El próximo 11 de marzo, Ricardo Lagos se convertirá en el primer Presidente de Chile del siglo XXI. Durante seis años, su gobierno deberá realizar las reformas necesarias para conducir al país por el camino del desarrollo y del progreso. Sólo de esta manera podrá responder a las expectativas de millones de chilenos que desean una mejor calidad de vida. La tarea no es fácil y deberá realizarse en un contexto muy particular, producto del nuevo escenario político y económico que surgió en Chile luego de las elecciones presidenciales.

Uno de los principales desafíos del gobierno del Presidente Lagos será consolidar la aún tímida recuperación que está experimentando la economía chilena, luego de haber pasado por la peor crisis de la década del 90. Después de 14 años de crecimiento sostenido y acelerado, los chilenos se vieron golpeados por los efectos de una crisis económica, cuyo origen estuvo en la llamada crisis asiática, pero cuyas consecuencias se vieron amplificadas en el país debido a impericias con que las autoridades manejaron la economía y a un debilitamiento en sus fortalezas principales, las que fueron acumulándose gradualmente a partir de mediados de los noventa.

A raíz del debilitamiento del ahorro interno y del nivel del tipo de cambio real la crisis asiática nos sorprendió con una excesiva necesidad de ahorro externo. Además, debido a que no se utilizó la política fiscal cuando correspondía ni se cumplió con las metas propuestas en este ámbito, el peso del ajuste se centró en una elevadísima tasa de interés. Tampoco se usó el tipo de cambio como instrumento de ajuste, lo que hubiera sido muy conveniente para acelerar la recuperación vía las exportaciones. De esta manera, el crecimiento del PIB, que alcanzó un promedio del 7,8% durante los primeros cuatro años del gobierno del Presidente Frei, cayó a 3,4% en 1998 y se estima que fue negativo en 1,3% durante 1999. Por otra parte, el promedio de la tasa de desocupación, que entre 1994 y 1998 fue de 6,8%, durante 1999 se incrementó a 9,8%.

Pero más allá del corto plazo, Lagos deberá asegurar que en el primer decenio de este siglo Chile sea un país desarrollado. Él mismo ha dicho esta frase muchas veces. Para ello debemos volver a crecer a una tasa promedio del 7% anual, lo que permitirá duplicar el ingreso por habitante al cabo de diez años. El nuevo gobierno deberá aumentar el ahorro, la inversión y continuar haciendo reformas que permitan incrementar la productivdad de la economía y hacer un mejor uso de los recursos. La eficiencia de un gobierno no está en gastar más, sino en gastar mejor.

Para alcanzar estas metas es fundamental recuperar el clima de confianza que se debilitó en el país producto de la crisis económica.

El extraordinario resultado electoral alcanzado por Joaquín Lavín en la elección presidencial (48,69% de las preferencias) constituye un segundo elemento que deberá tomar en cuenta el tercer gobierno de la Concertación. A diferencia de Aylwin y de Frei, Lagos fue elegido Presidente con sólo 51,31% de los votos. Si excluimos el apoyo comunista que le permitió el triunfo pero que difícilmente apoyará su gestión de gobierno, el resultado es que el Presidente recién electo cuenta con el respaldo de un poco menos de la mitad del país. En este sentido, la Oposición tiene el mismo apoyo que la Concertación. Esto obligará a desarrollar una política de acuerdos, pero que no es precisamente lo que los equipos de Lagos proyectaban hasta antes del 12 de diciembre pasado.

Alcanzar acuerdos implica transar, optar por fórmulas intermedias, sacrificar parte de lo propio en beneficio de lo ajeno. El nuevo gobierno deberá buscar caminos constructivos con la otra mitad de los chilenos y no imponer dogmáticamente aquello que beneficie los intereses de unos sobre otros. La lógica debe ser la de no ideologizar las propuestas. Hoy existen a nivel técnico acuerdos razonables que coinciden en parte de los temas públicos más conflictivos. Ello es producto de que el avance del conocimiento en la teoría de las decisiones públicas permite diseñar instrumentos e instituciones adecuadas para resolver esos problemas basándose en la descentralización, un rol más activo del sector privado, regulaciones parejas e impersonales y fomento a la competencia y a la libertad de elección de los usuarios. Con esos criterios modernos se podrán generar políticas de consenso en materias tan conflictivas como la laboral, fiscal, educacional y de salud.

