Recientemente el gobierno ha dado a conocer un estudio sobre la evolución de la delincuencia para el período enero-octubre de 1998. La iniciativa debe ser destacada, por cuanto permite que la población se informe sobre la situación actual en un área de las de mayor interés para la ciudadanía y evalúe la labor del gobierno en esta materia. Al precisar cuáles son los reales niveles de delincuencia se evita, además, la especulación e incertidumbre sobre el problema.

En este contexto, a continuación se analizan los resultados de este primer informe

Evolución de la Delincuencia

Un primer comentario que surge al observar los antecedentes que se muestran en la tabla Nº1 es que los delitos analizados experimentan un aumento importante. Para tener un orden de magnitud del problema, un incremento del 4,3% (neto) en las denuncias equivale aproximadamente a unos 5.900 delitos más en 1998 que en 1997. En segundo lugar, cabe destacar que más de un 50% del aumento de los delitos se concentra en el robo con violencia, lo que confirma una tendencia que hace varios años venía constatándose en el país. En tercer lugar, en relación a las caídas en algunos delitos, el robo con fuerza explicaría más del 90% de los casos.

Por otra parte, se sabe que la tasa promedio de crecimiento anual de los principales delitos (homicidio, lesiones, droga, violación, robo y hurto) es de un 1,5%, luego podríamos concluir que de continuar el mismo crecimiento y asumiendo que no se produzcan alteraciones significativas en la asignación de recursos, los niveles de delincuencia superarán en un 17,9% en los próximos 10 años a los actuales, esto es, se cometerán unos 22.000 delitos más. De este modo, si actualmente el país con tasas inferiores gasta unos US$1.500 millones (gasto privado y público) esperaríamos que éste ascendiera de manera significativa, pasando a constituir uno de los ítems de mayor gasto en el país.

Análisis de la Autoridad

No obstante lo apropiada que parece la entrega de información por parte de la autoridad, al analizar los comentarios que de ésta realiza el Ministerio del Interior se aprecian una serie de equívocos, que de hecho anulan el efecto positivo que su difusión supone.

Primero, la autoridad señala que al comparar el período enero-mayo con el período junio-octubre se constataría una disminución notable. Es decir, mientras en el primero el aumento habría sido del 40%, en el segundo sería de sólo el 4,3% por lo cual el país se encontraría en una mejor situación. Sin embargo, dicha comparación ciertamente es inadecuada pues cualquier analista serio sabe que las series de tiempo pueden presentar estacionalidad y que por lo tanto es fundamental comparar lo que pueda ser susceptible de serlo.

Segundo, en relación al au-mento en robo con violencia, la autoridad señala, sin fundamento conocido, que éste se debería a un incre-mento en la disposición a denunciar más que un aumen-to real de los delitos. Al respecto, resulta curioso que las distintas encuestas de opinión disponibles no muestren que en los últimos años exista una mayor disposición a la denuncia, sino que por el contrario una disminución (ver tabla Nº2). De allí que, sería interesante contar con los estudios realizados por la autoridad que supuestamente constatan dicha tendencia.

Tercero, se señala que el aumento del robo con violencia estaría asociado a la mayor circulación de armas legales como ilegales, debido a la facilidad para su adquisición como también a una reacción civil seducida por adquirir este medio, al amparo de la ley de legítima defensa privilegiada. Si bien al parecer las estadísticas muestran que ha habido un aumento en la compra de armas para defensa personal, ello no significa que la fuente principal de adquisición de los delincuentes sea esta vía. Cabe destacar que los delincuentes por definición tienen acceso a armas de manera ilegal con independencia de este factor. Por lo pronto, el asalto a Carabine-ros ya de suyo es una fuente para proveerse de las mismas. Además, el hecho que las personas posean armas es un elemento disuasivo importante, tal como lo demuestra la experiencia comparada en los Estados Unidos. Diferentes estudios muestran que gracias a que las personas poseían armas pudieron evitar determinadas acciones delictuales en contra de ellas; asimismo otros estudios indican que no existe relación entre número de armas y el número de crímenes; por último, investigaciones realizadas con presos señalan que tres cuartos de ellos, una vez que fueran dejados en libertad, no tendrían problemas para obtener un arma a pesar de que les esté prohibida la obtención de una1.

