Se ha consumado en Londres, con la decisión del Ministro Jack Straw de dar curso a un proceso de extradición del Senador Augusto Pinochet, una grave agresión a Chile del Gobierno del Reino Unido, que se suma de esta manera al Estado español en una acción cuyas consecuencias para nuestro país y para el derecho internacional son por ahora imprevisibles.

Explicar las razones por las que se ha llegado a este punto resulta complejo, pero no puede dejar de mencionarse la intención de los gobiernos europeos de dar una suerte de testimonio "moral" al mundo de su preocupación por el tema de los derechos humanos, para lo cual elegir como símbolo al General Pinochet ha resultado funcional y de bajo costo. Cerrar un siglo en que se han cometido tales atrocidades en esta materia, especialmente en territorio europeo con este golpe de efecto, puede ser políticamente atractivo para los Gobiernos envueltos, que a decir verdad no han detonado el tema, sino sólo han colaborado mediante la politización de sus órganos judiciales, que han actuado como cómplices de las maniobras a veces abiertamente irregulares de los activistas socialistas, como el señor Joan Garcés, que con gran audacia han provocado esta situación.

Atropello al Derecho y a la Soberanía

El que para lograr este efecto haya debido prescindirse por completo del derecho, no parece causar muchos problemas a los gobiernos de España y Gran Bretaña.

La globalización del derecho en materia de derechos humanos, que es una tendencia efectivamente presente en el último tiempo, jamás puede pasar por alto el hecho que la jurisdicción para conocer de supuestos delitos corresponde, sin lugar a dudas, sólo a los tribunales del país en que sucedieron los hechos o a una corte internacional. Afirmar lo contrario, y dar por lo tanto legitimidad a la actuación de un tribunal español en este caso, constituye una manifestación de neocolonialismo que es inaceptable para Chile o cualquier otro país soberano. En efecto, es impensable que un tribunal de un país pequeño vaya a intentar, con alguna probabilidad de éxito, juzgar actuaciones de ciudadanos de una nación más poderosa, realizadas en su propio territorio. De manera que esta "internacionalización" de la judicatura en materia de derechos humanos, de no realizarse en una corte internacional reconocida por las partes, opera solamente en un sentido, y eso en buenas cuentas no es otra cosa que el sometimiento de algunos estados a la voluntad de otros, vale decir: colonialismo.

Por ello decimos que estas actuaciones de los Gobiernos español e inglés tienen consecuencias imprevisibles para el derecho internacional. Retrotraer dos siglos las relaciones internacionales, a la época colonial, por el sólo motivo de dar un testimonio de "moralidad" a bajo costo, parece excesivo.

Pero si cuesta comprender las decisiones de extranjeros en esta materia, cabría esperar que al menos al interior del país, independientemente de la posición que se tenga respecto al General Pinochet, semejante concesión de soberanía nacional resultara inconcebible.

La Actuación del Gobierno

Las primeras declaraciones del Presidente Frei y del Canciller Insulza, indicaron que el Gobierno tenía claro el problema y comprendía las cuestiones que estaban en juego. Desgraciadamente, el fracaso en los resultados obtenidos hasta la fecha obliga a denunciar la incompetencia demostrada por la autoridad para restablecer la soberanía, o bien conduce a una alta preocupación por el poder de veto de sectores del Partido Socialista, que ha llegado al extremo de comprometer la capacidad del Gobierno del Presidente Frei de cumplir sus obligaciones básicas.

Es cierto que, por su naturaleza, algunas de las gestiones que puede haber realizado el Gobierno ( o podría haber efectuado) son reservadas; de modo que resulta difícil evaluar cabalmente su actuación. Sin embargo hay cosas que son indesmentibles: sólo se han recibido los apoyos, por propia iniciativa según declaró, del Presidente Menem y la del Gobierno de El Salvador, ya que no puede calificarse de esa manera la tímida y contradictoria actuación del Departamento de Estado. Ni en la Organización de Estados Americanos, ni en Mercosur, ni en APEC, ni en ningún otro de los innumerables foros a los que pertenece Chile el tema ha sido siquiera tratado y oportunidades no han faltado. Ello constituye un balance pobrísimo de la capacidad del Gobierno del Presidente Frei para movilizar a sus aliados políticos en la defensa de un tema tan crucial como la soberanía nacional. Asimismo, viene a demostrar la ineficacia de una política de relaciones internacionales llevada a cabo por los gobiernos de la Concertación que ha puesto énfasis en los instrumentos formales y no en el desarrollo de políticas eficaces para cumplir los objetivos políticos del país.