La búsqueda de consensos debiera primar durante el gobierno de Lagos. Si bien se trata de una iniciativa positiva que fortalece la democracia, también será una fuente de conflictos al interior de la Concertación. En efecto, si priman en la Concertación las visiones flagelantes, poco modernas y que no priorizan el desarrollo y la búsqueda de soluciones a los problemas reales de la gente, se requerirá un gran liderazgo de Lagos para imponer un espíritu de acuerdos.

Tal vez el desafío más difícil para el próximo gobierno -ya que es el más novedoso para las autoridades de la Concertación- será gobernar "escuchando a la gente", es decir, privilegiar los temas que les preocupan a los ciudadanos comunes y corrientes y no centrar el debate en grandes discusiones políticas o ideológicas.

La campaña presidencial de Joaquín Lavín marcó un nuevo estilo en la manera de hacer política. Su mensaje del cambio caló profundo en todos los chilenos, ya que fue el primero en darse cuenta que la prioridad ciudadana era resolver los problemas de las personas y administrar con eficiencia los recursos del Estado. Con un lenguaje claro, sencillo y directo, entregó propuestas sólidas y soluciones concretas para terminar con los problemas de desempleo, delincuencia, pobreza, salud y educación. Con un estilo alegre, juvenil, creativo y moderno, se mantuvo al margen de la política tradicional, sin caer en el juego de las descalificaciones ni de la confrontación.

Este nuevo estilo y el mensaje del cambio fueron adoptados por Lagos en la última etapa de su campaña. Ahora, el desafío es gobernar así. El Presidente de la República tiene que estar en terreno, cerca de la gente. Tiene que escuchar a las personas y preguntarles cuáles son sus preocupaciones. Tiene que dejar de lado la confrontación, la división y luchar por alcanzar la anhelada paz social.

En materia de empleo, el desafío será darle trabajo a los cientos de miles de personas que hoy están cesantes. En cuanto a la delincuencia, el gobierno deberá dar señales claras que apunten en la dirección correcta. Hay que agilizar la reforma procesal penal, aumentar la dotación de Policías en las calles, modernizar el sistema carcelario, fortalecer el plan cuadrante de Carabineros.

Otra meta importante del gobierno de Lagos será disminuir los niveles de pobreza e igualar las oportunidades en salud y educación. En estos temas, los problemas no son de recursos, sino que de implementar reformas que aumenten sustancialmente la calidad de gestión de la administración del Estado.

Las tareas señaladas deberán ser priorizadas por el gabinete recién anunciado por Ricardo Lagos. Éste resultó ser, salvo excepciones, menos novedoso de lo esperado. En efecto, destacan muchos nombres ligados al actual gobierno y otros a las familias más características de la coalición gobernante. Un elemento sin duda positivo es que figuras emblemáticas de sectores de la Concertación que promovieron una visión crítica del modelo económico y del manejo de la transición (los denominados "autoflagelantes" ) no están presentes, lo cual debería entenderse como la voluntad del nuevo Presidente de priorizar los problemas reales de la gente. Otra característica del nuevo gabinete parece indicar la decisión de Ricardo Lagos de involucrarse muy directamente en la gestión ministerial marcando con ello un cambio drástico con el estilo de Eduardo Frei que destacó por su ausentismo en el día a día de las decisiones.

En todo caso lo importante son las actuaciones del nuevo equipo y debemos esperar para evaluarlas. Hay nombres que destacan por su calificación y otros respecto de los cuales no se tiene mayores antecedentes que permitan seriamente emitir una opinión.

Las tareas que debe asumir Ricardo Lagos no son fáciles. Un tercer gobierno de la Concertación no puede dejar pasar la oportunidad de que Chile entre definitivamente al círculo virtuoso del desarrollo. Lograr que el país vuelva a tener un crecimiento sostenido y acelerado para así dar empleo, gobernar buscando acuerdos con la Oposición, y darle prioridad a aquello que realmente preocupa a los chilenos, serán los principales desafíos del primer gobierno del siglo XXI.