Cuarto, la autoridad señala que al comparar el Indice de Temor desarrollado por Paz Ciudadana con las tasas de delincuencia, se puede concluir que la percepción de seguridad es en gran medida independiente de la delincuencia, siendo la primera una construcción producto de mensajes que recibe la población de actores sociales y de los medios de comunicación, lo que la transforma en una realidad virtual.

Según el gobierno las tasas de denuncias en comunas del sector oriente son las más altas y sin embargo tienen los niveles mas bajos de temor. Al respecto, se puede señalar que el miedo que tienen las personas se encuentra fuertemente influenciado por el tipo de delito. En efecto, la violencia con que se realiza una acción delictiva es clave para entender el temor que tienen hacia ella las personas. Así el temor de una mujer a ser violada, obviamente no es el mismo a que roben algún objeto de la casa mientras no está. De este modo, los datos son elocuentes: tal como se aprecia en la tabla Nº3, las comunas con altos niveles de temor coinciden con las que exhiben tasas de delitos violentos (robo con violencia y violación) lo cual sería consistente con el índice de Paz Ciudadana.

Adicionalmente, las comunas con alto nivel de temor presentan tambien altos niveles de pobreza, lo que asociado al hecho que los estratos socioeconómicos bajos denuncian en menor proporción que los sectores altos (25% versus 52%), viene a indicar que las cifras reales de delincuencia en tales comunas serían más altas, situación que contribuiría a explicar los niveles de miedo. Lo contrario sucedería en las comunas con índices bajos de temor. Luego, dichas comunas presentarían niveles reales de delincuencia (violenta y no violenta) altos, que no estarían totalmente capturados por las cifras oficiales, lo cual explicaría también los mayores niveles de temor en el índice de Paz Ciudadana.

Concluyendo

No cabe duda que la iniciativa de la autoridad de dar a conocer cifras en materia delictual es positiva. Sin embargo, resulta poco fundamentada e incluso equívoca la interpretación que el gobierno hace de dichas cifras, lo cual refleja un intento por aminorar la gravedad del impacto de la delincuencia en el país, lo que al final resulta contraproducente en la batalla contra el delito y desvirtúa la intención original al entregar los datos. La autoridad debiera dejar que analistas privados interpreten las cifras, antes de aventurar opiniones al respecto.

Notas

1 Reynolds, M.O., Fifteen Myths about Gun Control. NCPA, 1997

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La modalidad generalizada de exigir un cheque en blanco cada vez que una persona solicita atención en establecimientos de salud, tanto públicos como privados, preocupa con razón a la opinión pública, por el riesgo a que se exponen quienes no pueden garantizar de esta manera el pago de su futura obligación. Con el objeto de solucionar este problema, recientemente ha ingresado a la Cámara de Diputados una moción presentada por un grupo de parlamentarios, que representan a todos los partidos políticos, que asombra por su falta de estudio y demagogia. Se pretende solucionar en forma fácil, probablemente sin evaluar las consecuencias, un problema por todos reconocido, responsabilizando a las Isapre de las deudas de sus afiliados con terceros por prestaciones de salud. Esta proposición provocaría un serio daño a la población al reducir en forma violenta el número posible de afiliados al sistema, aumentando la cifra de chilenos que no pueden elegir y están obligados a soportar las ineficiencias propias del sistema público. Al mismo tiempo se afecta gravemente una actividad productiva al responsabilizarla de deudas no contraídas que escapan a su decisión.

El Problema

Por una parte, las clínicas y hospitales, como cualquier institución que vende bienes o servicios, pretende tomar los resguardos necesarios para asegurar el pago de los servicios que presta, exigiendo para ello una garantía de pago que generalmente es un cheque en blanco. Este sistema, aunque molesto, funciona razonablemente bien en la mayoría de los casos, siempre que el usuario elija correctamente a su proveedor de acuerdo a su contrato de seguro de salud y a su real capacidad de copago. Sin embargo, considerando que la ley chilena desconoce el cheque en garantía y que existen algunos casos de urgencia que impiden la elección correcta del prestador, es necesario perfeccionar los mecanismos que permitan resguardar los intereses de las personas, las Isapre y los proveedores.

Los problemas surgen cuando el usuario elige un prestador fuera del alcance de sus ingresos o en los casos en que la urgencia del tratamiento obliga a recurrir al establecimiento más cercano, que puede corresponder a un nivel fuera de las posibilidades económicas del paciente.

