Luego de la detención ilegal del Senador Augusto Pinochet en Londres, objetada por el fallo de un alto tribunal británico, la transición chilena ha quedado lesionada. Un desenlace favorable del tema, que no puede ser otro que su pronto regreso a Chile, será el punto de partida para evaluar cuan profundo es el daño a la confianza que se ha producido en la sociedad chilena; recién allí empezaremos a apreciar si lo que ha vivido el país, ha sido sólo un mal sueño, o por el contrario, se ha encarnado en el alma nacional.

Ello ha ocurrido porque los chilenos creíamos vivir una transición pactada, mediante la cual todos los sectores con representación política relevante habían acordado establecer reglas básicas de convivencia que permitieran al país transitar ordenadamente hacia un estado de cosas que dejara atrás períodos de la historia que nos habían dividido; pero al parecer vivíamos engañados en esa creencia: un sector de la sociedad chilena que aparentaba hacerlo, no adhería realmente a ese pacto, como ha quedado en evidencia estos días.

Son numerosos los testimonios, de carácter académico y político, que pueden certificar que lo que hubo en Chile fue una transición pactada y por ende no rupturista. Ella supuso entre otros factores, "la capacidad de la clase política de ambos bandos para dejarse representar por líderes idóneos, capaces de canalizar la transición en un escenario de negociaciones y compromisos"1 Estos compromisos supusieron las reformas Constitucionales del año 1989, acatamiento a los plazos constitucionales para el cambio de gobierno y para el término del mandanto del general Pinochet como comandante en Jefe del Ejercito.

Quien ha sido extraordinariamente claro en señalar que aquí hay un pacto entre los chilenos que se está rompiendo por parte de la izquierda es el senador democratacristiano Adolfo Zaldívar. Ha dicho Zaldívar que ".....a través de la expresión soberana del pueblo iniciamos, entre todos los chilenos, el 5 de octubre de 1988, el proceso de transición y restauración de la democracia. Ese paso trascendental, y los que se han dado a continuación no constituyeron ruptura, sino por el contrario, fueron transacciones logradas dentro de la institucionalidad establecida por el régimen militar y validadas por nosotros en el plebiscito de 1989. Cada una de las partes, por el bien común, debió ceder en sus posiciones y hacer honor a sus compromisos. Aquí está, precisamente, la esencia del proceso chileno. En la medida que mantengamos este compromiso podremos avanzar sin peligros o temores. "2

Más adelante afirma Zaldívar que el Partido Comunista es el único liberado de ese compromiso.

La Careta Socialista

Pero el socialismo chileno no adhería a ese pacto3, y así se ha hecho patente estos días en que hemos visto como su acción ha conseguido entorpecer y dilatar las iniciativas destinadas a resolver el grave problema que ha vivido Chile, en los tiempos y los plazos que este tipo de situaciones imponen, enredando al Gobierno del Presidente Frei y a quienes sí asumieron en esta oportunidad una visión de Estado para apreciar el problema, como el Presidente del Senado Andrés Zaldívar y el Presidente de la Corte Suprema Roberto Dávila.

Señalar, como lo ha hecho el dirigente socialista Camilo Escalona al vetar la posibilidad que el Gobierno esgrima razones humanitarias ante el Gobierno inglés, que "nosotros tenemos la autoridad histórica y moral para reclamar que esas razones humanitarias sean parte de una conquista: un proceso judicial. Aseguramos que no vamos a mover ni una uña ni un dedo....."4 es, por una parte, una triste muestra de que el rencor y deseo de venganza es muy superior al de reconciliación verdadera; pero, lo que es más grave aún, permite constatar que aquí se está rompiendo la regla de oro de cualquier acuerdo: una vez logrado no resulta legítimo imponer nuevas exigencias a partir de una situación de fuerza.