Pero alcanzar la meta se hace aún más difícil considerando que durante los próximos dos años se realizarán las elecciones municipales y parlamentarias. En ellas, la Concertación tratará de recuperar la pérdida de apoyo que sufrió en la pasada elección presidencial, y será el gobierno de Lagos el que tendrá que resolver la disyuntiva que se dará entre los intereses partidistas y aquellos que sobrepasan los partidos políticos porque están al servicio del país

Nota:

1 Según la encuesta CEP, entre noviembre y diciembre de 1994, un 33% de los encuestados calificó la situación económica del país de mala y muy mala, mientras que entre septiembre y octubre de 1999 el porcentaje aumentó al 62%.

El Seguro Catastrófico: Gran Avance de los Seguros Privados

Sorpresa y gran satisfacción, entre los usuarios del sistema privado, ha causado el anuncio conjunto de autoridades de gobierno y de la Asociación de Isapre, del nuevo seguro que estas instituciones ofrecerán a sus beneficiarios. Es indudable que la alternativa acordada constituye un claro avance en la solución al grave problema de las llamadas enfermedades catastróficas, que por su complejidad necesita del esfuerzo de las instituciones aseguradoras, de los prestadores y de las autoridades del sector. Será necesario lograr la máxima comprensión de las alternativas a elegir, de parte del usuario; el esfuerzo sostenido de las instituciones aseguradoras, para lograr entregar cobertura integral con éxito; y, por último, el celo de la Superintendencia que deberá dar seguridad de la correcta acreditación y del efectivo control de los prestadores comprometidos.

Con el fin de apreciar la solución propuesta y visualizar lo que falta por hacer, analizaremos a continuación el problema en el país y los respectivos avances en los sistemas público y privado, las críticas a la propuesta y los vacíos que habría que perfeccionar.

Cobertura Insuficiente de Enfermedades Catastróficas

Hasta la fecha ni el sector público ni el sector privado han sido capaces de dar a sus beneficiarios una respuesta adecuada al riesgo de contraer enfermedades, que requieren tratamientos de alto costo.

Hasta la fecha, el mercado de las instituciones de salud previsional privada ha reaccionado a esta necesidad de mayor cobertura para enfermedades y accidentes catastróficos, ofreciendo seguros especializados a sus beneficiarios. Se tiene que cuatro de las más grandes Isapre (que cubren a más del 60% de los cotizantes) los ofrecen en la actualidad, además de varias compañías de seguros que ofrecen seguros específicos para cubrir el tratamiento de algunas enfermedades. Sin embargo, estos seguros son heterogéneos, no cubren todas las situaciones y aún es prematura su evaluación ya que son recientes.

En el sector público, bajo la modalidad de libre elección, los problemas son aún más graves que para los beneficiarios de Isapre; el FONASA otorga beneficios bastante más modestos que éstas, cuando sus usuarios se atienden en esta modalidad, obligándolos a enfrentar grandes copagos, que desestabilizan cualquier presupuesto. En la modalidad institucional, si bien los beneficiarios tienen menos restricciones económicas, tampoco logran cobertura adecuada de sus tratamientos de alto costo, pues se enfrentan al problema de las listas de espera y a los rechazos en la atención, que significan, simplemente no tener acceso al tratamiento por falta de recursos.

El FONASA ha reaccionado, aunque de manera insuficiente, ante el problema de las catastróficas. La acción gubernamental se ha centrado sólo en los usuarios del Sistema Institucional, es decir aquéllos que concurren a la red de hospitales públicos. En este caso, se ha difundido un programa que define un listado de enfermedades para las cuales se ha asignado presupuesto especial y determinado una modalidad de acceso gratuito para los beneficiarios. Sin embargo, lamentablemente, es evidente la insuficiencia del programa, prueba de ello son las largas listas de espera para conseguir ser intervenido de una dolencia seria, problema que estamos lejos de ver solucionado. Todos sabemos que conseguir ser operado de algún problema cardíaco o conseguir tratamiento para enfermedades cancerosas no exige contar con recursos, pero sí requiere de gran paciencia, tanta, que a veces llega primero la muerte.

El nuevo seguro catastrófico representa un cambio muy importante en el sistema de salud privado, pues obliga al usuario a contratar un plan considerando la eventualidad de un riesgo importante, que puede llegar a desequilibrar el presupuesto familiar, y no a centrarse sólo en las atenciones de alta frecuencia de bajo costo. Constituye un gran paso para lograr mejorar de manera significativa el bienestar de los usuarios, al otorgar real seguridad de obtener atención adecuada ante cualquier evento.

