Mientras la mayoría de los chilenos disfrutaba de un grato fin de semana, propio del clima que vive el país luego de su exitosa transición a la democracia en un marco de desarrollo económico y paz social, en Londres el General Augusto Pinochet, uno de los principales actores de ese proceso, era retenido ilegalmente por la policía de Gran Bretaña, en el hospital donde convalece de una intervención quirúrgica. En su procedimiento, el Gobierno Británico ha desconocido antiguos y arraigados principios que rigen la diplomacia y el derecho internacional.

Inmunidad Diplomática e Institucionalidad

Internacional

Según lo establece la Convención de Viena, la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor lo tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad y dignidad. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor; y no está obligado a declarar en juicio. Nada de ello se ha respetado en el caso del Senador Pinochet.

La pretensión de que existen otras normas internacionales que primarían por sobre la inmunidad de jurisdicción no tiene fundamento, porque las imputaciones que se le formulan por un juez español al General Pinochet no constituyen los supuestos delitos de lesa humanidad; y serían, en cualquier caso, de conocimiento de la justicia chilena. Incluso el Presidente de la Corte Suprema así lo ha planteado públicamente. Además, para dar supremacía a tratados internacionales, hace falta algo más que el deseo de condenar a alguien. El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional no estará en vigencia hasta bastante tiempo más. Lo cierto es que hoy día no existe fundamento jurídico para desconocer el beneficio de la inmunidad de jurisdicción, que todos los Estados parte de la Convención de Viena se han otorgado recíprocamente en beneficio de sus agentes diplomáticos, y cuyos fundamentos, que se pierden en la historia de los tiempos, exhiben una clara justificación.

En definitiva, las inmunidades de carácter diplomático son instituciones que se han establecido para hacer posible la convivencia entre naciones que ostentan distintos regímenes jurídicos. Violarlas puede llevar a traspasar los límites de esa convivencia en forma aberrante.

La acción del Gobierno británico podría compararse a una hipotética decisión del Gobierno de Chile de arrestar a la ex - Primera Ministra de Gran Bretaña Margaret Thatcher en una visita a nuestro país bajo la inmunidad diplomática, como respuesta a un requerimiento de un tribunal argentino por la causa que se sigue en ese país a las autoridades británicas de la época, a raíz del hundimiento del buque de la Armada Argentina Belgrano durante la pasada Guerra de Las Malvinas.

La falta de antecedentes jurídicos para desconocer la inviolabilidad diplomática significa que el General Pinochet se encuentra más que detenido, secuestrado en Inglaterra, puesto que está siendo privado de su libertad y se la está restringiendo con violación de una norma jurídica.

El incidente que comentamos en consecuencia no es un hecho aislado, ni un problema personal del General Pinochet, ni siquiera un asunto judicial como algunos han señalado. Se trata de un hecho de la mayor gravedad, que lesiona el honor del país y la soberanía nacional al desconocer la calidad de Embajador que ostentaba el ex Presidente Pinochet en el Reino Unido; todo ello en aras de una decisión política del Gobierno Laborista encabezado por Tony Blair, motivada por la solicitud de un juez español que a su vez es un ex diputado del Partido Socialista de ese país.

Defender la Dignidad Nacional

Es tan evidente la desproporción de la medida tomada por el Gobierno de Tony Blair, que no caben aquí vacilaciones en la actitud que el país y todas sus instituciones fundamentales deben tener. La transición política realizada en Chile durante los últimos diez años ha sido exitosa. Nuestro país ha logrado transitar por un camino consensuado de acuerdos políticos y económicos que involucran a los más importantes actores e instituciones de la vida nacional, y que sin ser enteramente satisfactorios para ninguno de ellos, constituyen un verdadero pacto social, que ha permitido el paso desde un gobierno militar hacia un régimen democrático, con desarrollo económico y progreso social inéditos en la región.

Poner en peligro este estado de cosas por un error de diagnóstico que pretendiera minimizar el delicado problema que afecta hoy día la convivencia interna y lesiona la soberanía nacional y atribuirlo a un problema personal de la familia del General Pinochet, como algunos lo han declarado, o a un asunto meramente judicial sería verdaderamente lamentable.

En estos días hemos visto al Presidente de la República exigir enérgicamente que se respeten los valores y la legalidad que está siendo violada por el gobierno inglés. Asimismo, la mayoría del Senado ha reclamado por "el atentado a la soberanía nacional que pone en grave riesgo la transición". El Presidente de la Corte Suprema y el Presidente del Senado también han planteado la violación a nuestras instituciones básicas que la detención al ex Presidente Pinochet ha producido.