Tanto en relación al Reino Unido como frente a España se ha carecido de imaginación en los instrumentos y firmeza en el planteamiento. La falta de oportunidad de las actuaciones del Gobierno resulta realmente sorprendente.

La Actuación del Socialismo Chileno

La pertinacia del socialismo chileno para impedir a toda costa el regreso del General Pinochet a Chile, poniendo incluso en riesgo la unidad de la Concertación y en evidencia la ineptitud del Gobierno, mueve a reflexión. Si consideramos que hay pruebas suficientes de que el origen de los problemas de derechos humanos en Chile está en buena medida en la introducción de la violencia como instrumento de acción política en nuestro país, a fines de la década de los sesenta, y que el Partido Socialista lideró esa posición hasta el fin mismo del Gobierno de Allende, puede avizorarse alguna explicación a esa conducta.

Lo que el Partido Socialista busca, amén de satisfacer el afán de venganza de algunos y canalizar el legítimo deseo de justicia de otros, es exculpar su responsabilidad- que es muy importante- en la introducción de métodos violentos e irregulares en la escena política chilena y de paso derrotar política y moralmente a la derecha. Por ello se opuso a la llamada Ley Aylwin, que buscaba dar un paso importante en el proceso de encontrar la verdad en el caso de los desaparecidos, y por lo tanto un avance considerable en materia de reconciliación. Confirma lo anterior el hecho de que el socialismo ha considerado necesario, para cesar en su actitud de entorpecer la acción del Gobierno del Presidente Frei destinada a traer al país al General Pinochet, efectuar reformas tales como la derogación de la Ley de Amnistía que le permitan montar en Chile una escena similar a las ocurridas en Londres o Madrid, con el General Pinochet como protagonista. Ese es el único "negocio" al que está dispuesto el Partido Socialista a partir de la posición de fuerza que le dá la retención del Senador Pinochet.

Si bien todo lo anterior es consistente con lo que ha sido la actuación histórica del Partido Socialista en Chile, no deja de sorprender la desafección que revelan con la institucionalidad y el Estado , a la luz de su nueva situación en la política chilena. En efecto, los socialistas forman hoy parte de la coalición gobernante y dado ello cabría esperar al menos una mayor lealtad con la Concertación y con la responsabilidad de dar gobernabilidad al país, especialmente si consideramos que han participado en un proceso de transición exitoso. Tienen buenas probabilidades de encabezar el próximo gobierno, de acuerdo a las encuestas que muestran a Ricardo Lagos como el precandidato de mayor apoyo; sin embargo su naturaleza parece traicionarlos y no están dispuestos a asumir una actitud responsable y sistémica, que les permita reconocer ciertos elementos mínimos -como la defensa de la soberanía nacional - entre aquellos que no están sujetos al cálculo electoral ni se transan por un objetivo político. La confianza entre actores políticos es clave para el desarrollo y la paz de los países. Al respecto se ha producido un retroceso cuyos principales responsables, los dirigentes de la izquierda socialista, deben recuperar.

Lo que Viene

Queda al país un duro camino que recorrer para lograr el objetivo de restablecer la soberanía atropellada mediante la única acción que puede lograrlo: la vuelta a Chile sin condiciones del Senador Augusto Pinochet Ugarte.

Serán fundamentales en este proceso las actuaciones de los distintos actores políticos en Chile para configurar lo que en definitiva serán las consecuencias de largo plazo para el país. Por de pronto es importante la actitud que adopte el propio General Pinochet, quién no obstante la enorme obra de modernización, progreso e institucionalidad dejada al país tiene aún mucho que aportar al proceso chileno; el Gobierno del Presidente Frei, cuyas actuaciones en el campo internacional seguirán siendo fundamentales en la defensa de principios básicos de la nacionalidad; el Partido Socialista, que de no mediar un fuerte golpe de timón seguirá sembrando una enorme duda acerca de la gobernabilidad que es capaz de conferirle al país y de su vocación por actuar dentro de las reglas de juego del sistema democrático; la derecha, que debe mantener un delicado equilibrio entre la firme y serena defensa de la soberanía, la reivindicación de la legitimidad del gobierno militar y la defensa frente al intento de derrota política y moral que pretende el socialismo, y la necesidad de una proyección al futuro, sin tutelas de ninguna especie, pero tampoco marcada por el signo del oportunismo; y por último la democracia cristiana, partido cuya crisis se ha reflejado en su debilidad para liderar la defensa de principios fundamentales como los atropellados por la detención ilegal del Senador Pinochet.

Como puede apreciarse, son todas ellas tareas que requieren de un gran sentido de responsabilidad, de un profundo amor a la patria y de una alta dosis de liderazgo. El país apreciará el día de mañana quienes han estado a la altura de las circunstancias.

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