los controladores de las AFP tienen mucho poder por su capacidad de nombrar directores en algunas de las principales sociedades del país. Lo cierto es que, dada la naturaleza del sistema de pensiones, las AFP debieran ser inversionistas de portafolio y no intervenir en la gestión de las inversiones.

Traspasos y Costos Comerciales

Se ha criticado el alto costo que tendría el sistema por los importantes gastos comerciales en que debe incurrirse por los traspasos. Si bien es deseable reducirlos, hay que señalar que los costos de administración no son una buena medida de la bondad de un sistema de pensiones, lo que debe compararse es la relación aportes-beneficios de los diversos sistemas, y en esa medida el sistema privado sale ampliamente favorecido frente al sistema de reparto coomo se muestra en el gráfico de esta página. Pese a que en 1996 -último dato oficial disponible- el sistema de AFP sólo tenía 16 años de acumulación de fondos, que es menos de la mitad de lo que se espera, ya las pensiones son mejores que las del sistema antiguo, con una tasa de aportes que es cerca de la mitad de la del sistema antiguo.

Tendencias Preocupantes

La gran cantidad de traspasos que se presentan, y los síntomas de corrupción que los rodean son, de cualquier manera, tendencias preocupantes. Para atacar el problema, no obstante, deben comprenderse sus orígenes. En primer lugar, al ser el ahorro previsional uno de carácter obligatorio, y cuyos únicos beneficios se percibirán en muchos años más

-a diferencia de las ISAPRE, por ejemplo- los afiliados no tienen elementos muy nítidos para valorar a una AFP más que a otra, de modo que la decisión de cambio puede ser inducida por regalos o cualquier otra vía que "adelante" los beneficios. Se agrega a lo anterior el hecho que la regulación impide que las AFP se diferencien mucho, ya sea por rentabilidad o por servicios. Un tercer elemento contribuye al fenómeno de los traspasos. En efecto, en materia de comisiones, persisten los incentivos que inducen a traspasar a los afiliados de alta renta. Por ello, será a la larga inevitable buscar soluciones más de fondo en relación a las comisiones que ayuden a reducir los costos comerciales, sin perjuicio de adoptar en el corto plazo medidas de otro tipo que vayan en esa dirección.También cabe estudiar hasta qué punto pueden reducirse los costos del sistema por la vía de permitir la comercialización a través de canales distintos a los actuales, utilizando para ello capacidad instalada en el sector financiero.

Concluyendo

Las cualidades del sistema privado de pensiones chileno, que ha hecho que sea imitado en buena parte del mundo, continúan intactas. La capitalización individual en lugar del reparto; la administración privada; la libertad de elegir; la subsidiariedad del Estado, son consustanciales al sistema y deben mantenerse a toda costa. Ajustes técnicos en materia de inversiones, de comisiones y otro tipo de regulaciones que reglamentan en exceso lo que pueden hacer y no hacer las AFP, son perfectamente posibles y resulta razonable que a casi veinte años del diseño del sistema se realizen hoy día. Lo que no cabe, es echar por la borda un sistema que además de sus bondades en materia de pensiones ha permitido a la economía chilena construir una base de ahorro interno más de 10 puntos del PIB superior a la que existía antes de 1980, circunstancia que favorece a nuestro país respecto a otros en la hora presente. La crítica irresponsable al sistema, intentando poner a los trabajadores contra él, debiera tener en cuenta estas circunstancias

---