Desgraciadamente ninguna de las actuaciones y declaraciones de los máximos representantes de las principales instituciones del país han permitido que el Senador Pinochet regrese al país, única forma de restablecer la normalidad institucional alterada por su retención en Londres. Se necesita por lo tanto pasar a otro tipo de acciones concretas, por parte del Estado y de la sociedad civil, que posibiliten revertir la situación. Esas acciones deben reflejar claramente que el país y sus instituciones no permitirán se atropelle la dignidad nacional.

Estamos frente a un problema de Estado. El Presidente de la República debe continuar liderando la defensa de la soberanía nacional con todo el respaldo nacional. Si a algo no puede renunciar un Gobierno, es a defender la soberanía. Sobre todo si esa renuncia produce además un quiebre del acuerdo social que nos había permitido superar las divisiones del pasado y avanzar con singular éxito tras un gran futuro.

Notas

1 Newsweek, Edición en Español, 22 de abril de 1998.

2 "Delincuencia y Opinión Pública" Fundación Paz Ciudadana, Mayo de 1997. Informe a base de una encuesta realizada por Adimark en marzo de 1997.

¿Es el Mejor Momento
para Realizar las
Privatizaciones Pendientes?

Las privatizaciones realizadas y las reformas estructurales aplicadas a fines de la década del 70 y durante la década del 80 han sido un elemento clave en el crecimiento de la economía chilena de este período. En la actualidad, diversos sectores del país han manifestado opiniones encontradas respecto a los beneficios que tendría realizar las privatizaciones pendientes, dada la actual coyuntura económica.

A continuación, se detallan los efectos de las privatizaciones en la economía chilena y se compara la situación de algunas empresas privatizadas durante la década de los 80 con empresas que aún siguen siendo estatales.

Estado Empresario en la Década de los 80

En 1985 la incidencia del Estado empresario en nuestro país, era muy importante (ver cuadro 1). La incidencia del Estado alcanzaba a un 25,7% del PIB (sumando los porcentajes de los distintos sectores y de los dos tipos de empresas). En sectores como comunicaciones alcanzaba a un 96,3% del PGB y en minería a un 83%.

Sectores	Empres. Estatales*	Empres. Intervenidas**
Minería	83%	-
Industria	12%	9,6%
Energía y agua	75%	-
Transporte	21%	9,2%
Comunicaciones	96,3%	-
Serv. financieros	28,3%	34,3%
Construcción	-	0,8%
Comercio	-	14,9
Valor Agreg. Total***	17,1%	8,6%

* Incluye las empresas estatales creadas por ley y las filiales del holding estatal Corfo.

** Considera las empresas intervenidas luego de la crisis de 1982.

*** El valor agregado total para las empresas estatales no proviene de la misma fuente que la

incidencia sectorial.

Fuente: C. Larroulet "Efectos del Programa de Privatizaciones: El Caso de Chile, 1985-1989

" Informe a Suscriptores 46, diciembre 1993.

El Proceso Privatizador

Dentro de los objetivos considerados al definir la política de privatizaciones en esa época se encontraban: la necesidad de aumentar el crecimiento económico y de consolidar la economía de mercado. Sectores como la minería, telecomunicacines, y energía eléctrica eran fundamentales si se quería aumentar el crecimiento del país. Había que darles mayor dinamismo.

En 1985, el proceso privatizador se centró en tres programas principales: la privatización de los bancos y de los fondos de pensiones (AFP) que estaban intervenidos; de las empresas intervenidas y de las empresas estatales. Dentro de las empresas estatales afectó a los sectores más importantes: el sector eléctrico, minero, telecomunicaciones, líneas aéreas, acero, etc.

Uno de los muchos problemas que hubo que resolver para privatizar estas empresas era la decisión sobre su valor. En efecto, muchas de ellas tenían pérdidas y se optó por mejorar su situación económica mediante la incorporación de mejores ejecutivos en el staff de profesionales a cargo, para posteriormente venderlas.

Una de las principales críticas que se hizo a las privatizaciones realizadas en la primera etapa fue que ellas habían concentrado mucho poder en pocas manos. En consecuencia, en 1985 se optó por dispersar la propiedad a través del llamado capitalismo popular.

Es así como, para las empresas estatales no se siguió un esquema general de privatización sino que se estudió caso a caso. Sin embargo, se priorizó la venta a los trabajadores (un 30%) y otro porcentaje a las AFP.

Efectos del Proceso Privatizador

•En el Empleo: Respecto a los efectos de las privatizaciones sobre el empleo, en el cuadro Nº2 se muestra el aumento en el empleo de las empresas luego de ser privatizadas, el cual creció en promedio un 10%.