Las características principales de este beneficio se pueden resumir como sigue:

Es un beneficio adicional al plan contratado por los usuarios, que las ISAPRE se obligan a ofrecer como mínimo, acotando el riesgo financiero de sus beneficiarios a una cantidad entre 60 UF y 126 UF, dependiendo de la renta del cotizante. Es decir las Isapre ofrecerán cobertura ilimitada, después de un monto mínimo de copago.

La atención de los eventos catastróficos se otorgará en una red especializada de establecimientos debidamente especificada en los contratos.

Este beneficio deberá ser incorporado en cada contrato de salud, donde se establecerá claramente la forma de operar. Las instituciones competirán en el precio y en la forma de otorgarlo. De hecho, dos ISAPRE otorgarán el beneficio acordado en redes de atención diferentes al resto. Es posible que algunas lo incorporen dentro del precio actual, ajustando o no, otros beneficios. En todo caso se ha asegurado que su costo al empezar será entre $1.000 y $1.500 por persona.

Los usuarios son libres de elegir de acuerdo a su copago, si continúan con su plan habitual u optan por ser atendidos en la red contractuada, dónde se les asegura el copago máximo que deberán financiar.

Las principales críticas provienen del Colegio Médico que no está de acuerdo con la modalidad de atención a través de "redes especializadas", que limitarían la libertad de elegir; con la mantención de las exclusiones legales, y con la limitación en la entrega de medicamentos.

Sin pretender polemizar con este gremio, nos permitimos recordar que el valor de una solución debe considerar su costo, su calidad técnica y por supuesto la efectividad lograda. Desde este punto de vista nos parece que la propuesta de solución al problema de las enfermedades catastróficas aún no puede ser evaluada, sin embargo, es posible adelantar los siguientes juicios:

Su costo es relativamente bajo y, además cabe esperar que sea adecuado, ya que existe un mercado competitivo que nos asegura eficiencia.

Se mantiene la libertad de elegir, ya que el usuario puede optar por esta alternativa o seguir con sus actuales condiciones, lo que significa que la propuesta no quita nada sino que, al contrario, sólo ofrece una nueva opción, indudablemente muy conveniente desde el punto de vista del bienestar de las personas.

La "red especializada" es indispensable para acotar los costos y, por lo tanto, el riesgo de un copago que desequilibre el presupuesto familiar. Se requiere un número importante de beneficiarios para lograr volúmenes suficientes de prestaciones, que permitan establecer convenios con redes coordinadas de atención a costos razonables.

La "red especializada" no debería asustarnos más que la "red de establecimientos públicos", ambas necesitan la misma acreditación, que asegure calidad técnica al usuario. Esta labor de acreditación puede ser hecha por instituciones públicas o privadas, pero su normativa es de responsabilidad estatal.

No se puede pretender que el seguro catastrófico solucione, además, otros problemas, como son las exclusiones y los medicamentos de tratamientos ambulatorios o del SIDA, beneficios que de acuerdo a la normativa legal están fuera de la cobertura de los seguros privados.

Una reacción sana ante una propuesta innovadora es darle la oportunidad para que opere, antes de destruirla. Sobre todo cuando no significa una disminución de los actuales beneficios, sino que al contrario, representa una nueva alternativa que mejorará la situación actual de los beneficiarios de Isapre.

1. FONASA deberá solucionar el grave problema de las listas de espera, especialmente de enfermedades de alto costo de curación, hoy presentes en la "red pública de atención".

2. La puesta en práctica del sistema propuesto. Es indispensable realizar una efectiva difusión del nuevo seguro hasta conseguir la comprensión plena del usuario, con el fin de lograr la implementación rápida del sistema y al mismo tiempo establecer convenios adecuados con redes de atención especializadas en la solución de tratamientos de alto costo.

2. Otorgar a la Superintendencia de Isapre las atribuciones necesarias para realizar de buena forma la acreditación y control de los prestadores de salud, públicos y privados que conformarán la "red de prestadores".

3. Permitir que FONASA y las ISAPRE realicen convenios de atención abiertos o cerrados con instituciones prestadoras públicas, municipales o privadas, con el fin de otorgar atenciones de salud a sus beneficiarios. Esto permitiría utilizar eficientemente la infraestructura nacional y eventualmente disminuir el costo del seguro catastrófico

Nota:

1 Fuente: Universidad Católica de Chile, Instituto de Economía. Cobertura Catastrófica para los Cotizantes del Sistema ISAPRE.