En el primer caso se debe buscar una solución que incentive la responsabilidad individual. La mayoría de las atenciones de salud pueden ser programadas con anticipación y las personas deben ser responsables de elegir el establecimiento acorde con su capacidad de pago, no necesitando ninguna protección legal especial. El problema que fundamentalmente debe preocuparnos corresponde a un número reducido de casos referido sólo a situaciones de extrema urgencia clínica, cuando está en juego la vida de un ser humano, que necesita ser atendido de la manera más expedita posible.

La Propuesta

Con el objetivo de solucionar el problema del cheque en garantía exigido por las clínicas, se propone otorgar a las Isapre la calidad de deudor principal, respecto de terceros, para el cumplimiento total de las obligaciones pecuniarias que surjan por las prestaciones de salud otorgadas al afiliado o a sus beneficiarios, sin perjuicio de los derechos de aquella de subrogarse en los derechos del acreedor para obtener el reintegro de lo que le corresponda de acuerdo al respectivo plan, de parte del afiliado. Cualquier estipulación en contrario sería nula.

En otras palabras, la Isapre se convierte, ante las instituciones prestadoras, en el responsable del pago de cualquier gasto incurrido por sus afiliados, sin límite alguno, teniendo derecho a subrogar a la clínica o institución prestadora en el cobro a su afiliado de lo que corresponda según el respectivo plan . Así, para solucionar un problema de baja frecuencia, referido a las atenciones de urgencia clínica se incorpora, sin justificación ninguna, a todas las atenciones de salud, magnificando el problema en lugar de solucionarlo.

Sus Efectos

La reforma legal propuesta perjudica a toda la población chilena. Los afiliados al sistema Isapre deberán pagar mayores precios por su plan e incluso muchos quedarán fuera del sistema por no contar con garantías suficientes, mientras que, los afiliados al sistema público deberán soportar peores niveles de atención al aumentar la población beneficiaria de FONASA. Por su parte, la participación del sector privado en la actividad económica disminuirá, primero en el mercado asegurador de salud y luego en la actividad prestadora de servicios, ya que se provocará una estatización del sistema de salud en el país.

Los efectos señalados son la consecuencia de responsabilizar a las Isapre de las deudas de sus afiliados, debido a las siguientes razones:

Aumenta sin límite predeterminado el riesgo que deben asumir las Isapre. El mayor riesgo tiene como consecuencia obvia un alza en el precio de todos los planes de salud y una disminución del número de personas que califiquen para un contrato de seguros en estas instituciones privadas.

El encarecimiento de los planes se produce porque las Isapre deberán pagar a los establecimientos prestadores y después preocuparse del respectivo cobro, necesitando para ello más capital de trabajo, además de los recursos necesarios para solventar, tanto las deudas incobrables de sus afiliados, como los mayores costos de la cobranza y del análisis de riesgo. Si el afiliado se niega a pagar, la Isapre puede ejercer acciones judiciales, que en Chile son de lenta tramitación, obteniendo la devolución de los dineros adeudados siempre que existan bienes embargables que puedan liquidarse o que induzcan al pago.

Las Isapre se verían obligadas a asumir funciones propias de los bancos, con el agravante de que estarían obligadas a dar crédito sin límites ante la sola firma de un contrato de salud, viéndose así inducidas a clasificar a sus beneficiarios por riesgo. Para minimizar estos riesgos afiliarían sólo a las personas capaces de comprar seguros muy caros que cubren todo evento en 100% o a aquellas que presentan garantías suficientes de solvencia, es decir, que tengan los bienes suficientes que permitan responder por deudas contraídas. Seguramente las Isapre exigirán, junto a la declaración de salud, un estado de situación semejante al que exigen los bancos. Con ello se limita considerablemente el número de personas que califican para ser aceptadas en una Isapre, reduciendo en forma significativa el mercado del sistema previsional privado de salud, dejando fuera de éste a todo el que no tenga un nivel de ingresos muy alto o no posea bienes que sirvan de garantía.

Disminuye la responsabilidad de las personas en los compromisos que contraen. La consecuencia es el aumento del costo de los planes de salud que sin duda provoca un alza en los precios. Efectivamente, al disminuir la responsabilidad del usuario del sistema privado, que también sentirá con menor intensidad las restricciones propias de su capacidad de pago, se induce a aumentar la frecuencia de las prestaciones y al abuso de los usuarios inescrupulosos que concurrirán a los establecimientos más caros porque no estarán obligados a pagar. Estas actitudes, aunque no cubran a toda la población usuaria, perjudican a todas las personas honradas y conscientes que deberán pagar más por su seguro de salud y que eventualmente quedarán fuera del sistema privado por no contar con garantías suficientes, perdiendo así su libertad de elegir.