	Propiedad estatal	Propiedad privada	%
Chlgener	799	861	8%
Chilquinta	958	970	1%
Chilmetro	2.352	2.689	14%
Endesa	2.917	2.953	1%
CTC	7.280	7.442	2%
CAP	5.359	6.845	28%
Iansa	2.066	2.083	15%
Soquimich	4.412	4.864	10%
Entel	1.394	1.458	5%
Lab. Chile	589	650	10%
TOTAL	28.126	30.815	10%

* Se comparó el empleo promedio anual de los dos años previos a las privatizaciones con aquel generado en igual número de años una vez que el capital privado de las compañías alcanzó el 51% Fuente: R. Luders y D. Hachette, "La Privatización en Chile." Panama. CINDE.

El proceso de privatizaciones ayudó a aumentar la eficiencia de las empresas y de los mercados en los cuales ellas operaban, y permitió un mayor empleo e incremento en el nivel de inversiones. Todo lo cual favoreció el crecimiento económico y validó la estrategia de desarrollo basada en el libre mercado y en la libertad de comercio.

•En el Ahorro e Inversión: En el cuadro Nº 3, se puede ver el resultado de las acciones tomadas durante ese período, dentro de las cuales se encuentran: las privatizaciones realizadas, las políticas de apertura al comercio internacional, el rol del mercado, el equilibrio macroeconó-mico, etc. Es así como el ahorro doméstico llegó a niveles de 17,2% del PGB en 1989 y la inversión a niveles de 20,3% del PGB.

Año	Ahorro Doméstico	Inversión
	(%PGB)	(% PGB)
1984	2,9	13,6
1985	5,4	13,7
1986	7,7	14,6
1987	12,6	16,9
1988	16,3	17,0
1989	17,2	20,3

Fuente: C. Larroulet. "Efectos del Programa de Privatizaciones: El Caso de Chile (1985-1989)". Estudios Públicos N 54. Otoño. 1994.

Eficiencia de las Empresas Privatizadas, No Privatizadas y Privadas

El Estudio realizado por Accord Group1, considera la variación en las ventas y utilidades entre los años 1977 y 1996 de tres conjuntos de empresas: aquellas que fueron privatizadas2, durante la década de los 70 y 80; aquellas no privatizadas3 y aquellas que siempre han sido privadas4. Las primeras aumentaron sus ventas en un 577%, las que siguen siendo estatales en sólo un 196% y aquellas que siempre han sido privadas en un 694%.

Respecto de las utilidades, las empresas privadas aumentaron sus resultados en un 1263% y las empresas no privatizadas en un 442%.

Adicionalmente, el estudio señala que si se hubieran privatizado las empresas actualmente estatales, sus ventas y sus resultados habrían crecido un 130% adicional y habrían contratado a 21.576 trabajadores adicionales.

Resultados de Empresas Estatales Año 1997

Tal como se muestra en el cuadro Nº 4, la rentabilidad promedio de las empresas públicas (sobre el patrimonio) es de 3,93 %, para las empresas públicas filiales CORFO alcanza a 46,35% y para las empresas sanitarias es de 6,68%.

	Ut. Neta/Pat	Ut. Neta/Act.	Deuda/Act. Tot.
Empr.Públicas 3,93%	1,92%	39,85%
Promedio
Filiales Corfo	46,35%	-25,83%	56,07%
Promedio
Empr. Sanitarias	6,68%	5,07%	23,8%

Fuente: Elaboración Propia LyD. Datos FECU.

Destacan la baja rentabilidad de Emporchi (-5,11%), de EFE (-9,44%) y de algunas empresas sanitarias, como ESMAG (0,0%); EMSSA (3.13%) y ESSAL (4,64%).

Lo anterior es preocupante, si consideramos que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Frei ha sido privatizar estas empresas, al menos las sanitarias y Emporchi, y que a un año del término de su gobierno, ambos procesos se encuentran entrabados por diversos motivos.

En Conclusión...

Podemos concluir que los beneficios de privatizar las empresas estatales son muy altos.La coyuntura económica actual es la adecuada para realizar las reformas privatizadoras pendientes. Ello permitiría aumentar la productividad de la economía y superar más fácilmente la actual crisis económica. Es necesario no perder más tiempo: se requiere fortalecer las bases para un crecimiento económico sólido y sostenido en el tiempo.

Notas:

1 Véase Estudio "La Privatización de Empresas en Chile", Noviembre de 1997, Accord Group, Seminariunm.

2 Se consideran 14 empresas.

3 Se consideran 8 empresas.

4 Se consiedran 47 empresas.

---