También constituye una muestra de que lo que realmente quieren los socialistas es imponer su postura, sin importar las consecuencias para el país y la paz interna, señalar que el informe Rettig es sólo la verdad pero no la justicia, y que "la justicia sería la detención de Pinochet en Londres y un eventual juicio en España", como lo ha hecho el senador socialista José Antonio Viera Gallo, desconociendo y quitándole respaldo a las gestiones realizadas por el propio Gobierno y yendo incluso en contra de la opinión del propio Raúl Rettig.

Dirigentes Políticos y Estadistas

No pudo escapar a esa forma de actuar el líder de la izquierda, Ricardo Lagos, quien con su comportamiento y actuaciones demostró que no es capaz de defender principios tan importantes como la soberanía nacional y la jurisdicción de nuestros tribunales de justicia, cuando ellos se contraponen a su interés político o a las demandas de su clientela electoral. No apareció por ningún lado el estadista que el país requiere en estas situaciones delicadas; apenas asomó el político tratando de salir del problema con los menos rasguños posibles.

A nadie del mundo de la Concertación se le pide que asuma una defensa de la figura o la persona del General Pinochet en estas circunstancias. Lo que se pedía defender eran principios que al ser violados humillaban al país. El Presidente Frei ha sido claro en ésto y ha actuado con extraordinaria consecuencia, la democracia cristiana también. Destacable ha sido el Canciller Insulza en demostrar en los hechos cómo era posible llevar a la práctica este mismo concepto.

Queda en cambio una profunda duda acerca de la capacidad de la izquierda y su principal líder para asumir la tarea de gobernar este país. De constituirse en gobierno para todos los chilenos, no para algunos. De arbitrar imparcialmente un conflicto al interior de la sociedad chilena respetando las leyes que nos hemos dado, aunque ello pudiera lesionar los intereses o los sentimientos de quienes sienten cercanos. ¿No es esa al fin y al cabo la regla básica de la convivencia democrática ?

El gran argumento de la izquierda ha sido que hay demandas de justicia pendientes. Por supuesto que las hay, y muchas; y no todas del mismo signo por lo demás. ¿Pero es ello razón legítima para dejar que se atropelle la legalidad, la soberanía y el honor nacionales en aras del cumplimiento de esa justicia? Por cierto que noNotas

1 Enrique Cañas K.M.A y Ph.D en Ciencias Políticas, artículo Transición Chilena en los años Ochenta: Claves de una Transición Exitosa en Perspectiva Comparada. Revista de Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política Universidad Católica de Chile,vol XVI N°1-2/1994

2 Diario La Segunda 26 de Octubre 1998.

3Por supuesto que existe una minoría de sus dirigentes que en estos días ha privilegiado la línea de los principios de la soberanía nacional como lo han hecho el Ministro Inzulza y el dirigente Enrique Correa.

4Diario La Tercera 26 de Octubre 1998.

Paro de Profesores: Pagando la Cuenta

del Estatuto Docente

Finalmente se dio término al paro de profesores que fue convocado con el objeto de presionar al Gobierno para aumentar las remuneraciones del magisterio, y que se prolongó por un total de 27 días. Dicha movilización es una más de las tantas que se han producido desde 1991, período en que bajo la gestión de Ricardo Lagos como Ministro de Educación, se promulgó la Ley N° 19.070 sobre el Estatuto Docente.

Esta ley significó reinstaurar el poder del Colegio de Profesores, al convertirlo de facto en un sindicato único, que además actúa al amparo de la relativa inamovilidad que otorga el Estatuto Docente. Si ello se conjuga con la determinación de las remuneraciones bajo un esquema central, se producen las consecuencias que están a la vista, y cuyas víctimas directas son los más de un millón quinientos mil alumnos que asisten a establecimientos municipalizados a lo largo del país.