Disminuye el riesgo de los prestadores. Las instituciones prestadoras tendrán incentivos mayores a aumentar el gasto de sus usuarios sin preocuparse de su capacidad de pago, ya que recibirán la retribución oportunamente de las Isapre. Los que toman decisiones perciben con menor intensidad las restricciones de precio y de ingreso, provocando más gasto y, por lo tanto mayores precios de los planes de salud.

Posibles Soluciones

La exigencia de los hospitales y clínicas de un cheque, como garantía de pago previa atención de salud, es un problema que debe ser resuelto. Sin embargo, es difícil encontrar una solución perfecta porque se deben conciliar diversos intereses. En primer lugar, es necesario asegurar una atención de salud oportuna a la población usuaria sin fomentar la irresponsabilidad y abuso de los individuos; en segundo lugar hay que asegurar una oferta de servicios adecuada y para ello se debe posibilitar que la inversión en salud sea rentable, facilitando el cobro de las atenciones de salud y el financiamiento de las mismas, y por último, debemos fomentar la libertad de elegir y la competencia de los mercados, como única forma de aumentar la satisfacción de los usuarios.

De acuerdo a dichos objetivos se proponen algunas soluciones:

1. Para mejorar la elección del prestador: las Isapre deberían incorporar como parte de los planes ofrecidos el acceso al menos a un establecimiento de salud que otorgue una atención preferencial, sin exigencia de cheque en garantía. Para ello puede aprovechar su capacidad negociadora, estableciendo convenios con algunas clínicas y hospitales.

2. Para facilitar el financiamiento de los copagos: permitir que las Isapre ofrezcan como atributos de sus planes la posibilidad de tener una línea de crédito para salud, ya sea en la propia Isapre o en una institución financiera con la que establezca convenio, semejante a los préstamos que otorga FONASA. Dado que estas líneas naturalmente tendrían límites en sus montos, los establecimientos proveedores deberían tener acceso a una base de información sobre las reales disponibilidades de financiamiento de los usuarios.

3. Para facilitar el cobro de las deudas: Tanto para los efectos del cobro de los préstamos que se originen según el punto anterior como de las deudas directas con los establecimientos proveedores, debería autorizarse el descuento por planilla estableciendo topes máximos.

4. Para mejorar la competencia: si queremos que todos los chilenos tengan acceso oportuno a las atenciones de salud, sin sufrir rechazos ni esperas injustificadas, provocadas ya sea por ineficiencia del sector público o por restricciones de su nivel de ingreso en el sector privado, deberíamos contar con una amplia oferta de instituciones de salud, tanto aseguradoras como prestadoras, que operen en un mercado en competencia.

Todas las personas deberían tener la posibilidad de elegir libremente una entidad administradora de su cotización de salud o en su defecto del subsidio estatal que le asegure el acceso al máximo nivel de atenciones de salud que el país pueda otorgarle. Para ello el Estado debería entregar el subsidio, que actualmente da a los establecimientos, directamente a los usuarios, para que sean ellos quienes elijan a su asegurador, mejorando así la competencia de este mercado.

Por otra parte, en el mercado de los prestadores también es necesario mejorar la competencia para brindar cada vez un mayor acceso a las atenciones de salud de toda la población. Los hospitales públicos deberían competir entre sí y con los establecimientos privados en otorgar atenciones de salud en igualdad de condiciones. De esta forma se amplía la gama, con distintos niveles de hotelería, de los establecimientos prestadores, tanto para los beneficiarios públicos como privados, adecuándose a las diferentes posiblidades de pago de los usuarios.

Concluyendo....

Por último, reiteramos que la moción propuesta, pretendiendo solucionar un problema, introduce una distorsión tan grave en el mercado que provoca un daño muchísimo mayor que el que pretente solucionar. Con esta medida se inicia una vuelta atrás muy importante al restringir la libertad de elegir de todos los chilenos que no pueden comprobar bienes o altos ingresos. La propiedad y libre disposición de la cotización obligatoria de salud se vería seriamente dañada.

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