En efecto, la existencia del Estatuto Docente incentiva a focalizar las presiones gremiales sobre el gobierno central, antes que dispersar sus esfuerzos a través de negociaciones a nivel de cada escuela que estén más acordes a la realidad de los diferentes establecimientos educacionales. De esta manera, las demandas del gremio tienden a hacerse más extremas y el proceso de negociación se dificulta al caer en el terreno político que las prolonga en forma exagerada. Reflejo de lo anterior es el hecho de que la aspiración inicial del Colegio de Profesores fuera obtener un aumento en las remuneraciones, equivalente a aproximadamente $280.000 millones. Naturalmente, ello no fue concedido por el Gobierno debido a la manifiesta desproporción de la petición, la cual se acentúa al considerar la crisis que enfrenta el país y que requiere de grandes esfuerzos de austeridad por parte de toda la sociedad. Igual cosa sucedió con la segunda exigencia de $120.000 millones por parte del gremio, que después se rebajó a $60.000 millones.

Luego de infructuosos intentos de acuerdo, el Ministerio de Educación envió al Congreso un proyecto de ley que contemplaba un aumento de $45.000 millones. Mediante un protocolo de acuerdo en la Cámara de Diputados, el Gobierno accedió a aumentar esta suma a $55.500 millones, según proyecto de ley que deberá ser tramitado la próxima semana por el Senado.

Afortunadamente, el Gobierno no cedió una segunda vez ante las presiones del gremio y mantuvo el monto de reajuste en $55.500 millones hasta el acuerdo final que firmó con el Colegio de Profesores. De esta manera se evitó dar una mala señal a los gremios de otros sectores quienes, de haber observado una posición débil en el Gobierno, se habrían visto incentivados a movilizarse y a replicar conflictos de esta naturaleza para obtener todo tipo de privilegios.

Paralización de Actividades

Respecto al paro, es necesario mencionar que la Constitución Política en su artículo 19 N° 16, inciso sexto, dispone que "no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades". Los profesores dependientes de los departamentos de educación municipal tienen indiscutiblemente la calidad de empleados públicos.

Este imperativo obliga no sólo a los funcionarios, sino también a las autoridades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6°: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", "La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley". Por lo tanto, los funcionarios públicos que promovieron y que se adhirieron al paro, que en realidad corresponde a una cesación de funciones, están vulnerando la Constitución. Asimismo, si las autoridades cedieran a las presiones del gremio y no aplicaran las sanciones que corresponden (entendidas como "represalias" por el Colegio de Profesores), también estarían vulnerando la Constitución.

Por lo que dice relación con los profesores contratados por corporaciones educacionales o por sostenedores de colegios subvencionados, aunque estén sujetos al Estatuto Docente, son trabajadores que no tendrían prohibición constitucional de declarar una huelga, siempre que ella formara parte de un procedimiento reglado de negociación colectiva, lo que no ocurre en este caso. Por lo tanto, de haber participado en el paro, éstos igualmente estarían incurriendo en una cesación de funciones, que constituye un incumplimiento de sus respectivos contratos.

Respecto a este punto, el acuerdo que puso fin a la paralización de actividades contempla "reducir el impacto que el descuento generaría en las remuneraciones de los docentes", pero aún no se conocen más detalles. Es de esperar que se encuentre una fórmula para que el profesorado compense de la mejor forma posible los costos que ha generado al país. Nuevamente, las autoridades darían una señal negativa si dejaran impune al profesorado que abandonó sus obligaciones

Aumento de Remuneraciones

El Estatuto Docente ha sido ampliamente criticado por introducir una serie de rigideces en materia laboral y salarial. Al restringir la autonomía de gestión por parte de los municipios para ajustar las plantas de docentes, para modificar salarios y para utilizar incentivos económicos, el Estatuto atenta directamente contra la calidad de la educación pública en nuestro país, ya que debilita el vínculo que debe existir entre aumentos de recursos y mayor calidad del servicio.

Si no se incorporan en mayor medida aspectos relacionados al desempeño dentro de la determinación de los salarios, y si no se deroga el Estatuto Docente, no podemos esperar que aumentar los recursos destinados a la educación pública signifique una mayor calidad de ella.

El país ha realizado un enorme esfuerzo por aumentar las remuneraciones del profesorado en los últimos años (tal como se muestra en la tabla Nº1), que no ha sido debidamente reconocido por el Colegio de Profesores. Lamentablemente, estos mayores recursos no han sido acompañados por una modernización en la gestión del sistema educacional. Numerosas propuestas de mejoramiento al sistema, entre las que destacan las formuladas por el "Informe Brünner" en 1994, seguirán en lista de espera hasta que el Gobierno se decida a implementarlas por sobre las presiones de los grupos de interés involucrados, quienes han mostrado una actitud altamente confrontacional y poco flexible.

En la tabla Nº1 se aprecia que, sólo entre 1990 y 1997 se ha acumulado un aumento real del 107% en las remuneraciones promedio de docentes del sector municipal4, pasando de $233 mil pesos mensuales en 1990 a $483 mil pesos mensuales en 1997, ambos montos expresados en moneda de 1998. Esto contrasta con la evolución de las remuneraciones reales5 de las personas ocupadas en el resto de los sectores de la economía, que han experimentado un aumento acumulado de 36,7% durante el mismo período.

Se podría sostener que, a pesar de los fuertes aumentos experimentados en los últimos años, los niveles de las remuneraciones docentes aún son demasiado bajos en términos absolutos. Respecto a esta afirmación resulta ilustrativo comparar con la situación de los profesores en otros países. El indicador relevante para comparar las remuneraciones de los profesores entre países que cuentan con diferencias importantes de ingreso corresponde a la razón entre remuneración de profesores a ingreso per cápita. Este indicador se muestra en la tabla Nº2, y representa lo que cada país gasta en sus docentes en relación a las posibilidades que tiene de pagar por estos servicios6.

De la tabla Nº2 se desprende, por ejemplo, que la remuneración pagada en Chile a un docente que se inicia en la profesión, con una jornada de 44 horas semanales, representa 1,1 veces el ingreso per cápita del país. En cambio, para el caso de un docente que cuenta con 30 años de servicio su remuneración alcanza a 2,9 veces el ingreso per cápita. De acuerdo a la evidencia presentada en la tabla Nº2, países como Japón, Estados Unidos y Reino Unido pagan a sus docentes una proporción de sus ingresos per cápita que es menor a la observada en Chile.

En Conclusión

No cabe duda que el Gobierno ya ha avanzado bastante en la dirección de mejorar las remuneraciones del profesorado en nuestro país. Este año, y a pesar de la crisis económica que enfrenta nuestro país, se ha enviado al Senado un proyecto de ley que contempla un reajuste por $55.500 millones. Por su parte, el Colegio de Profesores - amparado por el Estatuto Docente- ha adoptado una posición extrema, politizando el proceso de negociación, lo que implicó un paro de 27 días y grandes costos para el país. La existencia del Estatuto Docente es el factor que, en última instancia, impide poner en práctica las reformas pendientes en el sector de la educación pública. Hasta que se derogue el Estatuto Docente seguiremos pagando la cuenta que nos dejó la gestión del entonces Ministro de Educación, Sr. Ricardo LagosNotas

1 Incluye asignación de zona. No considera reajuste de remuneraciones del sector público del año 1998. Supone una variación del IPC año 1998=4,5%.

2 La remuneración promedio incluye: RBMN más asignaciones, UMP, bonificación proporcional, imponibilidad total, bonificación por desempeño de excelencia y remuneración adicional.

3 La remuneración mínima equivale a remuneración de Ingreso al sistema. Incluye RBMN, UMP base, bonificación proporcional y planilla complementaria.

4 Cálculos corresponden a una jornada semanal de 44 horas, más adecuada para la comparación con el resto de la economía que la jornada de 30 horas semanales.

5 Cálculo en base a información del Instituto Nacional de Estadísticas.

6 Rojas, P. (1998) "Remuneraciones de los Profesores en Chile", Revista Estudios Públicos N71, CEP.

7 En el caso de Chile el nivel máximo corresponde a la remuneración de un docente con 15 bienios en una jornada semanal de 44 horas. Para los otros países el rango depende de si el nivel de educación es primario o secundario.

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